Médico que esté en paro, contrato de mierda que le hago

Que un problema sea compartido no quiere decir que sea igual en todos lados. Esto, que parece de una simpleza abrumadora, intenta ser pasado por alto intencionadamente por parte de quienes gestionan la sanidad de algunas comunidades autónomas. Convertir el “mal de muchos, consuelo de tontos” en una máxima política. Esta idea parte de la base de que a los padres que no tienen pediatra para su hijo les reconfortará saber que en un pueblo de Córdoba tampoco hay cita, o que esos tres meses de lista de espera para una ecografía también es una vivencia compartida con un señor de las afueras de Logroño; sin embargo, lo que daña no es la singularidad de los problemas o los agravios, sino la certeza de que todos ellos se juntan en una región en la que la opción política es no poner soluciones a los problemas comunes.

A este mantra  de que todo pasa en todos lados le toca vestir ahora el caos sanitario que se vive en la Comunidad de Madrid; ese esperpento que ya ha pasado varias de las fases del duelo: primero la negación, cuando se afirmaba que aquí no pasaba nada y todo funcionaba con normalidad, luego la ira, señalando, calumniando e insultando a los profesionales sanitarios, y ahora nos encontramos en la negociación, en la que el gobierno de la Comunidad de Madrid intenta que todo el mundo acepte que la situación es dantesca pero no mucho más que en otros lugares, y plantea sustituir médicos por tablets y cargar sobre las enfermeras el peso completo de unos equipos notablemente diezmados.

“Médico que esté en paro, médico que esta misma tarde contrato en la Comunidad de Madrid”, dijo ayer Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un nuevo intento de demostrar que no sabe de lo que habla. El problema de la Comunidad de Madrid con los médicos no es que llenen las oficinas del servicio público de empleo (que los hay, así como médicas de familia en bolsas de empleo a quienes no se llama nunca), sino que huyen a otros lugares o a la sanidad privada. Además, en el caso de Madrid, las afirmaciones de que la falta de médicos es algo que le pasa a todo el mundo conviven con las de que nunca ha habido tantos médicos en Madrid como ahora. Lo que ocurre, es que si uno va a los datos de la propia comunidad puede ver cómo el número de pediatras de Atención Primaria es un 22% inferior al mes anterior a la pandemia, y el número de médicos de urgencias y emergencias un 15% inferior a entonces.

Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay médicos y médicas en paro? ¿Faltan graduados en medicina y hay que aumentar las plazas de la universidad?

España ocupa el puesto 14 de 36 en la OCDE según el número de médicos graduados anualmente por cada mil habitantes, y es el segundo país del mundo con más facultades de medicina por cada mil habitantes. Además, es el sexto país en médicos en ejercicio ajustado por población y se encuentra en cifras máximas de nuevos graduados en medicina cada año desde la eclosión de licenciados en medicina que hubo en los años 80 y cuya jubilación viviremos en los próximos años. España no tiene un déficit notable en su producción de médicos. No, al menos, en comparación con otros países ni con otros momentos de su historia reciente.

Además, hay otros datos interesantes que han de ser analizados; entre 2010 y 2020, en España el número de médicos de Atención Primaria aumentó un 3%, el de hospitales públicos se incrementó un 15% y el de los hospitales privados lo hizo un 30%. Mientras políticos y gestores de todos los colores vociferaban “¡no hay médicos!”, los hospitales privados les abrían los brazos. Esta realidad, pone en cuestión que la falta de médicos sea un hecho incuestionable, pudiendo ser más bien una realidad matizable; no faltan médicos, lo que faltan son médicos que acepten trabajar bajo determinadas condiciones.

En España no son más plazas en las facultades de medicina lo que va a resolver la carencia de profesionales en los servicios públicos de salud. Lo que faltan son tres cosas: I) plazas MIR para que los graduados puedan realizar una especialidad con la que trabajar en el sistema sanitario público, II) buenas condiciones laborales para no salir huyendo hacia otros lugares donde las condiciones sean mejores y III) un plan de retorno que facilite que quienes se fueron y quieren volver, tengan los incentivos y las condiciones que lo hagan más sencillo.

Lo primero depende del Ministerio de Sanidad (con la cooperación de las Comunidades Autónomas), todo lo demás depende de las Comunidades Autónomas. Ahora bien, no bastará con mejorar de forma aislada las condiciones de una categoría profesional u otra (médicas, enfermeras, auxiliares, ...), sino que será necesario incluso redefinir los equipos de trabajo, las competencias y los centros para que esas mejoras de las condiciones de trabajo puedan ser no solamente salariales sino sobre todo de carga laboral, capacidad para trabajar mejorando la calidad de la asistencia. También hará falta aprender de lo ocurrido, porque hoy hablamos de médicos y médicas, pero deberíamos estar hablando de cómo frenar la diáspora de enfermeras que capitanean una Gran Renuncia que no se va a solucionar de forma espontánea.

Todo eso que hace falta no lo hará una tablet.