De aquellos polvos del PSOE

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno (i), y Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, durante una reunión en Moncloa el 10 de octubre de 2017, cuando Rajoy era presidente.- EFE

La reforma del Código Penal que hizo Mariano Rajoy en 2015 vino provocada porque el PP consideraba un delito de malversación lo que hizo el entonces presidente catalán Artur Mas al convocar una consulta el 9 de noviembre de 2014 y no lo condenaron por ese delito al no existir lucro personal de Mas.

El president fue condenado por desobediencia grave, concretamente, al Tribunal Constitucional, que le había advertido de la ilegalidad de la consulta del 9-N. Los gastos generados por la desobediencia de Mas para la consulta del 9-N y por otros altos cargos de su Govern entonces, fueron evaluados por el Tribunal de Cuentas, que los cifró en cinco millones de euros. Fue una decisión judicial polémica, pues entre los gastos para el 9-N se contabilizaron aportaciones de dudosa utilidad para ese 9-N, como la compra por parte del Govern de 7.000 ordenadores para escuelas públicas.

¿Qué habría pasado si los independentistas responsables del referéndum catalán del 1 de octubre de 2017 hubieran sido juzgados o fueran a ser juzgados con el Código Penal previo a la reforma del PP en 2015, como Artur Mas? ¿Habrían sido condenados o podrían ser condenados/as por malversación, por corrupción? Esta es la cuestión que más se escucha en las filas independentistas y, ahora, en el PSOE y Unidas Podemos, tras el anuncio de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal también en el apartado de la malversación, como resultado de las negociaciones políticas con ERC; negociaciones legítimas, legales y, por supuesto, cuestionables (o no), como todo en democracia.

La banalidad -y, si me apuran, lo burdo- en este episodio viene por parte del PP de Alberto Núñez Feijóo, que cuestiona una reforma del Código Penal si se hace con la mayoría plural de ahora y no lo hace, en cambio, si se hace con la mayoría absoluta de Rajoy, cuando en ambos casos se trata de una reforma ad personam, según los juristas -sea para Mas o sea para Puigdemont-, y orientada a la misma acción, aunque penalizando en sentido contrario: celebrar un referéndum anunciado e incluido en una llamada "hoja de ruta" independentista, que es básicamente un programa electoral, ratificada por las urnas democrática y legalmente.

Podría seguir desgranando las muchas razones por las que muchos juristas consideran injusta la condena por malversación de dirigentes independentistas catalanes emitida por el Tribunal Supremo -otros/as siguen esperando juicio o fuera de España- a independentistas catalanes, pero subrayaré dos que se incluyen en el libro siempre obligatorio de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, El gobierno de las togas (Catarata), concretamente entre las páginas 181 y 190: no hubo deslealtad de los administradores, del Govern, con los/as catalanes, titulares del patrimonio público que se dice malversado, porque estos ciudadanos/as apoyaron electoralmente (votaron democráticamente) una "hoja de ruta" independentista pública, publicitada y notoria; no hubo tampoco "actitud de ocultación mantenida a las autoridades estatales sobre la fiscalización del gasto público" que imputa el Supremo al Govern. Lo aseguró el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, en febrero de 2019 y, además, señaló la causa: las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas por una funcionaria del Estado desde septiembre de 2017, con un mandato a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y un acuerdo de Consejo de Ministros. En todo caso, y para más y mejor conocimiento, lean la disección minuciosa de la sentencia del Supremo contra el procés que hace Martín Pallín.

Todo esto y más viene a subrayar la meridiana claridad de una sentencia injusta para un juicio que nunca tendría que haberse celebrado contra los representantes públicos catalanes -y me he cuidado mucho de incluir la mención en este texto a los procesos electorales democráticos en Catalunya por los que fueron elegidos-. Hubo una judicialización de la política cuando Rajoy trasladó al Supremo y otras instancias la resolución de un conflicto político y hubo una politización de la Justicia cuando el Supremo y otras instancias asumieron un papel que no les correspondía, además, con una arrogancia propia de presuntos salvadores del Estado, de la unidad de España y de no sé cuántas cosas hiperventiladas más.

Este juicio injusto se habría celebrado con o sin el apoyo del PSOE al PP, seguramente, pero el incondicional respaldo de Pedro Sánchez a Rajoy (y a Ciudadanos, y a los embriones de Vox...) durante el procés enturbia más, si cabe, el hecho de asumir una reforma del Código Penal aquí te pillo, aquí te mato que se pretende ahora, ignorando los cauces previstos en busca de las mayores garantías. Para juzgar el contenido de la reforma, habrá que conocer las propuestas del Gobierno de coalición, pero el hecho de estar dispuesto a hacer un cambio de semejante calado con tanta velocidad en un país que no se puede sentir orgulloso de su posición en los baremos internacionales sobre corrupción viene a reafirmar las suspicacias sobre los volantazos de Sánchez en función de sus intenciones electorales, de sus intereses de poder.

España ocupa la posición 34/180 del ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 de Transparencia Internacional, junto con Lituania, y esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC 2020. Los independentistas condenados por el Supremo no son corruptos porque no malversaron, pero lo parecen -y en política, parecer es tanto o más importante que ser-, entre otras cosas, gracias a un PSOE encamado con el PP durante el procés. Y ahora se recula tarde y mal.

Si el PSOE hubiera asumido, desde el principio, la injusticia en esencia del juicio contra el procés y la condena de un Supremo venido arriba con el apoyo de PP y PSOE, sobre todo, hoy su credibilidad sería incuestionable y la reforma del Código Penal no beneficiaría solo a Salvador Illa en Catalunya, como creen en Moncloa, desgastando los intereses electorales de ERC y quién sabe si del propio PSOE fuera del territorio catalán. Una ERC que, eso sí, ha sido coherente en todo momento. "Es inevitable que si podemos hacer algo, no lo hagamos", son palabras de Oriol Junqueras a Roger Escapa este pasado domingo en El suplement de Catalunya Ràdio. Hablaba de lograr la mayor justicia posible para sus excompañeros/as de procés con las herramientas democráticas de que dispone ERC: 13 diputados en el Congreso. Transparente, como la (no) malversación del procés.