"¡Enhorabuena, Tesh! Hoy, España es un poquito mejor"

"¡Enhorabuena, Tesh! Hoy, España es un poquito mejor". Así recibía mi casero la gran noticia que muchas personas han estado esperando estos últimos 20 años. Una noticia que iba dilatando en el tiempo del mismo modo que se dilataba el referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Lo cierto es que no podría poner un mejor ejemplo para expresar todo por lo que he pasado, tanto yo, como cualquier saharaui. ¡Pero vamos a hacer un flashback!

Llegué a España con apenas 8 años, en 2002, junto a mi hermano mellizo, dentro del programa de acogida Vacaciones en Paz. Durante cinco veranos, nuestra mayor preocupación era disfrutar lo máximo esos dos meses y volver con algo de turrón para nuestros hermanos, acampados en un Campo de Refugiados junto a miles de saharauis desde 1975.

Muchos niños saharauis se quedan en régimen de acogida debido a unos problemas de salud que no tienen tratamiento en un Campo de Refugiados; pero este no era nuestro caso. Nosotros éramos de esos saharauis “privilegiados” cuyo padre se acordó de llevar el DNI español durante los bombardeos y la ocupación marroquí que siguieron a la Marcha Verde.

Tuvimos la suerte de quedarnos en régimen de acogida con nuestra familia valenciana, pero, obviamente, ¡no iba a ser todo tan fácil! Durante más de 3 años estuvimos deambulando entre oficinas de extranjería y buscando el pueblo prometido,  que nuestro padre había oído que era fácil que pudiéramos obtener nuestro NIE, básicamente buscando agua en un desierto.

Tengo recuerdos de aquellos doce años como si fuera ayer. Frases como “no existís”, “¿cómo sé yo que es tu padre?”, “los saharauis, ¡qué vergüenza!, lo hicimos muy mal con vosotros”. Pero, al final, lo logramos. Nuestro primer NIE; el documento que nos permitía ir al instituto, el documento que nos permitía tener acceso a un servicio de salud público, un NIE que nos situaría entre la clase “privilegiada” de las personas migradas.  ¡WOW! ¡Somos legales durante 5 años!

Mucho había que celebrar cuando cumplimos 15 años, pero aún nos tendríamos que enfrentar a una batalla más agotadora y frustrante: el trámite de la nacionalidad española.

Siendo menores, solo éramos conscientes de la cara de agotamiento de nuestro padre, que cogió múltiples autobuses desde Málaga hasta Alicante (donde vivía nuestra familia española), con el peligro, muchas veces, de perder su trabajo. Un viejo con una bala en la espalda de una larga guerra que consumió su juventud y que decidió venir a España para curarse, años después de la firma del Alto al fuego 1991.

Nuestro proceso de solicitud de ciudadanía fue muy largo. En aquel entonces, era un proceso sin digitalizar y los registros estaban desbordados; pasamos de “no sabemos nada de tu expediente” a “no aceptamos papeles expedidos por vuestro Gobierno, el de la República Árabe Saharaui Democrática”. Porque, claro, para poder tramitar la ciudadanía española existen migrantes “privilegiados” y luego están el resto. Pese a que España sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sahara Occidental, antaño provincia 53, el pueblo de este territorio no pertenece a los grupos de ciudadanos que tienen una consideración especial por ser considerada como ex-colonia. Por tanto, somos los otros.

Además, para poder solicitar la nacionalidad, debes aportar tu partida de nacimiento, tus antecedentes penales y un pasaporte. Esto, que puede parecer sencillo, no lo es en el caso de los saharauis nacidos en Tindouf. Nosotros nacemos en un limbo legal, con un título de viaje que nos concede Argelia (pero que no nos otorga la ciudadanía) y unos documentos expedidos por un Gobierno (el de la República Árabe Saharaui Democrática) que España no quiere reconocer.

Con todas las trabas, llegamos a cumplir 21 años y ya no podíamos pedir la ciudadanía a nombre de nuestro padre, por lo que pasamos al régimen general: tener residencia legal y continuada de 10 años para poder solicitar la ciudadanía. Cogimos el relevo a nuestro padre y nos apoyamos en la sentencia de 8 de septiembre de 2016, número de recurso 1747/2014, de la Audiencia Nacional, en la que se determinaba que los certificados de nacimiento y de antecedentes penales emitidos por la RASD "sí pueden tener alcance probatorio a la hora de acreditar la identidad y la buena conducta cívica del solicitante de nacionalidad española tal y como exige el Código Civil al presumirse su exactitud".

En mi caso, tramité la nacionalidad sin pasaporte argelino, ya que me quedé atrapada en España durante 10 años sin poderlo renovar, ni salir del país y con un miedo aterrador a que me deportasen o me expulsaran de la ingeniería que tanto me había costado costear. El NIE  era el tesoro más valioso de aquel piso universitario.

Antes de venir a Madrid, con apenas 23 años y recién licenciada en Ingeniería Informática, mi esperanza en que se aprobara aquella solicitud de nacionalidad era nula, pero tenía que intentarlo. No había podido ir de Erasmus, ni estudiar fuera; ni siquiera visitar a mi madre en 10 años. En los Campamentos de Tindouf nacía la cuarta generación de refugiados y, en ella, esos niños a los que hoy llamo sobrinos, lo hacían en la misma situación que yo.

Cuatro años después de aquel septiembre, Tesh ya tenía 27 años. Cumplía, por goleada, todos los requisitos de integración en la sociedad española. Incluso bromeaba con mis compañeros de Máster: “¿Qué hace una refugiada en la Universidad Europea?”, "¿Algún día haremos mi fiesta de bienvenida al Estado español, con jamón y toros?”. El pasado septiembre de 2021, se cumplieron, exactamente, cuatro años de aquella solicitud. Mi abogada me escribió: “Tesh, ¡lo hemos logrado!”

Por fin, el Ministerio de Justicia me concedió la ciudadanía española. Por fin se terminaba todo… Pero no; nada más lejos de la realidad. Sonriente, imprimí mi resolución, cogí cita para ir al Registro de Alcoi y hacer la jura de la nacionalidad, la última fase. Por fin, tendría un DNI del Reino de España. Mi madre española estaba con la cámara preparada para captar el momento, como si de mi graduación se tratara.

Entre lágrimas, ira y ansiedad, salí de allí con la cara descompuesta. La funcionaria del Registro no consideraba suficiente una resolución del Ministerio de Justicia para inscribirme, ya que era de origen saharaui. Una semana después, me llamó para que me sometiera a una prueba forense que determinase mi edad (por supuesto, me negué), algo ilegal una vez concedida la ciudadanía por residencia. ¡Solo tenía que copiar y pegar! Si la ONU no ha resuelto la cuestión saharaui, el registro de Alcoy no sería la excepción.

Durante casi seis meses, lideré una campaña de comunicación para denunciar la arbitrariedad y racismo institucional que sufrimos los saharauis, ya que lo que nos había sucedido a mi hermano mellizo y a mí no era la excepción. Cada saharaui sufre esto y mucha gente acaba desistiendo en el proceso. Desde aquel momento, he denunciado públicamente nuestra situación, utilizando los medios jurídicos y económicos necesarios para que esto no quedara así.

20 años y 6 meses después, España es un poco mejor, pero tiene que seguir mejorando; no podemos hacer esto a ninguna persona más. Regularizar nuestra situación es un derecho fundamental, y yo soy el caso de éxito, pero sé que he partido desde el “privilegio” de ser hija de un español. No me quiero imaginar por lo que pasan otras personas sin el idioma y los medios económicos que mi hermano y yo, hoy en día, tenemos.

Hoy, estoy orgullosa de liderar una plataforma de comunicación, SaharawisToday, que denuncia y mapea estos casos de la mano de la Abogacía Saharaui (APRSE); y recibimos, con mucha expectación, la proposición de Ley que este martes se votará en el seno del Congreso. Una ley que reconocería el derecho legítimo de los saharauis nacidos bajo la ocupación española como españoles y haría un poco de justicia con sus descendientes.