Exijamos en las calles la mejora de las condiciones de vida

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ofrece una rueda de prensa en la sede de Comisiones Obreras (CCOO), a 20 de abril de 2023, en Madrid.- Carlos Luján / Europa Press

Este año 2023, CCOO y UGT hemos acordado un lema para el 1º de Mayo que resume de forma nítida las prioridades de ambas organizaciones: "Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios".

Es necesario destacar las conquistas laborales y sociales que se han conseguido fundamentalmente gracias al diálogo social y que han logrado mejorar la vida de las personas trabajadoras, como la reforma laboral, el acuerdo sobre las pensiones y la subida del salario mínimo. No obstante, en este momento sufrimos una situación complicada debido a la inflación, que afecta especialmente a la compra de productos básicos. A la vez, una buena parte de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país sufren una importante merma de sus salarios reales, porque los sueldos suben de media bastante menos que la inflación. Corregir esta situación es la gran prioridad sindical en este año 2023.

Ya hace más de un año que el Gobierno planteó la necesidad de avanzar en un pacto de rentas. Aunque creemos que el Gobierno no supo liderar ese pacto, realmente la imposibilidad de avanzar por esa vía fue sobre todo la falta de voluntad de las organizaciones empresariales. En la crisis pandémica, donde el reparto de los costes de la crisis por caída de la actividad se distribuyó de forma más equitativa que nunca (entre Estado, empresas y trabajadores) los resultados fueron mejores que nunca. Sin embargo, tras la guerra en Ucrania se trataba de repartir el impacto del aumento de costes entre excedente empresarial, salarios y recursos públicos. Y CEOE se borró de la ecuación en un ejercicio de irresponsabilidad con su país que hoy queremos volver a señalar y denunciar. Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el Gobierno ha ido tomando medidas que han amortiguado una parte del impacto de la inflación —en nuestra opinión de forma insuficiente, a veces con aciertos, y otras de manera poco eficaz, como demuestra el escaso impacto de la bajada del IVA—, se antoja como una prioridad un acuerdo salarial que permita recuperar el poder de compra de millones de hogares en España.

De no llegar a este acuerdo, se puede abocar al país —así lo vamos a intentar desde los sindicatos— a un escenario de creciente conflictividad laboral que trataremos que tome contundencia recurriendo a la movilización y la huelga. ¿Es deseable ese escenario? Con toda seguridad no lo es. Pero la avaricia y el ventajismo de buena parte del empresariado merece el reproche y la acción sindical y política.

Recientemente hemos solicitado al Gobierno que facilite un indicador público para conocer los beneficios de las empresas de cada uno de los convenios colectivos sectoriales que se negocian. Ese observatorio de excedentes empresariales sería también muy oportuno para conocer cómo se imputan los costes dentro de las distintas cadenas de valor entre las empresas con capacidad de fijar precios y las que lo sufren. Es llamativa la ausencia de mensajes en este sentido de las organizaciones de pequeñas empresas e incluso de algunas asociaciones de autónomos. Debieran ser las más interesadas en conocer si hay situaciones de excesivo poder de mercado o incluso de oligopolio que permiten imputar precios de forma abusiva. Cuando se sube el SMI o se incrementan levemente las cotizaciones sociales, esas organizaciones empresariales y de autónomos —con excepciones como la mayoritaria UATAE— ponen el grito en el cielo. Curioso criterio.

Los sindicatos queremos cerrar el círculo de distribución de rentas a través de la negociación colectiva, tras una secuencia de acuerdos y éxitos importantes. Porque hoy en España, y en un contexto de alta inflación ya descrito, más de 10 millones de pensionistas, más de dos millones de perceptores del salario mínimo, tres millones de empleadas y empleados públicos, y la parte más organizada de la clase trabajadora, han visto protegidos sus ingresos reales. Los datos de convenios registrados nos dicen que 2.734.119 personas (el 30% de las que tenían su convenio renovado y vigente) habían tenido incrementos salariales prácticamente del 5%. Las bases de cotización medias en 2022, dentro del régimen general de la Seguridad Social, son un 15,5% superiores a las que había en 2018.

Sin embargo, hay una parte muy sustancial del país que sufre el rigor de los precios, la falta de empleo, el encarecimiento de las hipotecas, la imposibilidad de hacer frente al coste de un alquiler. Esa España que ve reducido su nivel de vida en los últimos tiempos tiene motivos para movilizarse. Por los salarios. Por la contención de los precios. Por la distribución de los beneficios empresariales. Este 1º de Mayo nos vemos en las calles.