Maltrato institucional, o cuando el pacto por la ciencia consiste en desmontarla

La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en una imagen de archivo.

El sector de la investigación se sustenta sobre el trabajo de multitud de personas con roles y perfiles muy distintos. Generalmente, nuestras universidades y centros de investigación, como el CSIC, por ejemplo, se enorgullecen y anuncian a bombo y platillo sus logros. Estos se miden a través de las publicaciones realizadas y su supuesta calidad, así como también por la captación de fondos económicos para poder desarrollar las investigaciones pertinentes sin la necesidad de asumir sus costes.  

Sin embargo, bajo esos éxitos se esconde un sinfín de personas trabajando invisibilizadas. Podemos incluir aquí al personal técnico y de gestión, ampliamente infravalorado, así como al personal posdoctoral en sus primeras etapas, pero hoy queremos centrarnos en el primer eslabón de la investigación, el personal predoctoral y, más concretamente, el personal con un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU). El programa FPU capta a personas que han tenido un gran desempeño académico durante el grado, así como a otras que ya han empezado a publicar sus primeros trabajos de investigación.  

Estas personas solo firmamos contratos laborales desde 2011. Antes éramos becarias, una palabra que designa a la gente que trabaja pero no tiene una relación laboral con su empleador. Es decir, trabajábamos sin cotizar, sin derecho a prestación por desempleo o indemnización por fin de contrato, y por supuesto cobrando menos del SMI, mucho menor que el actual. Desde 2019, tenemos un Estatuto de Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIFP), que marca las condiciones mínimas (muy mínimas) que rigen nuestros contratos. Tan mínimas que actualmente cobramos entre el 56% y el 75% de lo que nos corresponde por categoría profesional, a pesar de que desde Europa se pide que no sea así.  

No es el único ejemplo de precariedad. Otro caso son las estancias de investigación, un requisito ineludible para optar a una carrera investigadora. Hoy en día, irse de estancia en la etapa predoctoral se considera prácticamente una obligación. Para reconocer su importancia, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publica una convocatoria para financiar su coste y que no tengamos que financiarlo de nuestro bolsillo. Ahora vienen los problemas: por una parte, esa convocatoria se resuelve tardísimo (todo lo relativo al mundo predoctoral se resuelve tardísimo, siempre), así que mucha gente se ve obligada a adelantar el dinero para irse de estancia (dinero que sacan de ahorros personales, familiares o pidiendo préstamos bancarios); y por otra, incluso cuando se resuelve, el dinero que da el Ministerio nunca cubre todos los gastos, porque para calcular cuánto dinero es necesario se usan unas tablas de hace 22 años. Básicamente, hacer una estancia es pagar para irse fuera a trabajar.  

Hay más: muchas universidades no pagan trienios a sus predoctorales, un derecho de cualquier empleado público. Hoy en día, somos el único sector donde todavía se pueden hacer contratos temporales de 4 años (y de 6, según para quien), incluso después de que saliese adelante la reforma de Yolanda Díaz. La respuesta de las Universidades cuando salió fue no actualizar los contratos existentes, no convocar nuevas plazas y esperar hasta que la ley de Ciencia les permitiese seguir abusando de la temporalidad. Hasta hace 2 años, tampoco teníamos derecho a indemnización por fin de contrato, derecho reconocido desde 1978 para cualquier trabajador. Hoy en día, vemos convocatorias que dictan condiciones distintas para gente que realiza el mismo trabajo, plazos de resolución de 1 año (imaginaos estar 1 año pendiente de que te den un trabajo), resoluciones que deberían salir pero son canceladas a última hora, y eso porque no entramos en los casos de acoso o los abusos a los que se somete al personal predoctoral, en muchos casos incluso existiendo legislación al respecto. En estas situaciones, la respuesta que se nos suele dar desde el Ministerio es que informemos, para que el Ministerio pueda avisar al centro de que se está incumpliendo la ley. Aparte del hecho de que ese informe no es anónimo, de poco sirve que exista una legislación si quien la incumple solo va a recibir un aviso.  

Todo ello impulsa a cientos de personas, cada año, a renunciar a otros empleos o ayudas, a trabajar gratis, o a buscar ayuda económica de sus familias para continuar su investigación. Supuestamente, somos el futuro de la investigación de este país, y nos gustaría un mínimo de estabilidad. La investigación de calidad tarda años en producirse, pero es decisiva para garantizar el porvenir y la prosperidad de cualquier sociedad. ¿Qué imagen da un país que maltrata sistemáticamente al pilar más vulnerable de su sistema de investigación? 

En ese contexto, queremos aprovechar la ocasión para convertir nuestra opinión, también, en una llamada a la ministra, donde le pedimos dos cosas: la primera, que se hagan mejoras en nuestro ámbito y que se hagan para todas las personas con un contrato FPU en vigor. No tiene sentido mejorar las condiciones solo de un grupo de investigadores. La segunda, que se armonice la regulación para nuestro colectivo en materia universitaria. Dejar esta regulación en manos de cada centro crea desigualdades devastadoras, perpetúa la precariedad y sustrae herramientas para garantizar nuestra dignidad como trabajadores. Que nuestro trabajo sea temporal a pesar de estar cuatro años en un mismo puesto implica que, en este país, el pacto por la ciencia parece consistir en mantenerla empobrecida.   

Pedimos, en definitiva, estabilidad laboral y unas condiciones en sintonía tanto con nuestra formación como con nuestro valor social. Si la investigación es el pilar fundamental sobre el que construir y mejorar cualquier sociedad, es nuestra responsabilidad dotarla de medios, promoverla, incentivarla, pues solo así incrementaremos nuestras esperanzas de un futuro mejor en todos los ámbitos.