Y llegó la querella contra el emérito

Foto de noviembre de 2012 del rey Juan Carlos I, que saluda junto con otros dirigentes latinoamericanos durante el posado para la foto de familia de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz (España). REUTERS/Jon Nazca

Un grupo de juristas, constitucionalistas y periodistas, bajo la dirección letrada del magistrado emérito José Antonio Martín Pallín y el abogado Eduardo Ranz (autor de No matarás. Memoria civil, editorial Catarata) y en el ejercicio de la "acción popular" han puesto una querella criminal contra el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, a la que ha tenido acceso Público. La querella ha sido interpuesta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que, como recordarán nuestros lectores, antes de su abdicación en 2014, forzada por la peste a corrupción y la estafa de sus cuatro décadas como jefe de Estado, el rey emérito fue aforado ante el alto tribunal (art.55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial), tal y como recuerda el texto de la querella conocida este lunes.

Y ustedes se estarán preguntando cómo es posible una querella criminal contra el emérito si ya se concluyó que Juan Carlos había regularizado su situación tributaria o sus delitos estaban prescritos. El propio emérito reconoció éstos cuando ejecutó varias regularizaciones fiscales; también lo hizo su hijo y jefe de Estado sucesor cuando decidió que su padre debía irse de España. Por supuesto, y en su línea, Juan Carlos se instaló en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EÁU), un Estado off shore donde el emérito tiene a buen recaudo, gracias a los dictadores emiratís, sus hermanos, su fortuna desconocida pero que se presume abultada.

Los querellantes afirman y exponen de forma muy bien argumentada, al margen de lo que vaya a decidir el Supremo, que "los efectos de la regularización" de su situación tributaria que llevó a cabo Juan Carlos I y que prevé el art. 305.4 del Código Penal, "se han aplicado indebidamente" y, por tanto, no se dan los elementos que absuelvan al emérito de los delitos contra la Hacienda Pública, los cuales, según el texto conocido por este periódico, "vulneran no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional". En concreto, la querella cita cinco defraudaciones delictivas "según las autoliquidaciones complementarias presentadas en febrero de 2021, en las declaraciones tributarias correspondientes a los años 2014 a 2018", y ninguno de estos delitos habría prescrito.

Basándose en las circunstancias del fraude cometido gracias a un entramado de las fundaciones Zagatka y Lucum, con sedes en Liechtenstein y en Suiza, que pretende ocultar la cuantía total de la fortuna defraudada, los querellantes apelan al "art. 305 bis del Código Penal, que establece una pena de dos a seis años de prisión" y "multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada" (modalidad agravada), por lo que, "en consecuencia, la prescripción se produce a los diez años" que no han transcurrido. O sea, pruebe a hacer usted lo que hizo el emérito, a ver si consigue que le declaren prescritos estos delitos fiscales sin que haya pasado la década legal.

Además, los querellantes insisten y razonan que esa regularización a la que apeló la Fiscalía Anticorrupción para cerrar la investigación a Juan Carlos de Borbón no se realizó "de conformidad con las exigencias legales establecidas en el artículo 305.4 del Código Penal. La regularización de las defraudaciones tributarias se produce después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas Diligencias de Investigación de la Fiscalía que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias, con anterioridad a su regularización". El emérito, por tanto, fue advertido de la investigación del fraude -aunque se apelara a su "derecho de defensa" desde la Fiscalía- y, entonces, regularizó; no antes, lo cual es contrario a la ley.

Los delitos fiscales agravados del emérito y la pretendida regularización con aviso añadido por parte del Estado -o sea, que a ti no te permitirían regularizar nada una vez fueras avisado de la apertura de una investigación tributaria, pero al Borbón sí- conforman el núcleo de una querella que ha tardado en llegar y que desafía, con razón, la impunidad de Juan Carlos de Borbón y la complicidad de un Estado, que no solo lo habría protegido en la comisión de esos delitos, sino que siguió haciéndolo al insistir en la prescripción de los delitos y en el derecho a la defensa del emérito para avisarle de la investigación.

Cuando Juan Carlos abdicó en Felipe VI y fue despojado de su inviolabilidad, PP y PSOE construyeron una nueva armadura para el monarca, que perpetúa su estatus jurídico privilegiado. Mediante una reforma legal que provocó divisiones en las filas del PSOE (el Grupo terminó absteniéndose ante la mayoría absoluta del PP), críticas muy duras por parte de Izquierda Unida y los nacionalistas, y hasta la calificación de "chapuza" por parte del entonces presidente del Congreso, Jesús Posada (PP), el rey emérito, las reinas Letizia y Sofía y la princesa de Asturias pasarían a estar aforadas en el Tribunal Supremo: solo éste podría juzgarle, incluso, de sus actos privados. Ningún cargo público tiene semejante prebenda: un aforamiento vitalicio.

El Supremo, el mismo que no acepta la amnistía de los líderes independentistas del procés, es el responsable de admitir esta querella criminal contra Juan Carlos, por lo que muchas esperanzas, al menos yo, no tengo. Al fin y al cabo, fue uno de sus magistrados más destacados -a punto de jubilarse, por cierto- quien nos confirmó  a los tres periodistas que escribimos el libro La armadura del rey (Ediciones B, Ara Llibres en catalán) que este Tribunal era el muro donde se diluiría siempre una de las frases más famosas y polémicas del emérito: "La ley es igual para todos" (discurso de Nochebuena, 2011). Es hora de comprobar cómo.