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Opinión · Dominio público

Las pensiones y el fin del crecimiento

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Florent Marcellesi

Coordinador de Ecopolítica

Jean Gadrey

economista y miembro del consejo científico de ATTAC Francia

Borja Barragué

investigador de la Universidad autónoma de Madrid

El futuro de las pensiones se plantea con demasiada frecuencia basándose en el crecimiento económico infinito y olvidando completamente la crisis ecológica. Se nos dice a menudo, incluso desde la izquierda, que si el Producto Interior Bruto (PIB) fuese en 2050 más del doble que en 2013 (o sea, una tasa de crecimiento medio del 1,9% anual), no habría un verdadero problema de financiación: si el «pastel» aumenta, puede distribuirse una mayor parte a las personas jubiladas sin quitarle nada a nadie. Es el argumento que, por ejemplo, encontramos en el artículo de Vicenç Navarro publicado el 6 del 2013 en El País (disponible en su blog). Dada nuestra cercanía ideológica con este autor en torno a la cuestión de la justicia social, el propósito de este artículo es debatir algunas de sus aserciones para que los movimientos transformadores integren el fin del crecimiento en sus reflexiones y en su práctica.

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Vicenç Navarro comienza su argumentación mediante la constatación de un hecho según él de especial importancia: “El del aumento de la productividad, es decir, que un trabajador dentro de 40 años producirá mucho más que un trabajador ahora” (…) “casi el doble en 2050 que ahora, con lo cual podría mantener casi al doble de pensionistas.” Esta visión se fundamenta en considerar los aumentos de productividad como intrínsecamente positivos, sin cuestionar su calidad y orientación. En este sentido, el caso del sector agrícola, que Vicenç Navarro tomó como ejemplo, es paradigmático. Comenta que “hace 40 años el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy solo el 2% lo hace, y este 2% produce mucho más de lo que producía [el 18%] hace 40 años.” Sin embargo, el sistema agroalimentario global ha conseguido producir tanta cantidad con tan poca mano de obra sobreexplotando los recursos naturales (y las personas). Es un modelo insostenible (e injusto) que requiere enormes cantidades de petróleo para fertilizantes, pesticidas, ultra-mecanización del campo, transporte globalizado, refrigeración, etc. y es responsable de hasta el 57% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En la era del crecimiento, buena parte de los aumentos de productividad alcanzados por la sociedad industrial son productivistas, es decir, nocivos para la sostenibilidad.

Por supuesto, eso no significa que todos los aumentos de productividad sean contraproducentes. En ciertos sectores, como puede ser la agroecología, las energías renovables, la movilidad sostenible, etc., hay aumentos de productividad defendibles desde un punto de visto ecológico y social. Sin embargo, durante la transición hacia una sociedad justa y ambientalmente viable, disminuirá la productividad en muchos sectores en los que se pasaría de producciones «insostenibles» a producciones «sostenibles» con respecto a las redes antiguas dado que hace falta más trabajo (un 30% más en la agricultura ecológica por ejemplo) para producir las mismas cantidades con menos energía. Dicho de otro modo, una cesta de agricultura ecológica relocalizada es menos “productiva” que una cesta de agricultura intensiva globalizada, pero es más saludable y más respetuosa del medioambiente y de las generaciones futuras. Por tanto, una sustitución virtuosa (menos desempleo, menos energía) se traducirá por una disminución de los aumentos de productividad en términos económicos clásicos.

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Segundo, Vicenç Navarro argumenta que “si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de crecimiento en los últimos 50 años, el PIB de España en 2060 sería 2,20 veces mayor que en 2007” (lo cual significaría que en 2060 quedaría mucho más dinero tanto para pensionistas como para no pensionistas). Sin embargo, el incremento medio de productividad en los últimos 50 años esconde otra realidad menos entusiasta: en este mismo periodo de tiempo ha habido una decadencia estructural de los aumentos de productividad (en España, oscilaba en los años 70 entre el 3% y el 6% y desde los años 2000 entre el 0% y el 2%) y es muy probable que siga así, sobre todo en los sectores productivistas. En este sentido, contrariamente a las tesis clásicas, asistiremos a escala macroeconómica a una fuerte caída de los aumentos de productividad y, por tanto, del crecimiento cuantitativo, debido al agotamiento de los recursos naturales (principalmente fósiles) y el cambio climático. Puesto que no existe progreso tecnológico que nos vaya a sacar de la crisis ecológica (que es a la vez energética, climática y alimentaria), hay motivos suficientes para pensar que los países de la OCDE van a salir del breve periodo de su historia en que los aumentos de la productividad, fuente esencial de su crecimiento (de las cantidades), han constituido el núcleo de su modelo económico y del progreso. Pero incluso concediendo que fuera posible, ocurre que no es deseable volver a la senda del crecimiento, aún menos tal y como se ha venido produciendo éste en los últimos años en España. Desde el punto de vista ecológico, el crecimiento no es la solución, sino más bien el problema. Por ejemplo, sólo con un ligero aumento del PIB mundial (¡ni siquiera del español!) de un 1% anual y una hipótesis de mejoras tecnológicas muy optimista, ya superaríamos en 2050 en un 25% las metas de disminución de emisión de gases de efecto invernadero que evitarían un aumento de temperatura de más de dos grados (umbral crítico a no superar según la comunidad científica).

Ya es hora de cuestionar la paradoja que consiste en defender los derechos de las generaciones futuras ante al cambio climático y en olvidar esta variable cuando se trata de sus pensiones a largo plazo. He aquí algunas propuestas para imaginar “unas pensiones sin crecimiento” (algunas propuestas coinciden, sin duda alguna, con otras de V. Navarro):

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1.      Las pensiones de las generaciones futuras no requieren crecer más, sea como sea el crecimiento, sino distribuir la riqueza ya existente así como reducir las desigualdades. Significa hacer un balance de los miles de millones de euros recuperables anualmente sin crecimiento cuantitativo tomando el dinero de ahí donde está (plusvalías, economía sumergida, presupuestos militares, etc.).

2.      Desarrollar los servicios fuera de la lógica mercantil (salud, cultura, movilidad…) y el acceso a las riquezas no económicas (vínculos sociales, participación, naturaleza…) para fomentar el «vivir-bien» de las personas mayores en un mundo sostenible. Al centrarse en el poder adquisitivo, se confunde el «poder de vivir bien» con el «poder pagar» y se profundiza en la mercantilización del mundo.

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3.      De este modo, favorecer los ingredientes del vivir bien de los jubilados en una sociedad sostenible en torno a cuatro pilares: autogestión, solidaridad, ciudadanía y ecología. Ello, sin duda, implica recursos financieros, pero de forma sobria y compartida.

4.      Fijar una renta máxima definida como un múltiplo razonable de una renta básica de ciudadanía decente para poner fin a la pobreza monetaria, como la de las personas mayores (en especial las mujeres). Eso sería económica, social y ecológicamente eficiente, y garantizaría el poder adquisitivo de las bajas y medias pensiones más proclives a caer en situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social.

5.      Reflexionar sobre la financiación de las pensiones y de los servicios colectivos gratuitos o subvencionados, públicos o asociativos, dedicados a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y a sus actividades en la ciudad, lo cual sería decisivo para las personas de ingresos modestos.

6.      Promover una sociedad con altas tasas de empleo remunerado y sin crecimiento de las cantidades: es posible combinando aumentos de la sostenibilidad y de la calidad como fuentes de valor agregado, distribución equitativa del trabajo, reducción de la jornada laboral y de las desigualdades. Este tipo de “pleno empleo” (verde y decente) es una importante baza para la financiación de las pensiones.

7.      Mantener el derecho a una jubilación de buena calidad a los 65 años. A la vez que redistribuye el trabajo, relativiza la influencia excesiva del trabajo sobre la vida y sobre la Naturaleza. Para las personas mayores asociadas a algún tipo de organización no lucrativa, no faltan precisamente las actividades de voluntariado de utilidad social y ecológica.

8.      Luchar por la igualdad de las mujeres y los hombres con respecto al empleo de calidad y a los salarios. Buscar la igualdad profesional de género sería una enorme fuente de riqueza económica, con un resultado final de empleos socialmente útiles. Ello permitiría sumar varias decenas de miles de millones de euros a la financiación de la protección social.

El debate sobre las pensiones no puede escapar de la crisis ecológica y del fin de la era del crecimiento. Es un imperativo que los movimientos transformadores integren esa realidad y hagan propuestas novedosas para combinar a la vez justicia social y sostenibilidad ecológica.

Florent Marcellesi, Jean Gadrey, Borja Barragué son coautores del libro “Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible” (El Viejo Topo, en prensa).

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