Protesta social

Antonio Antón

Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

La protesta social progresista ha adquirido una nueva dimensión y tiene un nuevo carácter respecto a los movimientos sociales anteriores. Se han conformado corrientes sociales amplias, de fuerte contenido social y democrático, de indignación y rechazo a la austeridad y al déficit democrático de las instituciones y la clase política gobernante, demostrando la persistencia en la sociedad, y particularmente entre los jóvenes, de una amplia cultura democrática y de justicia social.

Frente a la prolongación de la crisis socioeconómica y la gestión antisocial del bloque dominante de poder europeo, se ha producido, especialmente en los países europeos meridionales, una fuerte contestación popular. En España se han ampliado las protestas sociales y resistencias colectivas, configurándose una ciudadanía activa, de fuerte contenido social, con un carácter sociopolítico progresista y democrático; se puede cifrar entre cuatro y cinco millones de personas participantes en los procesos huelguísticos y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas (y según diversas fuentes en torno a un millón de participantes en las redes sociales vinculadas a estas protestas); se ha encauzado, fundamentalmente, a través del movimiento 15-M (y derivados) y el movimiento sindical (con fórmulas mixtas como las mareas ciudadanas), conformando una representación social doble, no exenta de tensiones, con sus respectivos representantes o grupos de activistas.

El movimiento 15-M sigue contando con una gran legitimidad social. Se pueden distinguir tres niveles de intensidad en la vinculación cívica: un primer nivel de unos pocos miles de activistas más comprometidos y persistentes; un segundo nivel de una ciudadanía activa, personas participantes, sobre todo, en las masivas formas colectivas de expresión popular, que se puede cifrar en varios centenares de miles; un tercer nivel, ciudadanía indignada o descontenta, en torno a dos tercios de la población que simpatiza de alguna manera con objetivos y acciones de ese movimiento.

Persisten motivos y condiciones para la continuidad de estos movimientos de  protesta colectiva. Existen debilidades y limitaciones para encarar la complejidad y la dimensión de estos problemas y oportunidades. Los riesgos de su fragmentación, desorientación o debilitamiento son evidentes. No obstante, son acertadas las ideas clave que conforman el núcleo de su orientación: 1) la democratización del sistema político y la más amplia participación ciudadana en los asuntos públicos; 2) el rechazo a la política de austeridad, el reparto injusto de las consecuencias de la crisis (paro, desahucios, desigualdad…) y la exigencia de un cambio de la política socioeconómica hacia mayor justicia social. Y mantienen una amplia legitimidad en la sociedad.

La respuesta popular masiva de este periodo no ha sido sólo emocional o superficial, destinada a su evaporación inmediata. Ha estado y está enraizada en una profunda y persistente conciencia ciudadana indignada y de denuncia de la injusticia social. Es, sobre todo, una respuesta colectiva, con gran fundamentación ética igualitaria y solidaria, e incrustada en la realidad de las graves condiciones de vida y las aspiraciones de mejora de millones de personas. Se incardina en los mejores valores democráticos e igualitarios de los movimientos sociales progresistas o la izquierda social europea de las últimas décadas.

Un aspecto que conviene clarificar es la relación entre gestión política del poder institucional y acción sociopolítica de la ciudadanía en los asuntos públicos, entre clase política dominante  con componentes oligárquicos y movilizaciones sociales progresistas, expresivas del descontento popular y la participación ciudadana. En ese sentido: a) la deslegitimación de ‘esta’ clase política gobernante, en lo fundamental, está justificada y es merecida y, por tanto, hay que ampliarla, no debilitarla, para promover su renovación y la democratización del sistema político; b) la solución viene de la mano de la más profunda, firme y consistente participación ciudadana, de una activación de los sectores progresistas. Por tanto, la alternativa principal está en el refuerzo de las resistencias ciudadanas, en avanzar hacia una democracia más participativa y más social.

Cuando la ciudadanía critica a la política o rechaza a los políticos se está refiriendo no a todos los políticos, sino a la gestión institucional actual de la clase política gestora o gobernante, fundamentalmente, a las élites o aparatos de los grandes partidos con responsabilidades gubernamentales en los recientes planes de ajuste y austeridad, con incumplimiento de sus compromisos con sus electorados e involucrados en graves casos de corrupción (caso Bárcenas…).

La crítica ciudadana a ‘ese’ tipo de política es una posición (política) más democrática, realista y progresista que la justificación (política) de esas medidas de austeridad, el embellecimiento o disculpa de ‘esos’ políticos mayoritarios que aplican políticas antisociales o el intento persistente de relegitimación de la actual élite política gestora que, fundamentalmente la derecha, sigue sin reorientar sus estrategias económicas de austeridad ni respetar las opiniones mayoritarias de la sociedad. Supone un juicio ético y ‘político’ progresista e igualitario frente a unas decisiones de las clases corporativas (gobernante y gestora de los mercados financieros) regresivas e injustas. Constituye un proceso cívico globalmente positivo (con distintas sombras e insuficiencias), un factor relevante para promover un cambio social progresista, el fortalecimiento de la democracia y los valores igualitarios y una renovación de las izquierdas.

El nuevo ciclo sociopolítico, iniciado en el año 2010, tiene varias fases y presenta diversas enseñanzas. El hecho social más significativo, en este periodo, es la consolidación de una corriente social indignada, una ciudadanía activa y una doble representación social, el sindicalismo y los grupos de activistas del 15-M.

El nuevo escenario sociopolítico, con un emergente campo social autónomo y diferenciado de las instituciones políticas, tiene la particularidad de que cristaliza frente a la gestión antisocial del gobierno socialista y luego se desarrolla contra la derecha.

La especificidad del actual proceso de resistencias colectivas es que señala su rechazo a componentes ‘sistémicos’ de la realidad socioeconómica y política y apunta a reformas profundas de carácter social y democrático.

El descontento ciudadano con esa gestión institucional y la desconfianza en sus líderes políticos, incluido el aparato socialista en la medida que no corrige claramente su orientación ni renueva su liderazgo, está fundamentado, es justo y conveniente. Supone un valor positivo y democrático para regenerar el sistema político y reorientar la acción socioeconómica y laboral. Tiene insuficiencias y una débil y fragmentada representación social. Esa corriente indignada está relativamente huérfana de representación política y gran parte de ella sigue votando a los mismos partidos mayoritarios, por más que ya ha tenido un significativo efecto en el apoyo electoral a otros partidos minoritarios y de izquierda, aunque esté por ver su repercusión posterior en el campo electoral e institucional.

Su evolución depende, sobre todo, de la consolidación de una dinámica creíble para derrotar la estrategia de austeridad, abrir un horizonte más justo en la salida de la crisis y una mayor democratización del sistema político. El bloqueo de esa expectativa colectiva, progresista, solidaria y democrática, podría generar otras dinámicas contraproducentes, adaptativas individualmente y segmentadas o, entre ciertos sectores, de carácter populista, xenófobo o exclusivista.

En definitiva, la indignación ciudadana es una corriente social a impulsar, encauzar y madurar, no a debilitar, desprestigiar o minusvalorar. La apuesta progresista debe ser frenar o impedir la actual deriva regresiva y promover un giro más social en la política socioeconómica y la democratización del sistema político, con una mayor activación de la ciudadanía.