Asalto al Constitucional

FERNANDO REY

La renovación del Tribunal Constitucional es la conjura de los necios. Primero, por el barroco sistema de elección por el Senado a propuesta de los Parlamentos autonómicos, que surge por la idea (interesante) de que, a través del Senado –cámara de representación territorial, al menos en teoría–, las autonomías participen en la designación de los miembros de un órgano cuyas decisiones son decisivas para determinar qué poderes corresponden al Estado central y cuáles a los autonómicos y por la idea (interesada) de las minorías nacionalistas, sobre todo catalana, de contar con una representación permanente en el TC. Hasta ahora, siempre ha existido oficiosamente esa representación, pero con el nuevo sistema es probable que esa “cuota” catalana no pueda mantenerse, ya que, con 17 autonomías presentando nombres, sería impresentable que, siempre que el Senado (cada 9 años) tuviera que proceder a designar 4 magistrados, eligiera precisamente a uno propuesto por el Parlamento catalán. La reforma se ha vengado de sus autores, que, por intentar consolidar un privilegio, probablemente lo vayan a perder. Además, este sistema es de dudosa validez. El TC sostuvo que sí es constitucional porque la elección sigue correspondiendo al Senado y, si el nuevo sistema no funcionara (porque los Parlamentos autonómicos no propusieran ningún nombre o no fueran adecuados), el Senado podría elegir a quienes quisiera. Me parece, sin embargo, que esta argumentación es demasiado formalista. No imagino que el Senado elija otros nombres distintos de los propuestos. Ya se sabe cómo funcionan estas cosas: dado que la designación requiere una mayoría muy alta, de 3/5 de senadores, primero PSOE y PP pactan los nombres (o el número que les corresponde a cada uno, con la posibilidad de vetar “radicales” del otro bando), y después, y sólo después, los Parlamentos territoriales proponen los candidatos para que el Senado ratifique los nombres inicialmente pactados. Fin del ciclo. Para ese burro no hacían falta tantas alforjas.

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Pero la apoteosis del absurdo se está produciendo en el momento de la aplicación del sistema. Haciendo trampas sin pudor, el PP está presentando dos únicos nombres, Francisco José Hernando y Enrique López, provenientes del anterior CGPJ. La deslealtad al acuerdo alcanzado con el PSOE es patente. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que Hernando y López son dos políticos del PP que en su día ejercieron de jueces y que siempre actuaron con gran radicalidad ideológica y partidismo desde el peor CGPJ de la historia (y ha habido muchos muy malos). Ambos están por debajo del mínimo umbral de imparcialidad partidista. Por supuesto que todos los nombres propuestos tienen historia e ideología, faltaría más, pero los dos citados han demostrado un comportamiento políticamente sectario de una intensidad inusitada y carecen del nivel técnico para ser magistrados del TC. Lo peor es arrastrar de modo irreversible al TC, manchado ya con el chapapote partidista, a la fosa de los tribunales políticamente parciales. Esto es como curar a un borracho con güisqui. Lo peor es la burla del sistema autonómico que el PP hace obrando de ese modo. El espectáculo de los Parlamentos territoriales proponiendo obsequiosamente los nombres de los propuestos desde Génova revela una corta estatura autonómica y sólo se entiende desde un tacticismo de vuelo gallináceo. Ya he dicho que el sistema de designación me parece absurdo y fracasado, pero, si no se está de acuerdo con él, hay que proceder a reformarlo, no a burlarlo con intenciones torticeras.

La habitual estrategia del PP respecto del poder judicial carece de sentido de Estado y de lealtad constitucional: su negativa a renovar las instituciones cuando el momento político no le favorecía, su grosero instinto de utilización partidista (en el TC son destacables en este sentido las aportaciones del fallecido Roberto García Calvo y de Jorge Rodríguez-Zapata), etc. Pero lo que se propone ahora es aún más grave. Si el PP se empecina en proponer estos nombres, creo que el PSOE debería romper el pacto y evitar una renovación del TC en la que, al menos desde la idea de imparcialidad objetiva (es decir, desde la apariencia), Génova se aseguraría algunos lugares en torno a la mesa de decisiones. Se ha hecho mal la renovación del CGPJ, pero no podemos permitirnos el lujo de hacerlo peor con el TC porque éste es un tribunal, es un órgano judicial, no de política judicial como el CGPJ. El TC tiene muchos problemas, pero su solución pasa por volver a nombrar 12 magistrados expertos en Derecho (capaces de razonar por encima de la ley y no sólo por debajo, porque el TC no es una audiencia provincial) y, sobre todo, imparciales desde el punto de vista partidista. Si cada vez que al TC le toca decidir una sentencia particularmente conflictiva e importante, la opinión pública sabe de antemano lo que van a fallar los magistrados según el partido que los propuso, es el momento de declarar oficialmente fallecida a la institución que la Constitución imaginó para asegurar la primacía de las reglas del juego democráticas frente a las reglas estratégicas de la mayoría (y la minoría) de turno.

Fernando Rey es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid

Ilustración de Patrick Thomas