El último trasvase del Tajo al Segura: la gota que colma el vaso

Santiago Martín Barajas 

El pasado 29 de septiembre a las 20:00 horas, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, inició un trasvase de agua a través del Acueducto Tajo-Segura, a pesar de que el volumen de agua almacenada en los embalses de la cabecera del Tajo se sitúa muy por debajo del nivel de reserva establecido por la normativa, por debajo del cual no se permite trasvasar, habiéndose enviado un volumen de alrededor de 2 Hm3. Esta actuación ha levantado una gran polémica entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los regantes del Segura, el Ministerio, las organizaciones ecologistas y otras entidades. El Ministerio alega que no es un trasvase, sino un intercambio de derechos entre particulares (regantes del Canal de Estremera en el Tajo que les venden el agua a los del Segura), lo cual es cierto que lo permite la Ley de Aguas. Sin embargo, es evidente que es un trasvase o que al menos tiene los mismos efectos. Al fin y al cabo, pues esa agua se trata de un volumen que se traslada desde el Tajo al Segura, que sale a costa del volumen de reserva ya incumplido y que por tanto no podrá discurrir por el primero ni desarrollar sus funciones ambientales.

Con independencia de su legalidad o no, nos encontramos ante otro conflicto más que genera esta infraestructura, que ha resultado controvertida desde su inauguración hace ya cerca de 40 años.

A continuación, vamos a analizar las causas de este conflicto.

El trasvase Tajo-Segura se planteó en firme por primera vez durante la Segunda República, pero no fue hasta la década de los sesenta cuando se inició su construcción, que finalizó en 1979.

Inicialmente se autorizó para trasvasar 1.000 Hm3 anuales, luego esa cifra se bajó a 900 Hm3, después se volvió a bajar a 650 Hm3. Finalmente, entre 1979 y 2014, se ha trasvasado una media de 328 Hm3 anuales. Resulta evidente que alguien consideró o estimó unas aportaciones en la Cabecera del Tajo muy superiores a las reales. Ya de entrada nos encontramos ante una obra que funciona a un 35% de lo que estaba prevista, por lo que hay motivos para considerarla un fracaso en sí misma.

Sin embargo, el regadío en la cuenca receptora se desarrolló considerando que el trasvase funcionaría según los planes iniciales, a pleno rendimiento, lo que genera una demanda de agua de la cabecera del Tajo, que ésta es incapaz de satisfacer.

Por otra parte, las aportaciones en régimen natural a los cauces en nuestro país, se han reducido a causa del cambio climático una media de un 20% en los últimos 25 años. Sin embargo, en la Cabecera del Tajo, según los datos de las estaciones de aforos, esta reducción ha sido aún mayor, del orden de un 30%, y sigue bajando, por lo que es previsible que la capacidad para trasvasar se siga reduciendo en los próximos años.

Desde hace décadas, en la cuenca del Segura, tanto los diferentes gobiernos de Murcia como una buena parte de los regantes de allí muestran, a nuestro entender, una voracidad insaciable de agua. En la cuenca del Tajo, los sucesivos gobiernos de Castilla-La Mancha han tenido siempre muy claro que la oposición al trasvase da votos, circulando a veces consignas ambientalmente peligrosas como “para que se lo gasten en Murcia, mejor nos lo gastamos aquí”. O consiguiendo que se apruebe el trasvase a la Llanura Manchega, otros 50 Hm3 que esquilman el Tajo. Así en los últimos años el regadío entre Aranjuez y Talavera ha crecido de manera espectacular, de tal forma que el existente actualmente entre la cabecera del Tajo y Talavera consume más del doble de agua de la que se trasvasa al Segura. Y con todos estos actores, que en el fondo no son tan distintos, el que lo está pagando de verdad es el pobre río Tajo, por el que cada vez discurren unos caudales más mermados, con una degradación ambiental cada vez mayor.

La existencia del trasvase Tajo-Segura es un factor de degradación ambiental muy importante del Tajo pues, por una parte, supone el 75% del consumo real en el Tajo desde la Cabecera hasta Aranjuez; y por otra, porque se utiliza para legitimar el crecimiento masivo del regadío en el curso medio del río.

Además, con independencia de la normativa que esté aprobada, lo que está claro es que si hay escasez de agua en el Segura, los sucesivos gobiernos centrales no han tenido inconveniente en modificar las condiciones de explotación del trasvase y mandar agua al Segura, por muy poca que exista almacenada en cabecera. Así lo hizo el gobierno del PSOE en 1995, reduciendo el caudal ambiental del Tajo en Aranjuez de 6 m3/seg a 3 m3/seg, y así lo ha hecho el actual gobierno del PP enviando estos 2 últimos Hm3 cuando los pantanos de cabecera se encuentran por debajo del mínimo establecido para trasvasar, usando una argucia legal que resulta muy discutible.

Ya hemos indicado anteriormente que, cuando se construyó el trasvase, las aportaciones en la cabecera del Tajo eran ya bastante inferiores a lo que se pensaba inicialmente, y además el cambio climático las ha reducido mucho más en los últimos 25 años, por encima de la media nacional, y que además es previsible que lamentablemente esa tendencia continúe. Por todo ello, consideramos que el Trasvase Tajo-Segura cada vez resulta más insostenible e inviable, por lo que habría que ponerle una fecha de cierre definitivo, entre 3 y 5 años (y así permitir una cierta adaptación en la cuenca receptora), a la vez que se frena la creación de nuevos regadíos en el tramo medio del Tajo. De esta manera podría detenerse la degradación ambiental que actualmente sufre el río, e incluso podría conseguirse que se recuperara algo, a la vez que se acabaría con este conflicto social, que enfrenta dos comunidades autónomas desde hace décadas.

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