No es populismo, es justicia social

Si algo tiene de bueno el artículo que Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, publicó en La Vanguardia para cuestionar la continuidad de la tasa a los beneficios de las grandes energéticas y a los bancos, es que ha abierto públicamente un debate que, en todo caso, ya se estaba produciendo en ámbitos estrictamente políticos y económicos. Sorprende, sin embargo, que el cuestionamiento de la tasa por parte de Imaz venga acompañado de la amenaza, que suena más a chantaje, de llevarse sus inversiones fuera de España si la tasa sigue adelante.

La polémica comienza en 2022, cuando se aprueba una tasa a los sectores que más se estaban beneficiando de la escalada inflacionaria consecuencia de la  guerra de Ucrania: grandes energéticas y banca. Se trata  de un gravamen del 1,2% sobre las ventas de esas empresas. La validez de esa tasa caduca el 31 de diciembre, y ahora se plantea hacerla permanente. Conviene recordar que hablamos de empresas que tienen grandes beneficios en los últimos años. En lo que va de año, Iberdrola ha acumulado 5.471 millones de beneficios, y  Repsol: 1.626 millones. De hecho el propio presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, quitó recientemente importancia a la tasa, afirmando que “es algo muy menor comparado con todo el negocio del grupo”.

Por otro lado hay que recordar también que estas empresas han sido beneficiarias de las subvenciones públicas provenientes de la Unión Europea para la transición energética, aunque en una cuantía total que no se conoce en detalle, por lo que ha sido objeto de una pregunta parlamentaria de Alianza Verde.

En este contexto, Repsol culpa a la tasa de verse obligado a desviar sus inversiones fuera de España. Y acusa nada menos que la desindustrialización del país a la existencia de esa tasa. Eso sí, arropando este argumento en una loa a los impuestos y su utilidad social. Es decir: muy bien los impuestos, pero a mí que no me toquen una pequeña parte de mis beneficios.

Hablamos, por otro lado, de una compañía petrolera cuya aportación al cambio climático es más que relevante. Según estimaciones, el 60% de las emisiones procedentes de empresas del IBEX35 proceden de Repsol. También en la cuestión climática Imaz saltó al terreno de la polémica defendiendo posiciones negacionistas ante la interpelación de un activista de Greenpeace en una Asamblea de Accionistas de la compañía.

En todo caso, los argumentos de Repsol han tenido eco en Junts y el PNV, que se desmarcan ahora de la continuidad del impuesto y lo cuestionan. En el caso del PNV reclamando la gestión del mismo para Euskadi para diluir su impacto. En definitiva, estamos asistiendo a un caso de lobby en directo, que puede dar al traste con unos ingresos al Estado que son más que necesarios para el mantenimiento de las políticas sociales.

Son muchas las preguntas que surgen ante toda esta polémica. Hay una primera evidencia: quien más gana tiene la obligación de aportar más. Pero se niegan a hacerlo en redondo. El Congreso tiene la oportunidad de poner en cuestión estos argumentos, para ir hacia una política de mayor justicia social. Lo que finalmente ocurra con esta tasa será solo un pequeño elemento, pero muy significativo de hacia dónde están yendo las prioridades políticas. Esperamos que cunda la racionalidad.