Opinión · Corazón de Olivetti
España, en el lado oscuro de la fuerza
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Gente responsable, aunque de uniforme, se esfuerza por reconstruir puentes, enterrar cadáveres ajenos, evitar que Caín y Abel la emprendiesen a mamporros en cualquier rincón del planeta, auxiliar damnificados, o arropar con mantas a la inmigración aterida en las playas de este primer mundo que empieza a dejar de serlo. Esa viene siendo la imagen al uso de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de seguridad. A pesar de que altos representantes del Estado, desde sus más o menos cómodos despachos, les enviasen a ojos del huracán y a tormentas perfectas, a guerras remotas o a dramas cercanos, siempre teníamos el consuelo de que eran de ley los hombres y mujeres que izaban la bandera española en bases del quinto pino o hablaban nuestro idioma sobre las embarcaciones y plazafuertes que vigilaban el supuesto paraíso comunitario. Que nuestros soldados o nuestros agentes venían a ser una especie de scouts con licencia para morir, pero para matar poquito.
Algunos informes delataban sin embargo contradicciones en tan perfecto retrato. Los de Amnistía Internacional y los de las asociaciones de derechos humanos, vienen delatando desde hace años que buena parte de la España oficial se pasó ya hace mucho al lado oscuro de la fuerza: palabra contra palabra, las denuncias por malos tratos y torturas se multiplican sin que prácticamente nunca los tribunales de nuestro país hayan dado la razón a quienes ponen en solfa que sea necesariamente unánime el comportamiento por lo común abnegado de nuestros policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones. A pesar de que, cuando no existan otros indicios, la palabra de un representante público tiene más valor que la de quien se encuentra custodiado, a los ojos de la diosa justicia sorprende que nuestros tribunales nunca hayan considerado otras pruebas en algunos casos que han pasado de puntillas por delante de sus narices y que han generado sin embargo sentencias condenatorias en estamentos internacionales.
En febrero de 2012, sin ir más lejos, el Comité contra la Tortura de la ONU declaró que España violó la convención internacional en septiembre de 2007 cuando varios efectivos de la Guardia Civil llegaron a pinchar el salvavidas de un inmigrante senegalés que pereció ahogado cuando intentaba llegar a España. Según dicho dictamen, tres agentes detectaron a tres hombres y una mujer que intentaban llegar a nado a la ciudad, desde la cercana costa marroquí. A pesar de que un juzgado local archivó el caso, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) llevó el asunto hasta Naciones Unidas como una clara vulneración del artículo 16 de la Convención contra la Tortura, al considerar que se trataba de un “trato cruel, inhumano y degradante” el hecho de que los agentes los subieran a bordo de su lancha para trasladarlos hasta aguas marroquíes y arrojarlos nuevamente al mar, sin sus salvavidas, provocando la muerte de Lauding Sonko, de 29 años, que, según acepta la resolución, "se agarró fuertemente a la barandilla de la embarcación, repitiendo que no sabía nadar, pero los guardias emplearon la fuerza para soltarlo y echarlo al mar".
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Un año más tarde, no se sabe a ciencia cierta si el Estado español ha obedecido el mandato de la ONU a fin de “proceder a una investigación pronta y completa”, del asunto, a fin de explicar las circunstancias del incidente, "con independencia del hecho de que los guardias civiles hayan pinchado su flotador o a que distancia de la orilla lo hayan depositado, este fue dejado en condiciones que le causaron la muerte".
Ahora, el juzgado número 3 de los de Arrecife ha decidido exonerar de culpa a ese mismo Instituto Armado por los hechos acaecidos el pasado 13 de diciembre en Lanzarote cuando, a la luz de un video del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), un embarcación de la Guardia Civil arrolló prácticamente a la frágil barca que se aproximaba al litoral de Costa Teguise. Según dicha resolución, el cabo de la patrullera no tuvo ninguna responsabilidad y el accidente se debió exclusivamente al patrón de la patera, “quien realizó dos maniobras de giro a la derecha, además de soltar el timón, lo que provocó que la patera interceptara la trayectoria de la patrullera de la Guardia Civil, que nada pudo hacer para evitar la colisión", según los argumentos judiciales. La vista debe engañarnos a todos, menos a la jueza Ángela López-Yuste, que tan sólo ha aceptado el testimonio del guardia civil que manejaba la cámara térmica a bordo de la patrullera en el momento de los hechos y en el visionado de las imágenes captadas por el SIVE y por las cámaras de seguridad del cercano Hotel Oasis. Se especula con que el siniestro provocó siete muertes, aunque sólo fue rescatado un cuerpo. Nadie pudo oír a los supervivientes de dicha catástrofe, porque habían sido cautelarmente expulsados del territorio español por parte de nuestras autoridades, sin haber permitido que subieran a un estrado para contar su parecer.
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Para colmo, en diario “El País” acaba de difundir un video grabado en Diwaniya, la base principal de las tropas españolas en Irak, durante los primeros meses de aquella estupefacta invasión del país en la que participamos a la busca de armas de destrucción masiva y de pingües beneficios que nunca llegaron. Los beneficios fueron a parar a otros bolsillos distintos a los de la soldadesca que entonces se movilizó o al país que la enviaba al matadero. Y la destrucción masiva no sólo fue obra de la política suicida de Sadam Hussein sino, muy especialmente, de los ejércitos aliados entre los que, para nuestra vergüenza, descolló de manera indigna nuestra bandera. Ahora, apreciamos como ante los impasibles ojos de tres testigos, otros tres energúmenos a sueldo de los contribuyentes de esta España ahora saqueada por los tanques de los mercados financieros, la emprendían a patadas con dos cautivos. En tan sólo cuarenta segundos, aunque la base española no fuera la siniestra prisión de Abu Ghraib, asistimos a una nueva página de la historia universal de la infamia sobre la que, mucho me temo, se extenderá un nuevo velo de silencio. ¿Qué se hizo, por ejemplo, para esclarecer, en febrero de 2005, la denuncia formulada por Flayeh Al Mayali? Ya ni siquiera gobernaba el PP y aquel individuo, acusado por el atentado contra agentes del CNI en Iraq, prestaba un estremecedor testimonio ante el ojo público de Gervasio Sánchez: "Los servicios de inteligencia españoles me acusaron sin pruebas y me golpearon"..."Me pusieron una capucha, me ataron y me pegaron bofetadas y golpes en las mejillas"... "Me metieron en una habitación muy húmeda y me impidieron dormir. Me llamaban "perro" cuando les pedía que me dejaran ir al servicio"... "Los soldados españoles no dejaron de repetir que era un "hijo de puta" y un "maricón". Cuando yo les preguntaba por qué me trataban así, ellos me gritaban: "No abras la boca, cabrón". Me golpearon varias veces con los fusiles. Desde entonces me duele muchísimo la mano izquierda. Recibí un trato inhumano y degradante, como si fuera un perro". Aquella vez, sin embargo, no hubo video.
Hay otros casos. Aislados, claro. Sin esclarecer, casi siempre. ¿En qué beneficia todo ello a la imagen de nuestras fuerzar armadas, de nuestros cuerpos de seguridad? ¿No les indignan esas actitudes al sinfín de militares que arriesgan su pellejo no siempre por causas humanitarias sino por intereses políticos o económicos que casi nunca entendemos? Nadie impide que, entre un colectivo tan numerosos, puedan existir manzanas podridas y excepciones vergonzantes. Lo que no resulta excepcional, lamentablemente, es que nuestro Estado y sus instituciones intenten echarle tierra encima a la ignominia o esconder su cabeza de avestruz cuando se incumple por capricho la exigencia de violencia mínima que establecen los manuales a la hora de practicar detenciones. El Reino Unido pidió disculpas por el comportamiento de algunos de los suyos en Irak. Aquí nadie lo hará. Les apuesto una edición de las obras completas de Pedro Morenés, Jorge Fernández Díaz y José Manuel García Margallo.
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