Trapero y los derechos sociales

                                                                                   Fotografía Andreu Dalmau/EFE

Josep Lluís Trapero ha dicho, en su primera comparecencia después de la retoma de posesión de su cargo al frente de Mossos d'Esquadra, que la sociedad catalana vive momentos de tensión como consecuencia de la pandemia, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, sin ingresos, y tiene problemas para llevar alimentos a casa. Ha constatado esta realidad para anunciar su voluntad de impulsar la tarea de la policía en el ámbito social.

Un propósito destacable, ciertamente, porque todas las policías, y Mossos no es una excepción, muy a menudo tratan con encarnizada violencia a personas que hacen uso de su derecho a la protesta, para reclamar condiciones de vida dignas. La policía catalana, y otras muchas, por el contrario, dan a menudo otro tratamiento a los estamentos privilegiados de la sociedad, incluso cuando entre ellos hay quién comete delitos flagrantes.

Por eso en todo el Estado se puede constatar la existencia de un alto nivel de desconfianza social en los cuerpos policiales, cuando lo deseable sería que la inmensa mayoría de la ciudadanía viera en estas fuerzas un servicio útil y apreciable.

En este sentido, en Catalunya por ejemplo, convendría que Trapero y los responsables de Mossos d'Esquadra analizaran minuciosamente la historia de las actuaciones de una unidad como la BRIMO y tomaran conciencia de qué sectores sociales han sido casi siempre víctimas de sus intervenciones.

Pero el major de Mossos también ha anunciado que tiene la intención de “huir de la politización del cuerpo y mantenerlo fuera de cuestiones que no tienen que ver con el trabajo policial”.

Se habría agradecido algo más de concreción. Quizás no era posible. Pero puestos en materia política, los mandos de la policía catalana tendrían que revisar seriamente el grado de infiltración de la ultraderecha, para corregir la complicidad que demasiadas veces se observa de algunos agentes con grupos que desprecian o niegan los derechos democráticos de sus conciudadanos.

Josep Lluís Trapero, además, ha asegurado que tiene la voluntad de "recuperar la confianza institucional", en referencia en los cuerpos policiales españoles, y ha explicado que ya se había puesto en contacto con el general de la Guardia Civil y con el jefe de la Policía Nacional en Catalunya, así como con sus homólogos en Madrid. "Me he encontrado con la mejor de las respuestas", ha dicho. Es lógico y deseable que así sea, y que el major de Mossos d'Esquadra quiera normalizar relaciones con los responsables del resto de fuerzas de policía. No puede ignorar su existencia y sería un irresponsable si no hiciera todo lo posible para conseguir una buen nivel de colaboración estrictamente profesional. Tiene que intentar que quienes lo acusaron ante los tribunales y lo presentaron como un delincuente asimilen ahora de la mejor manera posible que vuelve a ser el jefe de la policía catalana.

Quizás no se le puede pedir que ahora lo diga públicamente, pero hace falta que mantenga conciencia muy clara de qué tipo de agentes son los que se desplazaron hacia Catalunya al grito de ”a por ellos”, qué tipo de responsables de seguridad son los que se reservaron la información que tenían sobre la iman de Ripoll, quién son los mandos policiales que salen al balcón de la siniestra sede de Via Laietana a saludar los ultras que les aclaman desde la calle, quién es Daniel Baena y cuales han sido sus actuaciones, a qué se dedica Diego Pérez de los Cobos y cual es su historial y qué cómplices conserva José Manuel Villarejo dentro de la Administración.

La sociedad catalana celebra, parece evidente, la restitución de Josep Lluís Trapero como jefe de Mossos d'Esquadra. Su absolución marcó un hito en el reconocimiento de la verdad sobre lo que ha sido el proceso soberanista. La recuperación de su cargo es un acto de justicia también. Hace falta que contribuya sin concesiones a que la policía haga respetar el ejercicio de los derechos sociales y democráticos.