Ecuador: Paquetazo económico brutal

Cualquier persona en su sano juicio consideraría una locura hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Se atribuye a Albert Einstein la paternidad de esta expresión que viene como anillo al dedo ante la dramática situación que se está viviendo en Ecuador desde hace dos semanas.

Casi 50 años de aplicación de medidas con el sello del Fondo Monetario Internacional demuestran la incapacidad de este tipo de recetas para resolver los problemas económicos de los países a los que se imponen. Bajo los términos “liberalizar” y “desregular” se han encarecido los bienes y los suministros más básicos y necesarios para la gente en muchos lugares del planeta. También se llamó “paquetazo” a las reformas económicas que realizó Carlos Andrés Pérez en Venezuela y que, a cambio de un préstamo de 4.500 millones de dólares del FMI, incrementó los precios de la gasolina, el transporte público, los alimentos y otros productos de primera necesidad al tiempo que se congelaban los salarios. El pueblo venezolano se rebeló y la brutal represión causó, según cifras oficiales, 2.000 muertos. No está de más recordar el deterioro social brutal causado en Bolivia, Argentina o Haití, por poner solamente ejemplos de América Latina, con la aplicación de medidas que solo equilibran la economía a costa de las clases populares.

Consiguen los objetivos sí, pero los de las élites.

Por ese motivo, la decisión de aceptar la condicionalidad impuesta por el FMI a cambio del crédito de 4.200 millones de dólares e imponer un severo ajuste que afecta a quienes son más vulnerables, iba a tener consecuencias. Sorprenderse a estas alturas de que, cuando se asfixia a la población, esta se lance a la calle, no deja de ser curioso. Ante algo absolutamente lógico, que el pueblo proteste por las injustas medidas gubernamentales, el gobierno de Lenin Moreno se ha empeñado en una postura tozuda que solo le lleva al suicidio político. Ha optado por reprimir con salvaje violencia policial y militar las movilizaciones de miles de indígenas, estudiantes, pobladores y trabajadores que se han levantado en todo el país, antes que derogar el “paquetazo económico” impuesto por Decreto el pasado 1 de octubre.

El discurso oficial del gobierno ha sido el habitual. Parafraseando a Margaret Thatcher han repetido hasta la saciedad que no había alternativa. Sostienen que es necesario eliminar los subsidios a los combustibles (gasolina y diésel) y afirman de manera obsesiva que hay que recortar el gasto público, incluso a costa de vulnerar grave e inconstitucionalmente, los derechos laborales de los servidores del estado. Al mismo tiempo defienden que, de manera simultánea, deben aligerarse las cargas a los sectores importadores y empresariales, eliminando o bajando aranceles y disminuyendo el impuesto a la salida de capitales (ISD).

Las medidas económicas impuestas no son sino el adelanto de otras que se enviarán próximamente a la Asamblea Nacional como reformas económicas, según han anunciado voceros del gobierno-, que vulneran gravemente a la mayoría de personas, lesionan la economía y no contribuyen a resolver ninguno de los problemas fiscales o de cuenta corriente y ponen incluso en riesgo, el sistema de dolarización. La eliminación de los subsidios a la gasolina extra con etanol incrementará su precio en 75 %, la gasolina extra subirá un 60 % y el diesel que aumentará en más de 200 %, encarece el precio de todos los bienes y servicios en un país con los precios ya demasiado elevados para las clases populares. De ahí que se hayan movilizado inmediatamente los pequeños campesinos de la sierra, porque esta medida aumenta sus costos de transporte y el precio de todos los productos (sobre todo los que compran al sector urbano), deteriorando aún más su situación de pobreza. Y esto ocurre al mismo tiempo que los indicadores de bienestar empeoran ya que la pobreza rural pasó del 38,2 % en diciembre de 2016 a 43,8 % en junio de 2019 y la extrema pobreza subió de 17,6 % a 17,9 %, en ese período. También es lógica la reacción de estudiantes secundarios, universitarios y pobladores, especialmente de Quito, pues la pobreza en la capital pasó de 7,9 % en junio de 2016 a 11,9 % en este año; y la extrema pobreza de 1,7 % a 3,6 %, en el mismo período. Para muestra, un botón. Por ejemplo, la elevación de los precios del transporte en Quito, significa que una persona que toma 4 buses diarios, va a pasar de un gasto en transporte de 1 dólar por día a 1,40 dólares (42 dólares al mes), equivalente al 10,6 % del salario mínimo mensual.

No se conformaron con todo lo anterior. También se ha anunciado la disminución de los salarios de los empleados públicos, con medidas específicas que reducirán el 20% la remuneración de los contratos que sean renovados y la disminución de 15 días de vacaciones al año. Medidas brutales en un país donde el empleo adecuado bajo de 41,2 % en diciembre de 2016 a 37,9 % en junio pasado; y donde la previsión de crecimiento de la economía para este año, según el propio FMI, es de -0,5 %. Si suben los precios, si el crecimiento es negativo y se congelan o disminuyen los salarios, el resultado lógico es una caída del poder adquisitivo y un tremendo deterioro de las condiciones de vida. Pero además está el perverso señalamiento al servidor público como una persona vaga e improductiva que forma parte de la estrategia de desvalorizar todo lo público, con el objetivo final de privatizar todo lo posible.

Y al mismo tiempo que esto ocurre y que se deterioran las condiciones de vida de la población, las ganancias de los bancos se han incrementado un 40% pasando de 396 millones de dólares en 2017 a 554 millones en 2018. El “paquetazo económico” seguirá acrecentando los beneficios de los grandes poderes económicos. Más beneficios fiscales a las grandes empresas y eliminación de forma indiscriminada el anticipo del impuesto a la renta se suman a los que ya recibieron los empresarios morosos o evasores, el año pasado, cuando el gobierno les perdonó las multas, intereses y recargos a las deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y con los municipios, en un monto que bordea los 4.000 millones de dólares, casi el 4 % del PIB. Vamos, una amnistía fiscal en toda regla.

Pero todo este sacrificio del pueblo servirá, según el gobierno de Lenin Moreno, para obtener ingresos por importe de 2.986 millones de dólares. Las compensaciones vía transferencias directas a importadores y empresarios alcanzarán los 713 millones de dólares. A cambio, habrá una compensación social a los más empobrecidos de 15 dólares adicionales a quienes reciban el bono de desarrollo humano, alcanzaría, en el mejor de los casos, 234 millones de dólares.

Las medidas arancelarias y tributarias no contribuirán a solucionar ni el déficit fiscal, ni los problemas del sector externo, ni tampoco los problemas productivos. Pero, eso sí, agravarán las ya deterioradas condiciones de vida de la mayoría de la población, especialmente la que percibe ingresos bajos y medios.

Por ese motivo, porque ya sabemos lo que le ocurrió a los pueblos que adoptaron las “soluciones” del Fondo Monetario Internacional en el pasado, sería absurdo que el pueblo ecuatoriano se resignara a perder derechos sin luchar.

Lenín Moreno tiene una vía de escape a este callejón sin salida en el que ha metido al país: Derogue el paquetazo, cese a sus ministros represores y convoque de manera inmediata elecciones.