El embarazo de Susana Díaz como oportunidad

María Pazos Morán

Investigadora del Instituto de Estudios Fiscales, activista de la PPIINA y autora del libro 'Desiguales Por Ley' 

La Presidenta de Andalucía está embarazada y todos los medios de comunicación se lanzan a las especulaciones: ¿influirá este acontecimiento en el calendario electoral? ¿Qué repercusión tendrá sobre sus tareas de gobierno?

Por otro lado, los mismos medios preguntan a diestro y siniestro: ¿cree usted que  la presidenta debería tomarse sus 16 semanas de maternidad para dar ejemplo, al contrario de lo que hicieron Soraya Sáenz de Santamaría y Carme Chacón? Así, mal si Díaz se coge el permiso, y mal también si opta por no hacerlo.

He aquí una oportunidad para reflexionar sobre tamaño disparate. ¿No es curiosa esa permanente exigencia a las mujeres de que hagan algo y a la vez lo contrario? O aún peor: como nadie puede tocar las campanas y estar en la procesión, la pregunta siguiente es qué hace Susana Díaz en ese alto cargo si ello implica necesariamente tener que elegir entre ser una mala presidenta o una mala madre. A Segolene Royal se lo preguntaron explícitamente cuando se presentó a las elecciones presidenciales francesas: “¿Quién va a cuidar de sus hijos?”. Y ella se vio obligada a justificarse: “Ya son mayores”.

Por otro lado, es curiosa la pertinaz sorpresa ante algo que ya se ha producido tantas veces. ¿No ha sido ya demasiada noticia la descendencia de las políticas? En cambio, nadie repara en que un político vaya a tener una criatura. Con algunas excepciones, bien es verdad, pero en esos casos la noticia es que se tomen dos semanas de permiso, como hizo Jordi Sevilla cuando era ministro, o una semana a tiempo parcial, como Tony Blair cuando era presidente. Una o dos semanas en lugar de nada, porque en general pareciera que los hijos/as de los hombres políticos se cuidaran solos.

El caso de las mujeres y los hombres políticos es excepcional, pero tiene un efecto simbólico importante. Simbólico es que hoy en España, cuando nace una criatura, el padre solamente tenga dos semanas de permiso, o sea la octava parte que la madre. Por el contrario, imaginemos que el permiso de paternidad se equiparara al de maternidad, como propone la PPIINA, de tal forma que los padres tuvieran sus 16 semanas intransferibles y pagadas al 100% para poder ejercer su derecho en igualdad con las madres: ¿se le harían entonces las mismas preguntas a las políticas? Estoy segura de que los medios buscarían a los políticos para ver si daban ejemplo a los hombres, y así todos ejercieran el derecho y el deber de cuidar a sus hijos que la ley les habría concedido. O, si reconocieran que el puesto de ministro o presidente es excepcional, la misma excepcionalidad se aplicaría a las ministras y presidentas.

En el caso de la mayoría de las familias —hombres y mujeres con vidas corrientes y medios escasos—, conceder a los padres el mismo permiso que a las madres sería un paso gigantesco para que éstos se implicaran extensivamente en el cuidado de sus criaturas; para la igualdad en el empleo; para la disolución de los roles de género en la pareja; para que las criaturas disfrutaran del cuidado en casa durante 32 semanas (en lugar de 16 ó 18) y de un papá mucho más cercano; para que las familias tuvieran cubierto ese tiempo precioso de unos 8 meses sin tener que hacer malabarismos y sin aumentar sustancialmente su riesgo de pobreza al quedarse la madre sin su empleo (lo que es bastante frecuente actualmente).

Más allá de que los hombres cuidan cuando se les ofrece oportunidades reales para ello, como se ha comprobado con las dos semanas de permiso de paternidad en España o con los varios meses que ya tienen en algunos países,  la concesión a los padres de un permiso intransferible e igual al de las madres vendría indudablemente acompañado de un debate social pendiente y necesario. Porque no se trata ya de que los padres dediquen a la crianza dos o incluso cuatro semanas (lo que sería aún la cuarta parte de las 16 que tienen las madres), sino de que dediquen ni más ni menos el mismo tiempo, aunque a tareas diferentes y en periodos distintos. Por el simple reconocimiento de un derecho laboral y de la Seguridad Social que actualmente se escamotea a los hombres, esta reforma supondría la afirmación colectiva de que para ser verdaderamente iguales tenemos que serlo en todos los ámbitos.

¿Queremos de verdad terminar con esta extraña situación —en la que vivimos de forma contraria a como pensamos— en la que ni dejamos a nuestras mujeres trabajar en paz ni a nuestros hombres cuidar en paz? Ello requiere reorganizar los cuidados para no caer en las trampas en las que estamos ahora. Los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% son una reforma evidente, fácil, barata y rentable. Una reforma que, no siendo la única necesaria para dicha reorganización de los cuidados, sí supondrá por sí misma una revolución en la concepción que tenemos de quién debe hacer qué. Una reforma, un debate, que nos situará a la altura de las aspiraciones de la sociedad actual.

En definitiva, la ley de los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% supondría reconocer, por primera vez en la práctica, que las criaturas son responsabilidad de sus progenitores/as por igual. Y, al igual que el matrimonio igualitario ha contribuido a que España sea ya el país menos homófobo del mundo, acabaría con nuestra mirada sesgada que nos hace olvidar a los padres como cuidadores.