Debates, consensos y respuestas

Una bandera 'trans' ondea ante el Congreso de los Diputados. EFE/Luca Piergiovanni

Las leyes aprobadas por Gobiernos Socialistas que avanzan en derechos siempre son recurridas ante el Tribunal Constitucional por los mismos sectores de siempre. Los mismos que siempre se han opuesto al divorcio, al aborto, la violencia de género o al matrimonio igualitario. Los mismos que incluso, en los últimos años, no dudan en enarbolar la bandera LGTBI, que en su momento negaron. Por ello, desde el PSOE debemos legislar con pasos firmes y seguros en el desarrollo de un marco legal que garantice la no discriminación y el pleno disfrute de los derechos del colectivo LGTBI, especialmente de las personas trans.

Los socialistas siempre hemos trabajado por lograr los mayores consensos posibles, el de las fuerzas parlamentarias progresistas y el de los colectivos con los cuales compartimos activismo y militancia. Así, el debate exacerbado de estos días corresponde más a otros intereses que nada tienen que ver con la realidad.

Para combatir cualquier discriminación apostamos por una Ley Integral de Igualdad de Trato, que entronca con la tradición de España como referente internacional en la protección del derecho a la igualdad y la inclusión de la diversidad.

Fuimos pioneros en 2007 en aprobar una Ley Reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Somos conscientes que catorce años después debemos seguir avanzando y debemos hacerlo con garantías.

No nos engañemos entre aliados y aliadas, no es cierto que el borrador de ley presentado por el Ministerio de Igualdad sea básicamente igual a la reforma de la Ley 3/2007, que no llegó a aprobarse debido a que se convocaron elecciones. Aquel Informe de Ponencia tenía  3 artículos, el borrador en cuestión 39, además de disposiciones adicionales, finales, etc. que son muy relevantes, porque es donde se contienen las modificaciones de otras leyes.

Volviendo la vista a Europa, los requisitos que se exigen a las personas  que desean cambiar jurídicamente su sexo difieren de manera considerable de un Estado miembro a otro. Desde los que no lo permiten o los que exigen requisitos como la esterilización, hasta los que han modificado su legislación para reconocer el cambio de sexo sin requisitos médicos.

Para el Partido Socialista, la despatologización ni ha estado ni está en cuestión. Defendemos que las personas transexuales puedan cambiar su sexo en el registro sin informe médico ni psicológico pero con garantías y seguridad jurídica.

Mirando a nuestro alrededor, la ley portuguesa de 2018 recoge que el cambio registral se realice sin requisitos médicos y condiciona las posibles modificaciones posteriores. La danesa, cuya aprobación fue realizada en 2015, introduce un periodo de reflexión de 6 meses para que la persona solicitante confirme de forma definitiva la petición inicial. La ley belga también establece periodos de reflexión.

Debemos ser capaces de dotarnos de una norma para cumplir con este compromiso. Sirviéndonos de las experiencias y de las prácticas puestas en marcha en otros países de nuestro entorno, que ya han establecido garantías y seguridad jurídica y que podemos adaptar a nuestro ordenamiento jurídico.

Estoy convencida que con dialogo, con trabajo, despojándonos de maximalismos, alcanzaremos dar un nuevo paso y avanzaremos en la protección de los colectivos LGTBI.

Tenemos que trabajar para fortalecer nuestro ordenamiento jurídico en materia de no discriminación.  Estamos ante una oportunidad extraordinaria para resolver las injusticias y la desigualdad que sufren todos los colectivos discriminados en nuestra sociedad. La Ley de Igualdad de Trato, que está en tramitación parlamentaria, establecerá el marco general de protección y no discriminación en nuestro país. Junto a ella, abordaremos en la Ley LGTBI las necesidades específicas (administrativas, laborales, sanitarias.) de este colectivo y en particular las dificultades de las mujeres y los hombres trans.

Nos merecemos un debate sosegado y tranquilo. Trabajando de la mano de la sociedad civil seremos capaces de ampliar los derechos de los colectivos discriminados. Encontraremos las fórmulas y respuestas necesarias para proteger a las personas trans. Y todo ello, lo plasmaremos con las garantías jurídicas necesarias para que se pueda aplicar por los operadores jurídicos.