La irresponsabilidad social de las multinacionales españolas en Qatar

Carlos Bravo

CCOO Secretario de Protección Social y Políticas Públicas

El 29 de mayo, afiliados de sindicatos de la construcción, de 10 organizaciones sindicales afiliadas a la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), se manifestaron frente al Congreso de la FIFA en Zurich con cruces para simbolizar a todos los trabajadores que han muerto en Qatar en la construcción de las infraestructuras del Mundial 2022.

Tal y como se demandó allí, la FIFA debe exigir que los países anfitriones de eventos de la Copa del Mundo cumplan con los principios de los ocho Convenios Fundamentales de la OIT y garantizar los principios rectores de la ONU y las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Lo mismo se ha exigido a las empresas que patrocinan la FIFA -Coca-Cola, Adidas, Visa, McDonalds e Hyundai- para que presionen a la FIFA para que garanticen los derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo seguras y dignas.

Esta movilización se enmarca dentro de las medidas que desde ICM se están adoptando para afrontar las graves violaciones de derechos humanos y laborales que están sufriendo los trabajadores en Qatar. Un día antes, el 28 de mayo, la ICM presentó una demanda contra la FIFA en Suiza por no respetar, al otorgar la copa del Mundo 2022,   las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, que insta a las empresas a "respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de aquellos afectados por sus actividades". En la denuncia se destaca que la FIFA no ha identificado, ni prevenido sus impactos negativos sobre los derechos humanos en Qatar. La confiscación sistemática de pasaportes, la discriminación generalizada, el impago de salarios, la ausencia del derecho de libertad de asociación y de condiciones de trabajo seguras son hechos que están presentes en el día a día de los trabajadores migrantes de Qatar.

La dimisión de Blatter, tras los escándalos de corrupción, que afectan a toda la entidad, dará la oportunidad a la FIFA de corregir el daño ocasionado, como manifestó Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y se debe exigir que Qatar tenga una normativa laboral que sea conforme a las normas internacionales, como condición necesaria para poder acoger la Copa del Mundo en 2022. El mundo no debe aceptar  una Copa del Mundo apoyada en un sistema de esclavitud moderna.

Con investigaciones en curso sobre corrupción en EE.UU. y Suiza, que empujarán a la FIFA hacia un punto crucial para la introducción de reformas respecto a su propio funcionamiento, la atención también se centra en las empresas patrocinadoras de la FIFA, y en las grandes multinacionales del sector de la construcción que están obteniendo enormes beneficios del sistema de la kafala en Qatar. Por todo ello, es necesario acabar con la doble plaga de la corrupción y la explotación laboral.

En el marco de la acción sindical internacional con respecto a las empresas multinacionales que actúan en Qatar, la citada Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) denunció el pasado 28 de mayo que grandes empresas del sector siguen sin ofrecer información sobre las condiciones de trabajo de su actividad en Qatar.

24 empresas fueron contactadas, con este objeto, por Business and Human Rights Resource Centre (Organización internacional e independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a promover la transparencia y el respeto a los derechos humanos en las empresas); la mayoría no han respondido todavía y 5 de ellas se han negado a responder: Consolidated Contracting Company, Habtoor Leighton, Midmac, Porr y WCT Holdings.

Tal y como se puede leer en la página Web de Human and Business Rights, la empresa Habtoor Leighton Group (HLG) de Emiratos Árabes Unidos obtuvo más de mil millones en contratos de construcción en Qatar en 2014. Esta empresa, que declaró que “tiene una política muy estricta y muy clara y no proporciona ninguna entrevista, respuesta o comentario”, está participada en un 45% por CIMIC de Australia que a su vez es propiedad de Hochtief de Alemania y, todas ellas forman parte del Grupo Actividades de Construcción y Servicios (ACS). La respuesta de Hochtief se refiere a sus propios proyectos en Qatar, mientras que ACS se remite a la respuesta de Hochtief. En resumen, elusión de asunción de responsabilidad, amparándose en una estructura empresarial compleja que, sin embargo, no impide ver a la matriz española ACS como último responsable, por acción u omisión, de estos comportamientos.

Entre las empresas que todavía no han respondido a Human and Business Rights, se encuentra otra española, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Ambas empresas deben responder, tanto por sus impactos directos como indirectos sobre los derechos humanos en Qatar; y en caso de que detecten violaciones de derechos humanos, deberán establecer las medidas correctoras que subsanen la situación, de acuerdo al marco "proteger, respetar y remediar" de los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se basa en: la obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.

De acuerdo con el Comité de la OIT sobre libertad de asociación, la legislación laboral de Qatar restringe el derecho de los trabajadores migrantes a formar o afiliarse a sindicatos, una protección que está incluida en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Además, todos los trabajadores extranjeros -independientemente de la condición económica o cualificación- están sujetos a la kafala que vincula al trabajador migrante al patrocinador, que es a menudo un empleador. El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes señala que "la kafala permite a los empleadores sin escrúpulos explotar a los trabajadores."

Bajo las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, las empresas que operan en Qatar deben evitar infringir daños a los derechos humanos de los trabajadores migrantes y abordar los impactos negativos sobre los derechos humanos en los que están involucrados. Tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de los trabajadores, no sólo dentro de sus propias operaciones, sino también en las de sus socios y subcontratistas.

Una empresa socialmente responsable en el siglo XXI, por tanto, debe abordar todas las cuestiones relativas a los impactos que genera su actuación en la cadena de valor, y en las comunidades en las que está presente.

Existen experiencias en el ámbito internacional que nos muestran el camino a seguir: el Acuerdo para la prevención de incendios y para la seguridad de los edificios en la industria de la confección de Bangladesh firmado por importantes marcas y empresas multinacionales, fabricantes y distribuidoras de ropa, con las Federaciones Sindicales Globales de la Industria y los Servicios “IndustriALL Global Union” y “UNI”, tras el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh en el que fallecieron 1.134 trabajadores; más de 2.000 sufrieron lesiones graves y varios miles perdieron su trabajo.

O la política de RSE con respecto a la cadena de valor de una de las empresas signatarias, Inditex, que firmó un Acuerdo Marco Internacional con la predecesora de IndustriALL, la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestido y Cuero (FITTVC) en 2007 tras varios años de negociación. En este caso, también fue el derrumbe de una fábrica (Spectrum) en Bangladesh (2005), en el que 64 trabajadores perdieron la vida y 80 personas resultaron heridas, el trágico hecho que contribuyó a modificar su aproximación a estas cuestiones y hacer que Inditex hoy, tenga una posición aventajada, al menos en esta materia de RSE.

En Qatar ya conocemos los trágicos hechos que vienen sucediendo: denuncias de trabajo forzoso; unas cifras alarmantes de mortalidad entre los trabajadores migrantes; ausencia de normas de seguridad y salud en los centros de trabajo y en los alojamientos de los trabajadores; retraso en el pago de salarios o pago parcial de los mismos y la ausencia de derechos fundamentales como son la libertad de asociación y la negociación colectiva.

Por otra parte, la explotación laboral en Qatar, va más allá del sector de la construcción, tal y como pudimos observar en las pasadas elecciones a la presidencia del FC Barcelona, en las que la Internacional Sindical Mundial CSI, instó a los socios y seguidores del FC Barcelona que pusieran fin al patrocinio de Qatar Airways al club, ya que esas aerolíneas contravienen los 100 años de tradición de democracia y universalidad del club, tras la crítica de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) después de que la Organización Internacional del Trabajo confirmara casos de discriminación de género. La desafortunada respuesta del Director Ejecutivo de Qatar Airways, Akbar Al Baker, “Me importa un bledo lo que diga la OIT…”; muestra un claro desprecio a un organismo internacional como la OIT y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Es el momento de actuar con responsabilidad y transparencia, es el momento de mostrar el compromiso con Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas y de luchar contra la corrupción y la explotación laboral. Las empresas multinacionales deben demostrar que la RSE es algo más que publicar memorias de sostenibilidad.

El movimiento sindical internacional debatirá estos días en Londres sobre estos asuntos y, estoy seguro de que liderará una vez más iniciativas internacionales para corregir comportamientos inaceptables en materia de derechos humanos y laborales.