Opinión · Otras miradas
La UE sanciona a empresas de mercenarios... sólo si son rusas (II)
Periodista y escritor
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En octubre pasado, el actor Sylvester Stallone anunciaba entristecido que ya no participará en la saga de Los Mercenarios, que se inició en 2010 y cuya cuarta película llegará a los cines en 2022.
El actor y coguionista de las tres primeras películas, en las que interpretó el papel de Barney Ross, jefe del grupo y, cómo no, veterano de la Guerra de Vietnam -al igual que en el papel que interpretó en las cinco películas de Rambo-, dijo al anunciar su retirada: “Siempre he intentado transmitir en mis películas más exitosas ese toque humano. No es tanto la acción, que es evidente por sí misma, sino más bien la idea de ofrecerle al público una forma en la que puedan identificarse, en la misión que sea, con los personajes que aparecen”.
Con Los mercenarios, como antes con Rambo, se pretende por tanto "humanizar", provocar empatía de los espectadores y que se identifiquen con esos Soldiers of Fortune, esos hombres rudos, musculosos, valientes, dispuestos siempre a aceptar encargos riesgosos, a derrocar dictadores latinoamericanos o árabes o aniquilar peligrosos terroristas, en aras, siempre, de defender, donde sea, los valores de democracia y libertad de EEUU y el mundo occidental y cristiano.
La vieja escuela de Hollywood en estado puro. Esa es la imagen del mercenario que aún permanece en el imaginario de muchos. No hace falta más que bucear en Internet para ver en los foros cuántos españoles preguntan qué suma se puede llegar a ganar como mercenario y cómo hacer para sortear la legislación española, mucho menos permisiva que la de otros países sobre el tema.
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Tras el fin de la II Guerra Mundial, en la década de los 50 y 60 del siglo XX, África fue escenario de importantes procesos de liberación nacional y los imperios europeos utilizaron a menudo a mercenarios británicos, franceses, belgas y de otras nacionalidades para llevar a cabo guerras sucias para aplastarlos.
Muchos de ellos contarían luego sus hazañas, cómo conocían mundo con la adrenalina y la testosterona a tope, mucho alcohol, drogas, prostitutas y los bolsillos llenos. Después, a relajarse en algún paraje paradisíaco, y a esperar la nueva misión.
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Los servicios de los mercenarios siguieron siendo requeridos por distintos gobiernos para determinadas operaciones de alto riesgo en las que había que camuflar la autoría de asesinatos y matanzas o para saltarse las prohibiciones de molestos parlamentos.
Así se los vio actuar tanto en la guerra de Afganistán (1979-1989) contra las tropas soviéticas, como en las guerras de los Balcanes; contra el primer gobierno sandinista en Nicaragua; contra las guerrillas de izquierda en Colombia por medio de empresas como la israelí Spearhead Ltd del ex teniente coronel Yair Klein; o en la propia España de Felipe González a través de los GAL en los años 80 para combatir a ETA.
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En los 90s el Gobierno angoleño contrató también a la poderosa Executive Outcomes, una ESMP sudafricana, para combatir a los rebeldes de UNITA, y también utilizó los servicios de mercenariado de esta empresa el Gobierno de Sierra Leona para luchar contra el RUF.
Las propias Naciones Unidas han subcontratado a partir de los años 90 a algunas de estas empresas para servicios de seguridad -no de combate-, como algunas grandes ONGs.
La "Guerra contra el Terror" fue la época de oro para los mercenarios
A pesar de los numerosos precedentes que existen, no sería hasta después de los atentados del 11-S de 2001 en EEUU y el comienzo de la mal llamada Guerra contra el Terror cuando la "profesión" del mercenario daría un salto cuantitativo y cualitativo y pasaría a llamarse "contratista" genéricamente a todo aquel que trabajara para una ESMP, ejerciera como transportista, guardia jurado, traductor, interrogador, carcelero, torturador o combatiente.
El ex Relator de Naciones Unidas sobre Mercenarios de la ONU, Enrique Bernales Ballesteros, decía airado ante la impotencia que sentía: “Donde hay mercenarios hay violaciones de derechos humanos. Se trata de agentes que torturan y asesinan pero además tienen detrás un engranaje maldito donde el respeto a la vida no interesa”.
No le faltaba razón, pero aún así en este siglo XXI la figura del mercenario volvió a experimentar un gran auge. El concepto de mercenario desapareció en realidad del lenguaje oficial y su figura quedó difuminada detrás del ambiguo y amplísimo concepto de "contratista".
Privatización de la guerra y puertas giratorias
El fin de la Guerra Fría, con la consiguiente reducción de los ejércitos; la eliminación del servicio militar obligatorio en EEUU, Europa y muchos otros países; las dificultades de reclutamiento y la creciente privatización de la guerra, dieron lugar a la recuperación y potenciación de la figura del mercenario -perdón, contratista- como nunca antes.
El mastodóntico presupuesto militar que logró sacar adelante Bush en el Congreso estadounidense para impulsar su guerra del Bien contra el Mal a nivel planetario -con apoyo del Partido Demócrata- le permitió entre otras cosas al Pentágono subcontratar a importantes corporaciones militares privadas (EMSP, o PMC en inglés) para complementar su despliegue militar, en Afganistán primero, tras la invasión de octubre de 2001, en Irak tras la invasión de 2003, y luego en otros países de Oriente Medio y África.
Fueron decenas de miles de hombres los contratados para participar como combatientes de la cruzada de Bush, Blair y Aznar. La gran mayoría de las corporaciones que intervinieron estaban dirigidas por ex altos oficiales de las fuerzas armadas estadounidenses y británicas o de sus servicios de Inteligencia. Son las puertas giratorias de los guerreros.
Con fuertes lazos con los cuerpos de seguridad a los que pertenecieron, muchos de sus miembros formados en fuerzas especiales con un alto grado de especialización -como las SEAL y Delta Force estadounidenses o las SAS británicas-, se pasan a la empresa privada donde pueden ganar varias veces más que en las instituciones estatales donde adquirieron su experiencia. Un negocio redondo.
En 2004, los principales medios de comunicación mundiales informaron sobre algunos hechos que pusieron en evidencia el protagonismo que estaban teniendo estos personajes en algunos de los episodios más siniestros de la Guerra contra el Terror.
En abril de ese año se filtraron decenas de fotografías y vídeos de los abusos, humillaciones, violaciones, torturas y asesinatos de prisioneros de EEUU cometidos desde un año antes en la cárcel iraquí de Abu Grahib y en la base Camp Bucca por parte de miembros de la 800ª Brigada de la Policía Militar y la 205ª Brigada de Inteligencia Militar de Estados Unidos respectivamente, cometidos desde el comienzo de la invasión a Irak un año antes.
Las investigaciones que se vio obligada a realizar la propia Justicia Militar de EEUU ante la conmoción que provocó en la opinión pública y los testimonios posteriores de supervivientes confirmaron que en esas prisiones actuaron además de ese personal militar agentes de la CIA y decenas de "contratistas".
Varios de los interrogadores eran personal de CACI International (California Analysis Center, Inc.) contratados por el Pentágono, una empresa creada en los años 60 que ya en la época de la invasión de Irak contaba con 10.000 empleados y 100 oficinas en EEUU y Reino Unido.
Al menos dos de sus interrogadores, Stephen Stephanowicz y Torin Nelson, fueron denunciados años después por una decena de sus víctimas iraquíes ante los tribunales de California, al igual que fueron denunciados por malos tratos los traductores Adel L. Nakhla y John B. Israel, pertenecientes estos a otra gran Empresa Militar y de Seguridad Privada (EMSP), la TITAN Corporation, fundada en 1981, que en 2003 tenía ya 12.000 empleados.
Según la investigación militar interna, que se plasmó en el informe del general Taguba, sólo en Abu Ghraib hubo 31 interrogadores de CACI trabajando para la Inteligencia militar estadounidense.
La utilización de mercenarios fue masiva en Irak. Se calcula que hubo más de 50.000, recibiendo una paga promedio en aquel momento de entre 500 y 2.000 dólares diarios, dependiendo de su experiencia, especialización y muchas veces también de su origen. Un estadounidense, británico, canadiense, neozelandés, australiano o francés se cotiza normalmente más que un ex soldado colombiano que combatió contra las FARC, o un ex militar pinochetista, un represor argentino, peruano, un gurka de Nepal o uno procedente de la ex Europa del Este.
Además de CACI y TITAN otras empresas fueron contratadas para aportar interrogadores en Irak, Afganistán y Guantánamo, como la Design Staffing, LLC, con sede en Maryland, o la United Placements (UP), otra empresa militar privada que tenía entre sus "socios industriales" nada menos que al tristemente famoso Oliver North, ex miembro del Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno de Ronald Reagan y pieza clave del Irán-Contra en los años 80.
El número de mercenarios de corporaciones británicas como Ronin Concept, Control Risk Group (CRG) o la super poderosa G4S Secure Solutions llegó a superar incluso al de los soldados enviados a Irak por Reino Unido.
Como las leyes británicas impiden el uso de armas automáticas por parte de civiles -a diferencia de EEUU- el personal contratado por las empresas militares privadas que no tenía una experiencia militar previa recibía formación teórica en Reino Unido, pero el entrenamiento militar se hacía en la República Checa, más permisiva. Un curso de cuatro semanas costaba 5.500 euros a cada candidato.
Otra de las ESMP que tuvo gran protagonismo en Irak y que fue analizada en numerosos libros, entre ellos alguno de este autor, fue Blackwater Security Consulting (actualmente llamada Academi), fundada en 1997 por Erik Dean Prince y Al Clarck con el objetivo central de entrenar a los Marines, tarea que posteriormente se amplió a muchísimos otros campos.
Cientos de sus mercenarios fueron contratados por el Pentágono para operar en Yemen en el año 2000 tras el atentado contra el buque militar estadounidense USS Cole y un año después para apoyar la invasión de Afganistán.
A partir de marzo de 2003 desplegaron miles de hombres en Irak para combatir a las milicias que resistían la invasión, y pronto se conocerían los brutales métodos que utilizaban con esos milicianos o con los sospechosos de serlo, y los asesinatos de civiles que cometían.
En 2004 una multitud reconoció a un convoy de vehículos todoterreno de Blackwater en la ciudad de Faluya, lo interceptó, linchó a cuatro de sus agentes, mutiló y colgó sus cuerpos de grúas.
El Gobierno iraquí de Nuri al Maliki, apoyado por EEUU, terminó viéndose obligado en 2007 a expulsar de Irak a Blackwater ante la ira popular que provocó una matanza protagonizada por personal de la compañía en el que murieron once personas.
Un proyectil de mortero cayó cerca de una céntrica plaza de Bagdad, en el barrio de Al Mansur, en el momento que pasaba un convoy de vehículos de Blackwater, y estos no dudaron en bajarse, desplegarse y disparar sus fusiles de asalto indiscriminadamente matando así a los once inocentes civiles.
Como compensación por las pérdidas que suponía para Blackwater su retirada de Irak poco después el Pentágono le concedía una contrata de más de 40 millones de dólares para entrenar a cerca de 10.000 nuevos reclutas del Ejército.
El Pentágono reparte contratas con distintas compañías militares privadas según la especialidad que necesitan. Junto a Blackwater participaban de ese reparto empresas como Armor Group o Betac, Vinnel -entrenadora de la Guardia Nacional de Arabia Saudí-; SAIC, MPRI, O'Gara Protective Services, Kroll Security o Dyn Corp.
DynCorp, creada en 1946 por pilotos militares estadounidenses veteranos de la II Guerra Mundial, con cuarteles generales en Virginia e ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares anuales, hizo un gran despliegue de hombres en Afganistán tras la invasión de este país en octubre de 2001.
El Pentágono les asignó un voluminoso contrato para hacerse cargo de la seguridad del presidente Hamid Karzai -ex ejecutivo de la gran empresa energética estadounidense UNOCAL- y del complejo de edificaciones estatales y embajadas de la zona verde.
DynCorp también se ha ocupado de proporcionar entrenamiento a la Policía iraquí, de la seguridad del Air Force One presidencial, de probar el alcance de armas del Pentágono, de controlar la frontera con EEUU o de tareas de defoliación de campos de coca en Colombia y otros países.
Una buena parte del presupuesto militar estadounidense está destinado a pagar los subcontratos con este tipo de "ejércitos de alquiler" que proliferan en Estados Unidos, que dan trabajo a cientos miles de hombres y tienen estrecha relación no solo con las fuerzas armadas y la comunidad de Inteligencia, sino también con el influyente lobby industrial.
Los países miembros de la UE y los aliados de EEUU en la OTAN conocen bien las actuaciones de estas empresas estadounidenses, británicas y canadienses -como la Garda World, presente en el cerco a Gadafi en Libia en 2011-; han coincidido con ellas en varios de los frentes en los que operan o han operado -en Irak, Afganistán, Libia, África-.
Sin embargo, y a diferencia del tratamiento que actualmente le está dispensando la UE al Grupo Wagner ruso, como decíamos en el primero de estos artículos, han sido muy contadas las ocasiones en las que se ha denunciado -suavemente- las formas de actuación, abusos, crueldades y crímenes cometidos por mercenarios de esas otras corporaciones citadas.
En esos casos sus crímenes, tanto o más graves que los que puedan cometer los mercenarios de Wagner, rige una vez más el doble rasero; son calificados de simples "excesos", de "casos aislados", que no los hace merecedores de sanción alguna ni justifica denunciar a los gobiernos que los han contratado.
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