Contra el austericidio en la rehabilitación de viviendas

Marco Candela

Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid

Este jueves, la Asamblea de Madrid dio carpetazo a la Proposición de Ley de Podemos sobre rehabilitación de viviendas. PP y Ciudadanos se retrataron una vez más, votando en contra de poder siquiera discutir nuestra propuesta. Planteábamos derogar un recorte presupuestario de 2012 que hizo que 26.000 hogares dejaran de percibir subvenciones que les correspondían para rehabilitar sus viviendas y edificios. Se trataba de obras de primera necesidad, como la instalación de ascensores, necesarios para las personas mayores o con movilidad reducida, la eliminación de barreras arquitectónicas o la mejora de la eficiencia energética de las viviendas.

Como representantes de la soberanía popular madrileña, no queremos que nuestras leyes se sometan a dictados que en última instancia provienen de poderes económicos no elegidos, y que las hacen actuar en contra de los intereses generales de la ciudadanía. Consideramos oportuno legislar en defensa del Estado Social y Democrático de Derecho, aquel del que nos hemos dotado para promover y garantizar, como reza el primer artículo de nuestra Constitución, la igualdad y la justicia. Por eso, pese al rechazo inicial por parte de la Asamblea de esta iniciativa, seguiremos trabajando para sacar adelante una medida que nos parece urgente y fundamental.

La reforma del artículo 135 de la Carta Magna y la subsiguiente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, vienen causando desde el 2012 numerosos estragos en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Entre las víctimas de la férrea estabilidad presupuestaria impuesta por la Troika, se encuentran las ayudas para la rehabilitación de viviendas.

Tanto a nivel estatal como en varias comunidades autónomas, el llamado “austericidio” acabó con las subvenciones dirigidas a mejorar la calidad del parque de vivienda construido. En la Comunidad de Madrid, fue la Ley 4/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público (resumiendo su largo título), la que modificó los presupuestos del 2012 a la baja y recortó en adelante las ayudas a la rehabilitación. Siguiendo la lógica neoliberal de haber elevado a rango constitucional la prioridad del pago de la deuda, tenía sentido este recorte, y siguiendo la letra de la Ley, se suponía que sólo tendría efectos sobre subvenciones futuras.

Pero la realidad fue otra. El recorte establecido a futuro, en la práctica se aplicó retroactivamente, afectando a solicitudes de subvenciones que cumplían todos los requisitos y habían sido presentadas con anterioridad al recorte. Es decir, que fueron defraudadas las expectativas razonables de comunidades de propietarios que, habiendo solicitado las subvenciones en tiempo y forma y cumpliendo todos los requisitos, vieron cómo se les denegaban, a todas luces debido a un recorte retroactivo de las mismas. Pero estos casos, ya de por sí graves, fueron superados por algo peor: casos en los que, estando aprobadas las ayudas, nunca se llegaron a abonar, aludiendo los sucesivos gobiernos autonómicos al tristemente famoso “no hay crédito presupuestario”, o lo que es lo mismo: “¡No hay dinero!” Más grave resulta esta afirmación cuando en realidad sí había dinero. Lo que ocurrió realmente, lo dijo abiertamente en sede parlamentario el entonces Consejero de Vivienda, Pablo Cavero: los fondos finalistas previstos para la rehabilitación de vivienda, procedentes de planes estatales con parte de financiación europea, se habían dedicado a otros fines (Sanidad, Educación y Servicios Sociales). Los fondos para rehabilitación eran finalistas, es decir, que se debían dedicar a su fin concreto: la rehabilitación de viviendas.

Aquí cobra un primer sentido la calificación de “estrago al Estado Social y Democrático de Derecho” que hacía al inicio del artículo: el austericidio se aplicó en la Comunidad de Madrid de forma torticera y abiertamente contraria a las leyes. En otras palabras, el austericidio, en el cómo, se aplicó con total desprecio al Estado de Derecho.

Desgraciadamente, las víctimas materiales de semejante despropósito no fueron meros principios constitucionales, sino personas y sus comunidades. Fueron 26.000 hogares en toda la Comunidad de Madrid, la mayoría en barrios humildes y deprimidos, quienes se quedaron en la cuneta por no recibir estas subvenciones. Personas mayores o con movilidad reducida que siguen teniendo que subir escaleras a duras penas para acceder a su vivienda, porque nunca llegó la subvención esperada para poner la rampa e instalar el ascensor. Familias sin ingresos que sufren en sus carnes el efecto combinado del precio desorbitado de la energía y de viviendas energéticamente ineficientes: pasan frío, porque la subvención para instalar ventanas aislantes, mejores circuitos eléctricos y calderas más eficientes, nunca llegó.

Todo esto por no hablar de quienes, en base a una expectativa razonable de recibir la subvención, pidieron préstamos para adelantar el pago de las obras. Esto no era vender la piel del oso antes de matarlo. Las familias y comunidades que se endeudaron cumplían todos los requisitos legales y solicitaron el oso en tiempo y forma, pero llegaron Angela Merkel y la Troika y mandaron modificar la Constitución española para que los osos se dedicaran primero a rescatar bancos antes que personas. A día de hoy, dichas familias y comunidades sufren a veces, además de la ausencia de las mejoras a sus edificios, el estar con el agua al cuello por la deuda contraída con los bancos. Los mismos bancos cuya deuda privada socializada pagamos todos con fondos que, por ejemplo, podrían ser subvenciones a la rehabilitación.

Aquí vemos el otro sentido de hablar de “estrago al Estado Social y Democrático de Derecho”. La reforma del artículo 135 de la Constitución y los recortes subsiguientes han tenido efectos materiales que dejan por los suelos numerosos derechos fundamentales y principios constitucionales, que se suponían prioritarios al pago de la deuda. El artículo 47 de la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. La condición necesaria para hacer efectivo el derecho no sólo a una vivienda, sino a una que sea digna y adecuada, es asegurar el buen estado de la misma. Si los poderes públicos como la Comunidad de Madrid no promueven que así sea, incumplen la Constitución. Lo grave es que ese incumplimiento sea fruto de aplicar la nueva redacción de un artículo de la misma Constitución.

Priorizar el pago de la deuda por encima de todo deja al Estado materialmente incapacitado. Le impide de entrada cumplir con lo que le mandata el artículo 9.2 de su norma fundamental, esto es, “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” así como “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.”

Decía Rousseau que en el estado de naturaleza, la Ley hace libres a los hombres. Por suerte ya no vivimos en estado de naturaleza, sino en el Estado de Derecho del que nos hemos dotado para fundamentar la paz social en la libertad y el bienestar de todos. Eso sí, las políticas económicas y sociales del PP someten a amplias capas de la población a un estado de necesidad constante. Frente a esta amenaza, las leyes son también la salvaguarda de los de abajo. Las constituciones, las leyes, el Estado de Derecho, son los mecanismos que tiene la gente para hacer valer su libertad y su igualdad frente a cualquier gobierno, para obligar a este a promoverlas y garantizarlas.