Salir del Tratado sobre la Carta de la Energía: la construcción de una pesadilla legal para la industria renovable

El pasado 12 de Octubre, el Gobierno anunciaba discretamente que España se retiraba del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Este Tratado representó el culmen del paradigma neoliberal aplicado a las inversiones extranjeras sobre infraestructuras energéticas. España es actualmente el firmante que más ha sufrido el litigio empresarial derivado de la firma de este tratado, llegando a perder más de 1.228.000.000€ sumados a otros 1.000.000.000€ en gastos de procedimiento hasta la fecha. Para hacerse una idea, esta cifra corresponde a cinco veces el dinero utilizado por el Gobierno para proteger a las familias vulnerables del alza de los precios de la energía hasta antes del verano.

Anclado en el marco político de la post-guerra fría, el TCE propició la liberalización del mercado de la energía de los monopolios estatales durante los años 90. En ese contexto, donde muchos temían en invertir en los países del ex bloque soviético, el TCE se presentaba como la garantía para promover la seguridad en las inversiones energéticas, fomentando mercados más abiertos y competitivos pero sobre todo blindando jurídicamente las inversiones privadas. El tratado daba seguridad jurídica a los inversores extranjeros, impidiendo nacionalizaciones e incluso cambios arbitrarios en las condiciones de inversión.

Sin embargo, en la actualidad, el TCE se ha convertido en un arma legal que ha cargado mayoritariamente contra las renovables y contra los propios intereses nacionales. Según datos estadísticos del propio portal del tratado, el 60% de los litigios de las empresas inversoras contra los Estados firmantes se han ejecutado en contra de las renovables.

Durante la primera década de los 2000 los Estados de la Unión Europea comenzaron un proceso modernizador de sus industrias energéticas. Aprovechando su enorme potencial en energías renovables, España decidió lanzar una contundente política expansiva para desarrollar la industria renovable, apuntando a convertirse en una potencia mundial en el sector. El importante aumento en los regímenes de ayudas atrajo una enorme cantidad de inversiones extranjeras. Es significativo recordar que en 2008, España era el primer destino mundial de paneles solares, con unos cuantiosos subsidios a las renovables que ascendieron de 194 millones en 2008 a 2.600 millones en 2009. Sin embargo, al encontrarse con la inviabilidad del mantenimiento de estos estímulos por la propia naturaleza del mercado, en 2012 se produjo una paralización de los programas introduciendo un nuevo sistema de rentabilidad razonable en 2013 y 2014. Esto significaría un cambio en las condiciones iniciales para los inversores y por tanto una violación del TCE.

El resultado de esta variación regulatoria abrupta, provocada por el volantazo ideológico del cambio de Gobierno, fue devastadora para España quien a partir del cambio regulatorio de 2013 acumuló 1/3 del total de las demandas globales de los países firmantes de este tratado. Mientras la media de casos de arbitraje se ubica en 5 litigios por país firmante, España es el país con más casos (51 casos acumulados), cuadriplicando al siguiente país con más litigios. Los resultados de estos litigios han supuesto unas pérdidas multimillonarias para el Estado.

En 2015, el Acuerdo de Paris y los Objetivos de Desarrollo Sostenible abrirían otra grieta que expondría el desfase del texto del tratado. Ese año supuso un punto de inflexión en los modelos energéticos a escala mundial, poniendo en marcha una transición ecológica global, que se mostraría encadenada por la falta de modernización de este tratado “liberalizador”. La contradicción residía en que, si bien el Acuerdo de Paris aspiraba a una economía verde por medio del fomento del uso de las renovables, el TCE blindaba todas las inversiones energéticas, sin dar margen de flexibilidad a los cambios legislativos y en régimen de subvenciones necesarios para estimular nuevas formas de producción (renovables) dentro del mix energético. Es decir, provocó un estancamiento legal en el que se congelaban las condiciones de mercado en el momento de la inversión, lo cual fue determinante para el desarrollo de la propia industria energética.

Esta semana el Gobierno de España ha tomado la valiente decisión de salir de este tratado, que se ha convertido en parasitario, por la falta de adecuación a la situación del propio mercado energético. Sin embargo, aún existen graves problemas derivados ya que después de la salida de Italia en 2014, el TCE cuenta con la cláusula “Sunset” por la cual las condiciones de protección a los inversores privados se debe mantener vigente hasta 20 años después de la salida del tratado. Esto no solo significa que España puede seguir vinculada a las inversiones realizadas en 2008 con las condiciones de aquel momento, sino que la aplicabilidad de este tratado también erosiona el propio derecho interno de la UE, ya que las empresas inversoras de los países miembros se aferran al TCE para que sus arbitrajes se resuelvan fuera de las propias fronteras de la UE.

Estos son los vestigios de un salvaje modelo neoliberal, derrotado desde una perspectiva práctica pero legalmente vigente, que seguirá retrasando la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático durante décadas. El anuncio de salida del tratado es sin duda una gran noticia, sin embargo, seguimos sin dar una respuesta Europea conjunta sobre cuáles deberían ser las obligaciones de los Estados si este tipo de tratados priorizan los negocios privados por encima de la lucha contra el cambio climático.

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