Otra vez en Madrid un legado histórico y cultural en riesgo de desaparecer

El antiguo Instituto Homeopático y Hospital de San José. -Wikimedia Commons

Un legado histórico está en riesgo de desaparecer, si el heredero convierte aquello que le fue legado en una suerte de venta, haciendo que el bien a la postre no conserve ni los vínculos con su historia, ni su esencia con la esfera pública, ni la idiosincrasia que tenía.

Estamos hablando del antiguo Instituto Homeopático y Hospital de San José que si bien desde hace años es un patrimonio en peligro, hoy ese peligro se acrecienta una vez que el Ayuntamiento de Madrid se ha pronunciado renunciando a su legado cultural en la historia de la medicina y del distrito de Chamberí, decretando desde el consistorio no ejercer el derecho de tanteo a la oferta de opción de compra de una inmobiliaria sobre el llamado cariñosamente por los vecinos “Hospitalillo de Chamberí”, hospital de beneficencia para pobres que tuvo un papel sanitario fundamental cuando a finales del siglo XIX las epidemias de tisis (la tuberculosis) y el cólera diezmaban la población madrileña, salvando miles de vidas.

El edificio declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, es una dotación que fue construida entre 1873 y 1878 gracias a una importante suscripción popular de los vecinos de Madrid encabezada por el Dr. José Núñez Pernía (primer Marques de Núñez), inscribiéndose en el registro de la propiedad a título de la Fundación Instituto Homeopático y Hospital de San José, sujeto a un derecho de reversión reservado para D. José Núñez y para los sucesores de su título de Marqués de Núñez, si por fuerza mayor o cualquier circunstancia dejase de destinarse a los fines de la fundación.

En su historia reciente, la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico, realizó entre el año 2006 y finales del año 2009 unas obras de rehabilitación y restauración integral del edificio con sus presupuestos, por un importe total de casi 3 millones de euros. Por tanto, antes de iniciarse las obras, el edificio sobre el que se estaba actuando era una propiedad litigiosa tras la sentencia de 11 de junio de 2001, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Estas obras fueron inauguradas en el año 2010 por la entonces presidenta de la Comunidad, doña Esperanza Aguirre, acompañada por el vicepresidente, D. Ignacio González, y el Director General de Patrimonio Histórico, D. José Luis Martínez Almeida, actual alcalde de Madrid y que paradojas del destino muestra ahora su desinterés en adquirir el edificio para la ciudad de Madrid que restauró siendo director general, consumándose a todas luces un enriquecimiento privado, mientras la Comunidad de Madrid desiste en recuperar el dinero público invertido como cargas urbanísticas, pese a contar con la aprobación de la Asamblea de Madrid su posible inscripción en el registro de la propiedad a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en defensa del interés general.

Aquí cabe recordar que anteriormente a estas obras en los años 1999 y 2000, el Ayuntamiento de Madrid exigió unas obras de conservación de emergencia en el inmueble ante patologías que podían producir su colapso estructural, que se llevaron a cabo mediante la acción sustitutoria de la Comunidad de Madrid con un importe de 404.644 euros.

La situación del inmueble languidece como diría D. Ramón Gómez de la Serna, detrás de unas rejas recias testigo del tiempo, con años ya cerrado al transferirse de la Fundación que lo regentaba a manos privadas, sin ningún tipo de uso público y con una manifiesta desatención, mientras está en un proceso de venta que culminará pronto, presumiblemente con la opción de compra que finaliza el próximo 30 de noviembre, lo que lleva aparejada la pérdida económica de la inversión pública realizada en su rehabilitación por la Comunidad de Madrid para un uso público y las cuantiosas aportaciones dinerarias para su construcción sacadas del bolsillo de los madrileños.

Este proceso comienza durante la Transición, el 20 de septiembre de 1980 cuando el Ingeniero de Caminos D. Jaime Fernández Moreno, solicitó el título de III Marqués de Núñez, siendo impedimento en esta pretensión que el II Marqués de Núñez, no tuviera hijos ni descendientes y que fallecido el II Marqués, en 1924 el título ya quedo vacante, teniéndose a otros sucesores pretendientes al título apartados o excluidos.

Dicha solicitud se tramitó mediante el procedimiento establecido de sucesión diferida, de manera que, por orden de 19 de julio de 1982, se mandó expedir Real Carta de Sucesión a su favor, convirtiéndose en el III Marqués de Núñez, con una denunciada intercesión de presunto favor mediante el Duque de Tovar, muy conocido en su momento entre otras cosas al ser procesado por falsificar títulos nobiliarios.

El litigio judicial sobre la propiedad del inmueble comienza en el año 1994, recurrida por el nuevo Marqués, por considerar que la mencionada Fundación no estaba cumpliendo con los fines previstos en sus estatutos, habida cuenta de carácter relicto de la medicina homeopática en la medicina moderna.

El edificio fue objeto de reversión, tras el pronunciamiento que contiene la sentencia que dicta la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el procedimiento ordinario 499/2004, hoy firme y en ejecución de fecha 28 de septiembre de 2005 y que declara que existe causa de extinción de la Fundación, debiendo revertir el inmueble a quien ostente el título de Marqués/sa de Núñez, adquiriendo firmeza por auto del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2007.

Sobreviniendo el fallecimiento del III Marqués de Núñez, por orden de 5 de abril de 2011, se mandó expedir Real Carta de Sucesión, a favor de Dña. María José Fernández Rodríguez como IV Marquesa de Núñez, lo que permitió inscribir tras varios pronunciamientos judiciales en el registro de la propiedad como titulares a los reversionistas en diciembre de 2021, allanando el camino a su inmediata venta como ya habían anunciado varios medios de comunicación.

Una historia digna de una novela decimonónica, difícil de creer en los tiempos actuales y que no puede culminar con la pérdida definitiva para el uso público de este bien de interés cultural, que debe ser la prioridad de nuestras administraciones.