Dani, el último agente infiltrado de Marlaska

A la izquierda, el agente D. H. P durante su paso por la escuela de Policía de Ávila. En la imagen de la derecha se pueden apreciar los tatuajes que se realizó entre 2020 y 2021. -LA DIRECTA

La última polémica del Ministerio de Interior ha sido destapada por La Directa, medio que ha realizado una investigación sobre dos infiltrados en movimientos sociales y en el activismo que hace pensar que estamos ante una operación de introducción de múltiples espías bajo la batuta jerárquica del ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

El último infiltrado pillado ha sido D.H.P, con su outfit de tatuajes y camisetas antifascistas, un pasado inexistente y la coartada de ir a ver su familia e instalar aires acondicionados para explicarse ante sus engañados amigos y amantes activistas las veces que tuviera que ir a trasladar informes a sus superiores. D.H.P estuvo infiltrado durante tres años en los movimientos sociales de Barcelona y lo hizo a través de relaciones sexoafectivas que le facilitaban información sobre asambleas, jornadas y manifestaciones. Habría que explicarle a la Policía que la mayoría de asambleas y jornadas son abiertas al público general y que quizá podrían ahorrarse su dinero, que es el nuestro, para sacar información que es transparente (no como ellos).

Lo del espionaje por parte del Estado no es nada nuevo, es algo que se ha hecho siempre para debilitar a los movimientos sociales y a la izquierda del Estado español. En tiempos del 15M había varias sospechas sobre este tipo de control policial. El hecho de intuir que pudiera ser una posibilidad generaba suspicacias y desconfianzas entre los y las activistas. Se comentaba que entraban en casas, que había micrófonos, que nos pinchaban el teléfono, que uno que había desaparecido de pronto tenía toda la pinta de serlo. Luego estaban los llamados informantes, personas que vivían en los márgenes y que daban informaciones a la policía a cambio de dinero. Presuntamente todo.

En Sevilla incluso le pillaron, “el estupa de la bicicleta”, y el de la Puerta del Sol dejó de aparecer de la noche a la mañana en las asambleas generales. Cuanto habría de cierto en todo ello es algo que no sabremos, pero que es una práctica repetida por el poder para espiar a los movimientos sociales no es ninguna novedad ni una sorpresa. Que sea una práctica legítima ya es otra cosa, de hecho me pregunto que si lo que hacíamos entonces, reunirnos, manifestarnos, son derechos amparados por la Constitución española, ¿qué demonios hacían esos infiltrados?, ¿qué hacen ahora?

Sin embargo, a pesar de ser una práctica común, la legislación solo permite este tipo de actuaciones en que infiltran a agentes en casos de terrorismo, crimen organizado y tráfico de estupefacientes y siempre y cuando estén avalados por orden judicial, tal y como ha denunciado CGT en un comunicado tras conocer las últimas infiltraciones. Entonces, ¿por qué Marlaska permitió estas prácticas?, ¿consideran que los movimientos sociales son terrorismo?

En estos casos destapados por La Directa surge además la pregunta de si era necesario mantener relaciones sexoafectivas con activistas para obtener la información que querían. No lo era, tal y como desvela una de las querellas en las que puede verse cómo la conducta del agente de Policía infiltrado “transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales y traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de estas mujeres y de su autonomía sexual”. Es decir, crear relaciones ficticias para conseguir información no son funciones del agente encubierto ni son medidas proporcionadas a su objetivo.

Debería existir una respuesta oficial sobre los motivos políticos que llevaron a realizar esta labor policial de infiltrar y quién fue el responsable que lanzó la orden desde el Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. Si las fuerzas del orden se han extralimitado y todo parece indicar que ha sido así, ¿no debería dar la cara Marlaska?, ¿no debería dimitir?, de no ser así podríamos entender que el ministro es favorable a este tipo de hechos en los que no existen límites ni ética alguna y en los que se han cruzado todo tipo de líneas rojas. Y lo peor de todo es que no es la primera vez.