Opinión · Otras miradas
Escepticismo y desamparo: otro síncope en Madrid
Doctora en Ciencias Políticas
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La noticia de que al menos dos consejeros del gobierno autonómico de Madrid son beneficiarios de bonos sociales, es decir, descuentos en sus facturas de luz y gas aprobados por el gobierno central, no sorprende a quienes vivimos en esta comunidad. Ni siquiera lo hace que uno de ellos, Enrique Ossorio, se ufane de disfrutar de estos descuentos a los que accede por ser la suya familia numerosa y traslade en todo caso al Gobierno central, al de España, al de Pedro Sánchez, la “responsabilidad” de su decisión de aceptarlos. Si Sánchez y su gobierno han tenido a bien diseñar una política de descuentos sin tomar en consideración con la exhaustividad que ahora vemos que la cosa requiere el nivel de renta de los beneficiarios, Ossorio no va a renunciar a esos beneficios por una cosa tan nimia como que se concibieran para personas vulnerables. ¿O es que acaso él, que posee un patrimonio de cerca de dos millones de euros, que cobra un buen sueldo por el trabajo que hace en la administración pública y que ha sacado con mucho esfuerzo -como recordó el miércoles- a su numerosa familia adelante no es vulnerable? ¿Quién decide que Ossorio no es vulnerable? ¿Eh?
También se encuentra en una situación de vulnerabilidad, en su caso severa, el consejero Alfonso Serrano, pues solo de ese modo se explica que cobre una ayuda para hogares con rentas por debajo de los 16.800 euros a pesar de tener un sueldo de unos 80 mil. Aunque parece que la severidad de su condición de vulnerable tiene más que ver, según explicaciones de última hora, con un error administrativo. No sabemos si Serrano tramitará su subsanación y devolverá lo que por error ha percibido. Ossorio ha dicho que él no, que naranjas de la china, que lo que Pedro Sánchez da, él no lo devuelve.
Por el camino hemos sabido que Mónica García, la líder de Más Madrid, el principal partido de la oposición en esta autonomía, también por ser la suya familia numerosa, se beneficiaba de un bono social térmico. Mónica García, que corrió a pedir por Twitter la dimisión de Ossorio, en lugar de esperar al jueves -día en que se celebra el Pleno- para sacarle los colores y, sobre todo, en lugar de mirar a ver si por casualidad al ser la suya familia numerosa era objeto de beneficios similares, ha reconocido su error en la asamblea, ha pedido perdón y se ha comprometido a estudiar la fórmula para devolver un dinero que admite que no necesita.
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Le va a pasar factura. No es justo pero en política, cuando te toca la portería del lado de la izquierda, sabes de antemano que juegas con desventaja. De esta experiencia penosa el equipo de Mas Madrid debería aprender que, en campaña, conviene echar el freno, que los acelerones acostumbran a terminar en derrapes y, si no pones cuidado, en vueltas de campana. Mas Madrid siente la urgencia de derrotar al PP y ha encontrado en la crisis sanitaria el trampolín para hacerlo, pero para desalojar al PP de las instituciones hace falta algo más que buenas razones y buenas intenciones, hace falta apalancar el discurso, hace falta entidad y una visión de Madrid que pueda oponerse a décadas de escepticismo político.
¿A quién va a beneficiar este último síncope de la política madrileña? A quienes no pagan ningún precio cuando muestran públicamente sus contradicciones. Una pensaría que no es de recibo (ni de la luz, ni del gas ni de ninguna otra cosa) protestar las políticas sociales de descuentos que se impulsan desde el Gobierno central al grito de “paguitas” mientras se solicitan porque se reúnen los requisitos formales para poder hacerlo. De los requisitos éticos mínimos exigibles para desempeñarte como cargo público ya, si eso, hablamos otro día.
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En Madrid todo es legal: las comisiones del hermano de Ayuso, los bonos sociales de los consejeros de la presidenta y los contratos exprés del Zendal. Las elites del PP aprendieron una lección muy importante después de la Gürtel: se puede hacer business con lo público -se está en lo público para hacer business- pero todo tiene que ser legal o parecerlo.
Y se puede revestir una manera depredadora de estar en las instituciones y una forma darwinista de entender la política y la vida en sociedad de consignas vacías (libertad) y personas sin demasiada estructura (Isabel Díaz Ayuso) porque hay un electorado desmovilizado, intoxicado y escéptico perfectamente dispuesto a apostar su fragilidad al caballo que más ventaja lleva en esta carrera.
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Cuando los políticos actúan de espaldas a la ética, aun conduciéndose conforme a la legalidad, el escepticismo ciudadano se dispara y la democracia se resiente. Esto no es algo que suceda solamente en Madrid, claro.
Mientras todas estas noticias que comento se conocían, servidora dialogaba sobre libertad de expresión en un evento organizado con inteligencia y mimo por la Fundación Jesús Pereda en la provincia de Ávila. Una señora del público intervino rauda al pasarle a los asistentes la palabra. Se preguntaba, en medio de toda esta confusión -síntoma de la ausencia de narrativas políticas encarnadas- “quiénes eran los buenos y quiénes los malos” y confesaba estar sufriendo un gran malestar que se había reflejado en su salud, muy afectada por la “situación en general”. El escepticismo, además de hacerle la vida muy fácil a los políticos de derechas, genera desamparo y el desamparo es el pozo negro de la política.
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