Condena de 11 magistrados del Tribunal Constitucional veinte años después

Edificio del Tribunal Constitucional, en Madrid. EUROPA PRESS/Eduardo Parra

Hoy, 23 de enero, se cumplen 20 años ya de la emisión de la condena, por la Sala Civil del Tribunal Supremo en pleno, bajo la rúbrica de la infracción de culpa grave de 11 magistrados del Tribunal Constitucional a favor del demandante, que era yo, a abonarme 500 euros cada uno por inadmitir un recurso de amparo eludiendo el deber de motivación. Como veremos, los condenados recurrieron ante su propio tribunal y lograron anular la condena haciendo lo blanco negro y viceversa.

El proceso traía causa de otro anterior, de tipo contencioso, ante la Sala III del Tribunal Supremo (TS) con motivo de la contratación irregular de los letrados del TC bajo el sistema de libre designación en vez del concurso de oposición como fijaba la ley orgánica del TC.

Y es que la Sala Tercera del TS sentenció por 3 votos a favor y 2 en contra la desestimación del recurso planteado por dos abogados, uno era yo y la otra mi entonces compañera de despacho Nani Martínez Segado. La libre designación de los letrados no estaba amparada por la ley. Maurandi y Trillo, magistrados de la sentencia, no compartían el veredicto de la mayoría. Salvaron el honor del regimiento como se dice en lo militar.

La sentencia condenatoria fue recurrida por los propios magistrados condenados ante su mismo Tribunal Constitucional, que en composición diferente en 2012 se “auto amparó” en un acto de desahogo que aplicaba una jurisprudencia ad hoc construida para anular una sentencia legítima y razonada del Tribunal Supremo.

Los 5.000 euros que habían tenido que abonar los condenados y que yo había donado a un desamparado del propio TC –el gran inválido Antonio Pérez Ortín, víctima de una de las graves injusticias que saldrán algún día en alguna instancia futura que tal vez juzgue no solo a los vivos– tuvieron que ser devueltos a los condenados por el cobrador, que era yo.

La mayoría de los juristas opinan que el Supremo se había vengado del Constitucional por sus desavenencias y roces institucionales. Esto sería, en todo caso, una bagatela. La sustancia era de otro nivel de la realidad.

Los que piensan eso saben poco de los detalles del caso. Nunca los del Supremo se hubieran metido en ese “fregao”, que era una guerra en la tuvieron que entrar (para salvar la supremacía del Supremo como tribunal máximo de leyes).

Hay que señalar que a los magistrados del Supremo condenantes luego “les pusieron bombas” contra su reputación porque desde los tentáculos de los condenados, que eran muy fuertes, lanzaron campañas de desprestigio contra la sentencia. Alguno de los jueces condenantes le dijo a un tercero, como me consta: “Teníamos que haberles condenado por dolo y no por culpa grave solo y haberlos destituido”. La condena por dolo les hubiera obligado a dimitir.

Un servidor en el mes de mayo de 2004, es decir 4 meses después de la sentencia, recibo una llamada a media mañana de mi amigo el periodista de El País Bonifacio de la Cuadra. Me llamó inquieto para decirme que había escuchado una conversación de miembros del “staff” del periódico contra mí que le había dejado preocupado, aunque no me dijo quiénes eran ni el contenido preciso.

Pero el hecho de que me llamara expresamente para ello y relacionado con el tema de la condena del TS al TC, me hizo acudir a un notario para extender una declaración respecto a que si aparecía muerto o ‘suicidado’ o con droga o material delictivo eso era provocado y ajeno a mi voluntad. Tuve que acudir a varios notarios hasta que uno aceptó la declaración, el notario de Alcantarilla (Murcia) en cuyos archivos está todavía el acta.

En diciembre de 2004 la Policía llegó a mi casa con una orden de registro y del ordenador que utilizaba mi hijo (15 años por entonces) extrajeron una cantidad ingente de archivos delictivos con los cuales proyectaban detenerme y publicitarme como pederasta.

Los archivos fueron extraídos de una web bajo vigilancia policial. Un exagente de un servicio de información militar que era cliente mío me dijo que eso era obra de la alcantarilla del Estado y que tenían 9.000 personas fuera de la nónima del Estado trabajando en operaciones secretas desde donde hacían de todo.

El aviso de Bonifacio en mayo 2004 se había cumplido aunque con mala suerte para los organizadores. Yo sospecho de uno de los magistrados condenados con altas amistades en la dirección del lado más perverso del Estado fue quien planificó aquel “favor a fulano” para vengar la condena. Los magistrados de la Sala Civil sufrieron graves campañas de descalificación por la red tupida de los condenados que se comportaron con ellos como una verdadera mafia.

Un amigo que era juez de instrucción de un partido judicial murciano me dijo: “Llévate cuidado con quien te metes que te colocan droga en el maletero del coche”. Añadió que él había temido algo similar cuando había llevado causas contra el aparato del Estado. Y otro amigo que era juez de Madrid me dijo que en un proceso donde él había tomado parte, agentes habían colocado droga en los coches de los que no se plegaban a sus chantajes.

Otras anécdotas dignas de ser contadas

Fue un “ficus” centenario del Jardín del Conde de Floridablanca en Murcia quien me aclaró las dudas sobre si iniciar o no el proceso civil contra los magistrados y es que se vencía el plazo para la demanda y me fui a meditar sobre ello en un asiento del susodicho parque cuando en el muslo izquierdo me cayó una semilla de ficus que rebotó y siguió en el muslo “uno partido por un millón” que me dijo un profe de física.

La madre naturaleza a través del ficus cual oráculo de Delfos había hablado. Por cierto, muy cerca estaba la estatua del Conde de Floridablanca, un personaje de la alta política de su tiempo, abogado, estadista, secretario de Estado de Justicia con el rey, jefe de la fuerza militar que inició la resistencia contra Napoleón. Nunca hasta hoy había pensado en el influjo telúrico del famoso Conde ministro y abogado.

Cuando en la mañana del 23 de enero 2004 recibí la noticia de la histórica sentencia, llamé a mi amigo, el periodista Bonifacio de la Cuadra, redactor en tribunales de El País: “Boni, han condenado a los magistrados del TC a pagarme 500 euros cada uno”; me contestó tajante: “Imposible”.

El mensaje de la condena del 23 de enero de 2004 descalificando la labor de tribunal de amparo del TC, que no se ha enmendado

El amparo es un recurso maltratado por el Tribunal Constitucional desde los tiempos en que Manual García Pelayo dejó de ser presidente. Las inadmisiones tienen un nivel inaceptable e inhumano.

No les gustan los derechos humanos a las sucesivas generaciones del TC y anteponen sus egos y conveniencias al servicio público. Pues esa condena civil que ellos mismos se quitaron años después hay que transformarla en la señal que mandó el Supremo: “Hay que quitarle la competencia del recurso de amparo al TC, que se dedique a los otros menesteres y crear una Sala de Derechos Fundamentales en el Tribunal Supremo a donde puedan acudir los menesterosos de tutela de derechos fundamentales”. Sería una reforma muy popular del acceso a la justicia de amparo, es barata y rápida. Y muchos dirán: “Dios existe”.

Es tiempo de quitarle al Tribunal Constitucional (TC) la competencia para el recurso de amparo que tan malamente gestiona, mediante una reforma exprés de la Constitución ejecutable con el consenso del PP y PSOE, y pasar el amparo a una nueva Sala del Tribunal Supremo o Sala de los Derechos Fundamentales. De esta manera, se reduciría el alto gasto del TC – por avaricia se ha roto el saco o muerto el perro se acabó la rabia–. Y castigando al abusón de las funciones públicas, retirándole la custodia del amparo por maltratador.

Este es el mensaje final que saco en limpio de aquella condena contra 11 magistrados del Constitucional emitida hace dos décadas y que me pareció influjo de una justicia divina en la que pocos creemos.