La Transición incompleta: por qué León aspira a ser la 18ª Comunidad Autónoma

Grupos de personas participan en una concentración en apoyo a la aprobación de la declaración para la autonomía para León.- EFE/J.Casares

La Diputación leonesa aprobó este 26 de junio una moción para ser Autonomía junto con Zamora y Salamanca, una reivindicación que viene desde la Transición. 

Hablar de territorialidad en España ha sido sinónimo del encaje de País Vasco y Cataluña en el Estado. Dos regiones, naciones o nacionalidades —al gusto del consumidor— que han acaparado el debate de la configuración autonómica. Sus iniciativas y su presencia en el debate público marcan las directrices del resto de Autonomías, bien sea por adhesión o por oposición. Muestra de ello es la actual negociación para la “financiación especial” de Cataluña, que mueve a CHA,  a Compromís y al BNG a exigir lo mismo para Aragón, Valencia y Galicia; y, en el lado contrario, impulsan al Madrid de Ayuso y a la Andalucía de Juanma Moreno a destacarse como oposición apelando al espíritu del “café para todos”. Esas tensiones marcaron el mapa autonómico. 

León siempre fue León, una región reconocida desde la división provincial de Javier de Burgos de 1833, compuesta por las provincias de León, Zamora y Salamanca, y que, sin ir más lejos, estuvo presente durante la Segunda República en el Tribunal de Garantías Constitucionales, el equivalente al actual Tribunal Constitucional. ¿Por qué es entonces la única región sin autonomía privativa? La respuesta está en la Transición, cuyas costuras mal cerradas explican que cuarenta años después esta pregunta siga siendo relevante.  

El miedo que han tenido el PP y del PSOE a pronunciarse durante los últimos 30 años nace de esta herida. Reconocer a nivel nacional el conflicto de León es reconocer que en 1978 hubo cosas que fallaron, que se hicieron deprisa, que por no cerrarse como debían hoy supuran una pus negra, como la peor evolución demográfica y económica de toda España para la Región Leonesa. Pero también significaría abrir un precedente para modificar y corregir todo aquello que se creyó atado y bien atado. La ambigüedad con la que juegan Partido Popular y Partido Socialista tiene mucho más que ver con su condición de patas del Régimen del 78 que con las propias necesidades de la Región Leonesa. Y mientras que a nivel argumentativo no sería difícil para el PSOE posicionarse a favor de una nueva Comunidad Autónoma, puesto que con la cuestión catalana es capaz de ir más allá y hablar de plurinacionalidad; y, sobre todo, puesto que con la creación de la región leonesa podría romper la hegemonía de uno de los feudos del Partido Popular. A su vez, el PP ya se posicionó en tiempos de AP a favor de la Comunidad Autónoma leonesa en el Senado. La incomodidad para PP y PSOE nacional de hablar del tema está por tanto en lo que subyace; no en la propia Región Leonesa. 

Sí hoy parecen claras las razones por la que estos partidos políticos no quieren abrir el debate a nivel nacional, menos compresibles fueron las razones en 1978 para negar a León su derecho histórico. Sin embargo, para entender por qué se creó Castilla y León en lugar de dos Comunidades Autónomas, es fundamental considerar las explicaciones de Rodolfo Martín Villa (Ministro del Interior y Vicepresidente del Gobierno en el período en el que se confirmaron las actuales Comunidades Autónomas): “razones de índole superior, de interés de partido y de interés nacional”(El País, 1980). Castilla y León nació con el objetivo de “fortalecer a la nación [española] no sólo desde Madrid” en un momento delicado para la unidad nacional; por lo que se hacía entonces “muy  necesaria una comunidad fuerte que, sin León, habría quedado muy debilitada.” (La Nueva Crónica, 2020). El fantasma de Cataluña y País Vasco reaparece, y ante las fuerzas centrífugas que representan las regiones periféricas se apuesta por Castilla y León como comunidad centrípeta y salvaguarda de la nación española. Sin embargo, cuarenta años después, se puede decir que este esfuerzo ha sido en balde. Castilla y León no ha evitado el proceso independentista catalán ni el crecimiento de partidos independentistas en Cataluña, País Vasco y Galicia. Además, Castilla y León, lejos de fortalecerse, es la Comunidad Autónoma que más población ha perdido, no desempeña ningún papel relevante dentro del país y no ha sido capaz de crear un sentimiento de pertenencia. 

La despoblación es hoy uno de los principales motivos que alegan los leonesistas para pedir su propia comunidad autónoma. Desde 1983 casi el 75% de toda la población perdida en Castilla y León se concentró en las provincias de León, Zamora y Salamanca. En conjunto la región leonesa perdió 175.000 habitantes, frente a los 25.000 de castilla. La Unión del Pueblo Leonés, el partido que lleva la moción a la Diputación de León, expresa a través de su presidente Carlos Salgado está situación “el desafío principal que tiene la región leonesa en un ámbito económico es la propia supervivencia. Hay zonas que están en un punto casi de no retorno”, como por ejemplo “toda la zona de la raya con Portugal”. Y prosigue: “esta zona es la que tiene un mayor envejecimiento, una menor tasa de juventud y una tasa de actividad pésima. El reto ahí es que siga habiendo población” y que no se pierdan definitivamente los servicios públicos. 

Han transcurrido cuatro años desde que, en diciembre de 2019, el ayuntamiento de León capital aprobara la primera moción por la autonomía, seguida por otros 60 municipios de todos los colores políticos. El secretario general de la UPL, Luis Mariano Santos, tendió la mano en las mociones al PP y al PSOE: “necesitamos la voluntad política de los grandes partidos para hacer esa mayoría que realmente cambie la estructura autonómica”. Ahora que dio el salto de los ayuntamientos a la Diputación, desde el partido confiaron, con éxito, que primase la lógica local a la nacional: “el desconocimiento de lo local que tienen desde las grandes administraciones, desde la autonómica y desde la de Madrid, a nivel político, hace que sea casi imposible muchas veces llegar a acuerdos con ellos”. Agrega por último un dato significativo: “el movimiento identitario leonés en León supera el 80%, y en ese 80% hay gente de la UPL, del PSOE, del PP, de Sumar y de Vox”*. La fuerza del leonesismo en la provincia de León es que en estos momentos es completamente transversal.  

Finalmente, el pleno de la Diputación de León celebrado el miércoles ha marcado un hito en la reivindicación histórica de la autonomía leonesa. La moción fue aprobada con los votos favorables de los 3 diputados de la UPL y los 10 del PSOE, mientras que los 11 del PP con el diputado de VOX votaron en contra. Así mismo, es destacable cómo el voto en contra del Partido Popular no residió en el fondo de la cuestión —el propio portavoz del Partido Popular, David Fernández, había aprobado con su mayoría una de las mociones pro-autonomía en Valverde de la Virgen (ileón, 2020)— sino en las formas, pidiendo no una moción sino un verdadero proceso autonómico: “la diputación tiene la potestad de iniciar una autonomía. Háganlo ustedes y no con una moción” y prosigue “hágame caso (…) tengan informes para intentarlo conseguir”.

Con la moción aprobada, se abre ahora un proceso complejo que exigirá la colaboración y la voluntad política a nivel nacional para modificar la estructura autonómica vigente. Será una oportunidad para reflexionar sobre cómo se han gestionado las territorialidades en España y para reconsiderar el equilibrio de poder y representación regional. La decisión tomada este miércoles en el pleno es una señal clara de hacia dónde se dirigen las políticas territoriales en España y abre espacio para un cambio significativo en el actual contexto de debate sobre la financiación autonómica. 

 *Las entrevistas a Carlos Salgados y Luis Mariano Santos fueron realizadas para el trabajo de graduación académica del autor