Opinión · Punto y seguido
El enigma del atentado de AMIA
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Desde que a finales de enero del 2013 Argentina e Irán firmaron un acuerdo para crear la “Comisión de la verdad”, con el fin de investigar el terrible atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994, que dejó 85 personas muertas y otras 300 heridas, la tensión ha aumentado en las relaciones bilaterales ente el gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner y el de Israel, que, sin haber ninguna prueba, desde el primer momento acusó a Irán de estar detrás de aquella atrocidad.
Tel Aviv ha llamado al embajador argentino para expresar su sorpresa y su pesar por la iniciativa, y la presidenta Kirchner, cuyo ministro de asuntos exteriores, Héctor Timerman, es judío, le recordó a Netanyahu que este asunto no le incumbe, pues no hubo ningún ciudadanos israelí entre las víctimas.
Después de años, por fin se desbloquea la investigación sobre el atentado, lo que resulta un alivio para las familias de las víctimas, y se da un paso hacia la distensión entre Irán y Argentina.
Éste era el segundo gran atentado en Buenos Aires. Dos años antes, otra explosión había destrozado la embajada de Israel, dejando a una treintena de victimas. No se encontró ningún coche bomba y la Policía científica apuntó un estallido desde el interior de la sede diplomática. La misma versión también existe sobre el atentado de la AMIA. Sucedieron durante el mandato de Carlos Menem, quien el mismo día en que ocurrió la explosión de la AMIA, solicitó la ayuda del FBI, la CIA y el Mossad para resolver el caso. ¿Podían ser imparciales y sensatos? Años después, el presidente, alineado con las políticas de EEUU, fue imputado por el encubrimiento de los datos sobre el atentado.
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A pesar de todo ello y de la “pérdida” de pruebas claves, aquella matanza iba a ser el primer gran pretexto de los gobiernos de EEUU e Israel para señalar a Irán como Estado patrocinador del terrorismo. En Argentina lo habían conseguido. La presión de lobby pro-israelí hizo que el Estado y los medios de comunicación dejaran de investigar y se volcaran a pedir la cabeza de los iraníes.
Fue en 2007 cuando el diario estadounidense Wall Street Journal reveló que el Gobierno de Bush, el de Israel y el de la propia Argentina presionaron a la Interpol para que diera la orden de captura contra seis altos cargo iraníes, entre ellos Ahmad Vahidi, el actual Ministro de Defensa, y el ex presidente Hashemi Rafsanyani (Bush's Iran/Argentina Terror Frame-Up). Entonces, Washington y sus aliados estaban inmersos en su Guerra contra el Terrorismo, convirtiendo Irak en escombros, y se preparaban para bailar sobre las ruinas de Irán, el miembro más firme del Eje del mal
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Pasados casi 19 años no hay ningún acusado. La corrupción, el cobro de sobornos por altos cargos del Estado a cambio de manipular y amañar los documentos y las declaraciones contradictorias han creado un expediente plagado de tantas irregularidades que el Tribunal Supremo de Gran Bretaña tuvo que poner en libertad a uno de los acusados, el ex embajador de Irán en Argentina, Hadi Soleimanpour, un mes depués de ser detenido en el territorio británico en agosto del 2003. Hasta le tuvieron que indemnizar por daño a su honor.
AMIA y el asesinato de Rabin
Como no hubo una investigación seria, surgieron muchas hipótesis sobre la autoría y los motivos del atentado, como el que apuntaba a Siria para vengarse así del presidente Carlos Menem, hijo de inmigrantes sirios católicos, corruptos y traficantes de armas. Había incumplido -bajo la presión de EE.UU- su promesa de facilitar a Damasco los misiles Cóndor II, y a Libia e Irán la tecnología nuclear, a pesar de haber recibido varios millones de dólares de soborno. Otra hipótesis señala a la Yihad Islámica, que ajustaba las cuentas con Israel por el asesinato “selectivo” del líder de Hezbollah, Abbas al-Musawi, y su familia. También se dijo que fue obra de los ex miembros de los "grupos de tareas" de la dictadura argentina, e incluso de Al Qaeda.
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Sin embargo, hay una pista que llega hasta el propio corazón de Tel Aviv. Corrían los años 90 y ya estaban en marcha varias iniciativas para rebajar la tensión entre Palestina e Israel, como fue la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Un año después, el laborista general Isaac Rabin, primer ministro israelí, proponía negociar con Siria el asunto de los Altos de Golán, alcanzar un acuerdo duradero con los palestinos e incluso desmantelar algunos asentamientos. En 1993 firma con Arafat los Acuerdos de Oslo, a pesar de la fuerte oposición de los ultras de su país. El 25 de febrero del mismo año, Baruch Goldstein, un fanático sionista, irrumpía en una mezquita en Hebron y mataba a veintinueve musulmanes. El 1 de julio del 1994 el presidente Arafat, ante el estupor de los ultraderechistas israelíes, regresaba a Palestina tras 27 años de exilio. El día 18 del mismo mes sucede el atentado contra la AMIA y 16 meses más tarde, el 4 de noviembre de 1995, Rabin es asesinado por Ygal Amir, un agente secreto de Shin Bet (policía de seguridad nacional de Israel), enemigo de la “paz a cambio de tierra”. Con este enfoque, un atentado de las dimensiones del de AMIA tendría el objetivo de radicalizar la sociedad israelí, llevar al poder al Likud y acabar con cualquier concesión a los palestinos, con la simpatía internacional con su causa, y, de paso, demonizar a Irán, Siria y Hezbolá. Y así continuó, según el guión, la secuencia de los hechos, hasta hoy.
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