Prostitución, un limbo legal que es negocio

El Tribunal Supremo dej? claro esta semana que lucrarse con el negocio de la prostituci?n ajena no implica la comisi?n de ning?n delito. Es una sentencia inquietante, s?lo tranquilizadora para los empresarios de clubes de alterne y para la mayor?a de los propietarios de diarios de informaci?n general espa?oles, que ingresan cantidades nada despreciables cada a?o insertando varias p?ginas de esos anuncios hip?critamente denominados contactos.

El Ministerio de Igualdad figura entre quienes leemos el fallo del Alto Tribunal como un jarro de agua fr?a. Como un obst?culo m?s para alcanzar el objetivo de erradicar la explotaci?n sexual contenido en el plan contra la trata de mujeres aprobado por el Gobierno hace seis meses.
Este peri?dico, el que est?n leyendo, es el ?nico diario no gratuito de tirada nacional que, desde su fundaci?n, renunci? a los ingresos publicitarios de la prostituci?n, neg?ndose a que sus p?ginas alberguen los lucrativos anuncios citados. La mayor?a de esos anuncios, no nos enga?emos, son el reclamo que une a 15 millones de clientes con las 400.000 prostitutas que se estima que ejercen contra su voluntad en Espa?a, es decir, forzadas por las mafias de trata de mujeres.

Los siguientes datos ayudan a situarse: si nos comparamos con Europa, comprobamos que los anuncios de prostituci?n en la prensa generalista de referencia son una triste excepci?n espa?ola; aqu?, s?lo P?blico y el gratuito 20 Minutos salen cada d?a sin invitaciones expresas al consumo de prostituci?n en sus p?ginas; el negocio de los contactos en prensa mueve cantidades millonarias en Espa?a (El Pa?s ingresa cinco millones anuales en ese concepto y las cabeceras del grupo Vocento ?con ABC al frente?, diez millones de euros, seg?n los datos recogidos en el informe de la subcomisi?n parlamentaria que estudi? este problema en 2007). No es necesario recordar hasta qu? punto ha hecho necesarios esos ingresos la actual crisis publicitaria.

Defiendo el derecho de cualquier persona a ganarse la vida como considere m?s oportuno o m?s viable. Y considero que en este, como en otros asuntos que afectan a la ?tica social, es preferible atender el problema que plantearse la posibilidad de erradicarlo o continuar haciendo como si no estuviera pasando. La prostituci?n existe y el Estado s?lo puede tratar de impedir que su ejercicio atropelle los derechos humanos.

La legislaci?n espa?ola no considera la prostituci?n un delito, aunque se ejerza por cuenta ajena (es decir, para lucro de un chulo). Por incre?ble que parezca, es as? siempre que el empleador no incurra en explotaci?n sexual: coacci?n, enga?o, violencia o sometimiento. As? lo recuerda el Tribunal Supremo en la sentencia publicada el pasado lunes, en la que absuelve a un matrimonio propietario de dos burdeles de Vigo y Ver?n (Pontevedra) del delito contra los derechos de los trabajadores al que lo hab?a condenado la Audiencia de Pontevedra.

El Supremo considera que no son indignas las condiciones laborales que esos propietarios imponen a las chicas, pese a reconocer que las obligan a vivir en sus locales (pagando ellas la habitaci?n y la comida) y a trabajar a destajo hasta pagar el billete de avi?n con el que las trajeron de Am?rica (son inmigrantes ilegales, claro); en ocasiones, tambi?n les imponen multas por incumplir los horarios o levantar la voz. El Alto Tribunal, insisto, no encuentra en esos hechos ni explotaci?n sexual, ni siquiera laboral (atentos los defensores de los derechos de los
trabajadores).

Nuestra legislaci?n no permite a las prostitutas que deseen serlo ejercer su trabajo con la misma transparencia y cobertura laboral que cualquier otra profesional. Y tampoco protege suficientemente a las que ejercen forzadas. Ning?n Gobierno se ha atrevido a regular la prostituci?n y s?lo ERC e ICV apuestan a las claras por hacerlo. Contra sentencias como la del Supremo s?lo cabe cambiar la ley... pero eso no est? entre las prioridades del Gobierno.