Ofensiva contra Catalunya, franquismo y presos políticos

Por Luis Suárez, miembro de La Comuna

¿Vuelve el franquismo?

¿Los presos catalanes son presos políticos o sólo vulgares políticos presos?

¿Es concebible hablar de represión política en una democracia?

¿Tienen derecho a la solidaridad unos presos que ni siquiera han sido salvajemente torturados?

Entre los efectos colaterales de la ‘crisis catalana’ han proliferado como setas, en medios y redes, dilemas como los anteriores, expandiendo así el campo de batalla también al terreno ideológico y poniendo a prueba nuestras convicciones democráticas.

¿Régimen franquista o métodos franquistas?

Los defensores del régimen del 78, con sus poderosos medios afines, muestran una irritabilidad creciente ante cualquier mención al franquismo. Como mentarles la bicha, vamos. Sin matizar, en general, entre dos muy distintas formas de hacerlo: una es atribuir al actual régimen una naturaleza franquista o neofranquista; y otra, afirmar que asistimos a un crescendo de provocaciones del estado propias del franquismo.

Decir que la situación actual, en general, está dando lugar a un nuevo franquismo es simplemente un disparate en términos históricos y políticos. Ni la realidad social y económica, ni el contexto internacional, ni la cultura y conciencia políticas, permitirían en modo alguno, a corto plazo y sin una previa hecatombe colectiva, un nuevo franquismo.

En cambio, no tiene nada de extraño que, ante determinadas formas de represión política o ideológica, de involución jurídica, de arbitrariedades judiciales, y en general de crecientes ataques a las libertades, brote en el imaginario social el fantasma del franquismo.

Hay una primera y simple razón cultural: el franquismo está en nuestra memoria colectiva como una herida abierta y sensible, al igual que lo está en Europa la herida del nazismo y el fascismo. Es pura conciencia histórica, pedagógica y preventiva. Terapia y profilaxis.

¿O es que estamos los europeos ya inmunizados de tentaciones fascistas y, por lo tanto, invocar esos sistemas políticos no es sino demagogia? Pues no lo parece, desgraciadamente: si lo estuviéramos no asistiríamos a un general florecer de pestilentes focos neo-nazis, xenófobos, antisemitas, negacionistas, etc., a lo largo y ancho del territorio europeo.

En nuestro caso esa herida sangra y supura más aún, pues a falta de la imprescindible catarsis política que la transición evitó, el franquismo salió indemne e impune del colapso de la dictadura; sus epígonos siguieron señoreando el aparato de estado; sus crímenes nunca fueron investigados ni juzgados; sus víctimas nunca fueron reconocidas ni reparadas.

Un déficit democrático persistente que, por cierto, comporta un especial lastre de ilegitimidad del actual régimen en las nacionalidades históricas, especialmente Catalunya y Euskadi, donde el franquismo supuso una involución y humillación adicionales sobre la identidad colectiva y derechos nacionales. Dicho de otra forma: el vocablo franquismo, como sinónimo de terror y arbitrariedad, tiene resonancias amplificadas en aquellos territorios.

Hablar de pervivencias franquistas, con el Valle de los Caídos tal como lo erigió el dictador a su mayor gloria, y con miles de asesinados en cunetas anónimas, no es desgraciadamente un anacronismo. Bien lo corrobora también la impunidad con la que los neofranquistas campan por sus respetos haciendo apología de sus crímenes desde entidades subvencionadas con fondos públicos. Al igual que la reiterada oposición de la judicatura a juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de las reclamaciones en este sentido de las víctimas y los organismos internacionales de derechos humanos.

¿Políticos presos o presos políticos?

¿Qué es un preso político o preso de conciencia? Para entendernos, alguien encarcelado por sus ideas o por su mera pertenencia a un determinado grupo social, identitario o étnico.

¿Puede haber presos políticos en un régimen nominalmente democrático? Salta a la vista que la respuesta es sí, pues las democracias son, por definición, imperfectas, y al igual que pueden padecer corrupción, fraude electoral, discriminación de género o étnica, y otras muchas taras antidemocráticas, también sufren violaciones de derechos humanos que incluyen la persecución política, racial, cultural, social o de género.

No hay más que ver, para constatar esa aparente paradoja, el trato que se infringe en Europa a migrantes o solicitantes de asilo; y, más allá, pensar en algunas democracias formales como Israel y su política respecto al pueblo palestino, Turquía y los kurdos, Marruecos y los saharauis, o numerosos países americanos con sus poblaciones originarias. Todo ello para hacer el relato breve, claro, porque habría muchos otros ejemplos.

Por otra parte, en esto de la persecución de delitos se da mucho la mixtura y la fórmula creativa, un poco como en la cocina posmoderna. Me explico: leyes suficientemente ambiguas, interpretadas interesadamente, permiten al estado perseguir a personas formalmente por infringir la ley, aunque realmente por sus ideas. Sucede aquí con la legislación relativa al terrorismo o a su apología, y la conversión de una trifulca de bar en terrorismo, o un chiste sobre un atentado contra un capo franquista de hace 40 años en apología del terrorismo.

Hay, por lo tanto, presos que parecen comunes pero son políticos, y presos que son al mismo tiempo comunes y políticos, pues ambas condiciones no son incompatibles. De hecho, si nos atuviéramos a su acusación oficial los presos políticos no existirían: ningún gobierno los reconoce como tales.

Todo lo cual parece una obviedad, sino fuera porque ante el encarcelamiento de los líderes catalanes, algunos parecen no entenderlo al sostener que: a) los presos políticos son por definición sólo los de la dictadura; b) si un preso está acusado de delitos concretos, no puede ser un perseguido político. Falso a) y falso b).

Se ha señalado también que ese criterio discriminatorio entre categorías de presos no deja de ser bastante selectivo: muchos de quienes niegan el pan y la sal a los presos catalanes por haber promovido una movilización pacífica, apoyan de manera incondicional a los opositores venezolanos, en calidad de perseguidos políticos, cuando en muchos casos están acusados de acciones violentas de todo tipo, incluyendo asesinatos.

Una persecución muy politizada.

Los políticos catalanes presos han desafiado efectivamente la legislación vigente, y esta es la acusación formal por la que están encarcelados. Pero eso no impide que su persecución tenga, además, claras connotaciones ideológicas y políticas. Salta a la vista repasando los antecedentes y circunstancias del caso:

por una parte, la legislación que han vulnerado, asentada en la constitución del 78, es a todas luces obsoleta y, en algunos aspectos, antidemocrática; y una buena parte del pueblo catalán lleva muchos años reclamando en vano su revisión.

Los políticos encarcelados han defendido sistemáticamente, durante años, esas mismas opciones soberanistas e independentistas, perfectamente legítimas; su procesamiento se inscribe en la respuesta política del estado frente a esas opciones y a la masiva movilización ciudadana: la fiscalía general y la Audiencia Nacional no son precisamente neutrales o apolíticas, sino que vienen demostrando una sistemática docilidad progubernamental.

Los desorbitados cargos presentados, la inmediatez de su procesamiento y orden de detención, las escasas oportunidades de recurso, y la negación del derecho fundamental a la libertad provisional, expresan un ensañamiento de los órganos jurisdiccionales que sólo se explica por motivaciones políticas.

La represión del soberanismo catalán no es un fenómeno aislado: debe situarse en la perspectiva de la creciente conculcación por el estado de la libertad de expresión y su empeño por criminalizar la protesta o la disidencia en cualquiera de sus formas.

En suma, son presos cuyo encarcelamiento tiene tintes políticos, más allá de los cargos penales de los que están acusados; y en ese sentido deben considerarse presos políticos, o, si se prefiere, presos también políticos.

Para cargarse de razón, algunos medios contrarios a reconocer la condición de políticos de estos perseguidos han tenido la infeliz ocurrencia de echar mano de la autoridad de algunos veteranos represaliados del franquismo.

El insólito tribunal de los presos políticos ‘de verdad’.

Hemos presenciado así un triste espectáculo: medios que sólo se acuerdan de las víctimas del franquismo para utilizarlas espuriamente; y víctimas que se prestan a esa manipulación exhibiendo su historial militante y de represaliado.

Triste y al mismo tiempo absurdo: ¿Por qué habrían de ser los ex-presos políticos de la dictadura los más indicados para dictaminar si los actuales presos son o no políticos? Ni la situación actual es la del tardofranquismo, ni el concepto actual de preso político puede ser igual al de entonces, ni los ex-presos políticos son necesariamente expertos en derechos humanos. A modo de analogía valga pensar que las formas de corrupción política actuales, siendo muy distintas a las que se daban en el franquismo y su capitalismo primitivo de amiguetes, no dejan por ello de ser también corrupción.

Las formas actuales de persecución política tienen necesariamente que ser diferentes a las de la dictadura, y de la misma forma que algunos de los represaliados del franquismo han exigido en estos días no banalizar la represión franquista, hay que exigir que no se banalice la represión política actual comparándola, para minusvalorarla, con la del franquismo.

Pues al igual que sucede con la corrupción, cualquier cantidad de represión política es ya demasiada.

Una ‘izquierda’ dogmática y cómplice.

Este no es en cualquier caso un debate inocente o intranscendente: considerar política la represión ejercida contra la dirigencia independentista y sus legítimas aspiraciones, nos obliga a la solidaridad a quienes nos consideramos demócratas y defensores de derechos y libertades, al margen de la coincidencia o no con su ideología y propuestas.

Inversamente, quienes desde la izquierda rechazan su naturaleza política con argumentos como: ‘son nacionalistas, ergo no de izquierdas; son delincuentes, por lo tanto no perseguidos políticos’, lo hacen como coartada para negarle su solidaridad y no exigir su puesta en libertad.

Mientras que esta postura no puede sorprender en el caso del PSOE, que apoya servilmente la ofensiva antidemocrática del gobierno en Catalunya, la postura de los ex-presos y representantes de otra supuesta, y minoritaria, izquierda, expresa una lamentable combinación de sectarismo y dogmatismo político, por una parte, y de complicidad represora por otra, muy funcionales para la derecha españolista.

La mayoría de las víctimas del franquismo no somos sectarias.

Debe quedar claro que hay otros veteranos y veteranas víctimas del franquismo, la mayoría, que sí consideramos a los encarcelados presos políticos, y así lo hemos hecho saber por ejemplo desde nuestra asociación, La Comuna, a través de un comunicado que lamentablemente no ha tenido ni de lejos la repercusión de las opiniones contrarias.

Todas las víctimas catalanas de la ofensiva estatal, perseguidas por defender opciones democráticas y legítimas, coincidan o no con el ‘ordenamiento constitucional’, cuentan con nuestra decidida solidaridad, por encima de las posiciones políticas particulares de cada cual.