El año que expulsamos a la policía de las Facultades

Por Ramón Alonso, miembro de La Comuna

La leyenda de que la dictadura franquista era invencible y que la transición fue un conjunto de graciosas concesiones por parte de los poderes fácticos es falsa. Con este artículo se pretende demostrar que fueron derrotados en varias ocasiones, como lo demuestran las movilizaciones contra las penas de muerte impuestas en el Consejo de Burgos, la lucha de los obreros de Bandas de Etxebarri, las decididas huelgas mineras o las luchas estudiantiles. A la muerte de Franco, la dictadura era incapaz de mantener el orden público, su bien más preciado. Las memorias del organismo creado para su mantenimiento, el Tribunal de Orden Público (TOP), evidencian un ascenso imparable de las luchas contra el régimen en sus últimos años.

20 de enero de 1969. En Madrid, tres miembros de la Brigada de Investigación Social, conocida como BPS, la policía secreta del franquismo, asesinan –según sentencia judicial– al estudiante Enrique Ruano Casanova. La masiva protesta de los estudiantes alcanza niveles de extensión, intensidad y duración no conocidos hasta ese momento. Se producen incidentes violentos y ataques a medios de prensa, en especial al ABC, que había publicado la retorcida versión policial, avalada por Fraga, de que se trataba de un suicidio. El régimen, destruye las pruebas y difunde estos bulos sobre el fallecido. Ante la oleada de incidentes, se decreta un estado de excepción de tres meses y el cierre de las Universidades madrileñas. Pasadas varias semanas se vuelven a abrir las facultades de Ciencias e Ingeniería, que, por la obligatoriedad de sus prácticas de laboratorio, tenían un calendario más comprimido.

Al volver a las aulas, los estudiantes se encontraron con la desagradable sorpresa de la ocupación policial de las facultades y escuelas. A pesar del estado de excepción, se produjeron varias detenciones y algunas protestas puntuales por tan indeseada compañía. La reacción de los estudiantes fue de amplio rechazo, si bien se planteaban varios métodos para acabar con esa situación: desde protestas “civilizadas” y a través de alguna negociación (como proponían los líderes del PCE) a la más radicales (de partidos más a la izquierda del PCE, incluidos miembros de base del mismo), que decían que los ocupantes solo se irían cuando la intensidad de la lucha fuese tal que mantener las dotaciones policiales dentro de los edificios crease más problemas que soluciones al franquismo.

El debate fue resuelto por la vía de los hechos: Como ante cualquier reivindicación por justificada que esta fuese, las autoridades siempre respondían con la represión violenta, la situación siguió deteriorándose. Las protestas por el absurdo plan de estudios de Medicina y la solidaridad que generaron, junto con los excesos del régimen, con cargas, intimidaciones, detenciones por cualquier motivo, provocaron una escalada que alcanzó su máximo en el curso 1971-1972.

17 de enero de 1972. La justa lucha de los estudiantes de Medicina alcanzaba uno de sus puntos más álgidos. Los estudiantes, hartos de unos planes de estudio y unas condiciones académicas que imponían exámenes finales y selectivos prácticamente cada semana, habían ido a la huelga. Es decir, era una lucha con marcado contenido académico. El Rectorado de la Universidad Complutense, que era quien había promovido tan brillante plan de estudios, en una muestra más de su habilidad negociadora, pretendió romper la movilización mediante la entrega de escritos de descargos, cuyo plazo finalizaba ese día y que se debían entregar –estando la facultad cerrada– a los bedeles, protegidos por patrullas de ‘grises’ (policía armada). El rechazo a la medida era tan fuerte que contaba con el apoyo masivo de los demás universitarios y con grandes concentraciones o manifestaciones masivas de solidaridad desde los distintos centros. Estas movilizaciones fueron atacadas con cargas policiales a pie, a caballo y con camiones manguera de agua. Como en otras ocasiones, muchos manifestantes respondieron colocando obstáculos y lanzando piedras, generándose tales disturbios que la prensa oficial reconoció que habían resultado contusionados más de 100 agentes… Los incidentes se extendieron por toda la ciudad. La consigna “¡Más hospitales, menos policía!”, se escuchó en todos los distritos madrileños. Los disturbios duraron una semana, pero se saldaron con más de 300 detenidos, muchos de los cuales sufrieron fuertes multas cuyo impago acarreaba el ingreso en prisión. Ni qué decir tiene que la arbitrariedad y la inquina fueron criterios sancionadores. A una mujer, de menos de 50 kg de peso y de 1,50 m. de altura, la sancionaron con ¡¡250.000 pesetas!! por derribar a un policía a caballo… (recordemos que entonces el sueldo base mensual no superaba las 8.000 ptas.)

Los que habían transformado una justa reivindicación académica en un grave conflicto de orden público, es decir político, decidieron maniobrar y ofrecer soluciones concretas, pero solo lograron enfriar algo los ánimos, que quedaron, sin embargo, muy caldeados.

En este sobrecargado ambiente donde se producían incidentes a cada minuto, aunque hoy parezca increíble, las distintas organizaciones a la izquierda del PCE, lograban acuerdos puntuales, tales como comunicados o acciones conjuntas. Mientras tanto, algunos “sociales” (policía secreta), que se desplazaban en grupos numerosos, se divertían amedrantando a los estudiantes de la tarde o que salían de los laboratorios de prácticas con amenazas, burlas y otras provocaciones. El recientemente fallecido González Pacheco (‘Billy el niño’) presentó entonces en sociedad sus habilidades.

Marzo de 1972. Desde el Ferrol llegaron noticias de la masacre de la Bazán: dos obreros asesinados por la policía franquista en respuesta a la movilización sindical de los astilleros, seguida de una huelga general en toda la comarca industrial. La respuesta en los ambientes antifranquistas madrileños fue instantánea y a los gritos de “¡Obreros de Bazán el pueblo os vengará!”, se intensificaron las algaradas. Entre distintas organizaciones que estaban en contacto (FRAP, FC, LCR, miembros del PCE…) se decidió organizar piquetes contra la acción represiva. A pesar de que un infiltrado había informado lo que sucedía, los convocados burlaron la trampa y se dirigieron a la facultad de Físicas, donde encontraron parado al Land Rover de la policía que llevaba suministros a los allí acuartelados. Los encargados del vehículo lo abandonaron y éste fue volcado antes de que los asombrados guardias pudiesen actuar. Más tarde, la situación fue diferente: el FRAP había organizado un salto en la plaza de Tirso de Molina. Esta vez el infiltrado pudo hacer su ignominiosa labor y el lugar estaba tomado por la policía. A pesar de todo, se produjo un “salto”, contestado a tiros, causando al menos un herido, que fue rescatado por los manifestantes ante la pasividad de las fuerzas del orden.

Mayo de 1972. Fruto de los contactos mantenidos, la convocatoria del Primero de Mayo fue unitaria. El 2 de mayo, hubo convocatoria del FRAP en solitario, donde se produjeron detenciones y heridos. Pero lo peor estaba por llegar. El gobierno y sus agentes decidieron dar un escarmiento ejemplarizante: decenas de estudiantes fueron expedientados cuando los exámenes finales eran inminentes. La respuesta fue una medida de gran dureza pero que no había otra opción: El boicot a los exámenes. Este no fue total, pero sí afectó a varias facultades.

En una asamblea en Físicas, tras su desalojo, se produjo un gravísimo hecho. Un coche de la BPS fue rodeado por los manifestantes, que lo habían reconocido. El ‘social’ que estaba en su asiento posterior salió del coche pistola en mano, lo que produjo la dispersión a la carrera de los estudiantes. El policía apuntó a un joven que huía y le disparó, produciéndole gravísimas heridas, que, gracias a la rápida actuación de los médicos de urgencias del Hospital Clínico, pudo salvar la vida. A continuación, una multitud se dirigió hacia Biológicas, donde fueron recibidos a tiros por la dotación de policía armada que vigilaba el lugar. Mas tiroteos, sin víctimas, se produjeron por otros lugares y la Universidad se cerró. A pesar del cierre, las incidencias no se detuvieron. Hasta el consejo de la Universidad condenó el uso de armas. Mientras tanto, en una acción conjunta promovida por la LCR, se prendió fuego a las dependencias de la policía en Físicas. Días más tarde, en una acción promovida por el FRAP, se pegó fuego al Rectorado.

Alguien en el bando franquista llegó a la conclusión de que era muy perjudicial para sus intereses intensificar la represión o mantener la situación como estaba. Retiraron a la policía de las instalaciones que habían ocupado hasta ese momento, así como los puntos más conflictivos del plan de estudios de Medicina. Es decir, se había conseguido un éxito político de gran magnitud: La movilización había expulsado a la policía de sus instalaciones en la Universidad.