A 50 Años del asesinato de Roberto Pérez Jáuregui y del Proceso de Burgos

Por Álvaro Esteras, miembro de La Comuna.

El 3 de diciembre de 1970 comenzó el denominado “Proceso de Burgos”, un juicio (y sobre todo una farsa) contra dieciséis militantes de ETA en el que se pedían seis penas de muerte. Este juicio se celebraba en el marco de un estado de excepción, de enorme dureza, que encontró como respuesta movilizaciones en toda España.

En Éibar se llamó a la Huelga General, y la ciudad se paralizó durante dos días, tomada por la Policía Armada, Guardia Civil y Brigada Político Social, que se emplearon a fondo en la represión de huelguistas y de manifestantes que salieron a la calle, siendo dispersados a tiros.

Roberto Pérez Jáuregui, de 21 años, electricista en la empresa Aguirre y Aranzábal, cayó mortalmente herido por disparos de las denominadas fuerzas de orden público (F.O.P.), el 4 de diciembre de 1970, en el curso de la manifestación de protesta. Testigos de los hechos –entre ellos, su hermano Jorge– explicaron que, en la primera carga en Carmen Kalea, ya hubo disparos con un herido, el vecino de Éibar Manuel Gil Uriarte, a quien alcanzó una bala que rebotó contra la pared de un edificio. Poco después se produjeron otras cargas y, aunque algunos huyeron al monte, la manifestación no se disolvió y Roberto, militante del Partido Comunista de España (internacional) PCE (i), uno de los eibarreses que la encabezaba, fue alcanzado por disparos hechos prácticamente a quemarropa. Disparos producto de la impotencia de la policía en sus intentos de disolver la manifestación. Esos disparos, a tan corta distancia, sólo podían tener como objetivo matar.

Los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida ante las heridas que presentaba, y murió el 8 de diciembre de 1970, tras cuatro días de agonía.

Todos los indicios parecen indicar que el policía que pudo ser el autor de los disparos que mataron a Roberto fue José Ramón Sánchez Pizarro, que estaba camuflado entre los manifestantes.

Pero no se abrió ninguna investigación oficial y la familia de Roberto no pudo exigir responsabilidades, ni llevarlo ante los tribunales. Sin embargo, se cree que, en recompensa, el policía fue promovido a la Brigada Político Social de Valladolid. Puede que incluso le otorgaran una medalla pensionada.

Las autoridades intentaron que Roberto fuese enterrado en Donostia, –había sido ingresado en la Ciudad Sanitaria de aquella ciudad– para impedir las manifestaciones de apoyo y solidaridad, pero su familia consiguió enterrarlo en Éibar, su ciudad natal. Su amigo José Alcoba explicó, siete años después, para La Unión del Pueblo, las muestras de apoyo y solidaridad de Éibar: “La clase obrera eibarresa saltó al unísono, y prueba de ello es que dos horas antes del funeral los obreros salían de las fábricas dejando sus puestos de trabajo. No sería exagerado decir que hubo quince mil personas en el trayecto previsto hasta el cementerio; y esto, a pesar de que Éibar estaba militarmente tomada, y el miedo y la tensión eran muy grandes”. Su padre ,Casimiro (Miro), y su madre, Alicia, explicaban en el mismo artículo que en el trayecto hacia a Éibar las carreteras estaban cortadas por fuertes contingentes de policía que no dejaban entrar a nadie que no fuera de la ciudad. Al igual que la familia, el pueblo de Éibar se había opuesto con toda firmeza a que fuese enterrado fuera de su ciudad. Alicia y Miro sentían un enorme agradecimiento por la solidaridad recibida en aquel terrible momento de su vida.

La lucha de Roberto, junto a la de miles de demócratas de todo el país, – y las masivas movilizaciones de solidaridad en muchas ciudades europeas - sirvió para que aquellas penas de muerte no se ejecutaran, y fueran conmutadas por las de cadena perpetua. Los presos condenados en el Proceso de Burgos finalmente serían amnistiados, entre ellos los vecinos de Éibar Mario Onaindía, Enrique Gesalaga y Ion Etxabe.

En la clandestinidad, en las publicaciones de la organización donde militaba, (si las condiciones permitían su edición, lo que no era siempre posible), aparecía cada mes de diciembre un pequeño homenaje, una mención, un recuerdo. Ya en diciembre de 1977 se pudo hacer en Éibar un acto de reconocimiento a Roberto, el primero en libertad, con asistencia de más de 3.000 personas donde, además de miembros de la dirección del PTE, intervinieron Mario Onaindía y Xabier Larena, dos de los seis condenados a muerte, a los que Roberto contribuyó a salvar, y Ion Etxabe, que había sido condenado a una larga sentencia de cárcel.

Años después, en 2008, el Ayuntamiento de Éibar -de mayoría socialista- “olvidó” a Roberto en el homenaje que se hizo a las víctimas del terrorismo de la ciudad. Su hermano Jorge, en una carta dirigida al Ayuntamiento y publicada en el Diario Vasco, expresaba su dolor y preguntaba “¿Y os atrevéis a decir que ni Roberto ni nosotros, su familia, somos víctimas del terrorismo?. Como si Roberto no hubiera sido asesinado por una banda terrorista convertida en Estado ilegal”. Y añadía: “por quien más lo siento es por mi padre Casimiro, y casi me alegro de que mi madre Alicia no esté entre nosotros y no tenga que ver la desfachatez de este Ayuntamiento”.

En diciembre de 2010, el reconocimiento público a su figura, como víctima de la represión franquista, vino de la mano del Colectivo Independiente de Vecinos de Éibar, una plataforma que trabajó para rendir, junto a su familia, homenaje público a Roberto, y de la Asociación AHAZTUAK 1936-1977 y así rescatarle del olvido; unos actos especialmente emotivos para Miro y Jorge.

El ayuntamiento de su ciudad siguió sin hacer nada para recordar a Roberto como víctima de la represión franquista. Su alcalde, Miguel de los Toyos Nazabal, se limitó a asistir a título individual, desde un rincón, a alguno de los actos, sin implicarse en absoluto, ni hablar con la familia. ¡Ni un gesto institucional que comprometiera al Ayuntamiento!. Cómo nos gustaría que hubiera habido una rectificación.

A Roberto, igual que a quienes cayeron luchando por la libertad durante el franquismo y la transición, ahora solo le queda el derecho a ser considerado víctima de un monstruoso Estado ilegal e ilegítimo que reprimió, encarceló y asesinó hasta el último momento a incontables hijos del pueblo, olvidados por los que negociaron la transición. “Víctimas sin inventariar”, los llama el historiador Iñaki Egaña. Víctimas permanentes en la memoria de su familia, de sus camaradas de militancia, y de todos los demócratas que seguimos exigiendo que se haga justicia.

Roberto era un joven que luchaba para acabar con la dictadura, por conquistar la democracia, la libertad y el socialismo, y que murió peleando una lucha enormemente desigual: contra la pena de muerte, la venganza infame y cobarde que el régimen franquista utilizó hasta el último momento.

Con la Ley de la Memoria Histórica del 2007, que le reconoció como víctima del franquismo se sigue sin poder llevar ante la justicia ni a los que promocionaron la represión, ni a los autores materiales del asesinato de Roberto y de tantos antifascistas.

A Roberto hoy, todavía, no se le puede hacer justicia.

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