Retrato robot de un Estado genocida

Retrato robot de un Estado genocida

Juan Antonio Aguilera Díaz

Activista del Movimiento Integral y Democrático (MID) y antropólogo

Solo el único sentido justo y correcto de "justicia y dolo", existe en el Código de Justicia que la ONU promulgó en París, cuando la barbarie y el genocidio monstruoso de dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, hizo que de la conciencia universal, surgiera el primer verdadero y correcto sentido, enfoque y significado de la Justicia.

(Germán Martín Castro, Alternativa y Liberación, cap. 15)

No debemos confundir lo que sigue sucediendo en Gaza, aunque no aparezca en las televisiones, con lo que pasa en Líbano. En Gaza hemos vivido "en directo" sucesos que reconocidas instancias internacionales califican como genocidio. Los ataques de Israel al Líbano y la invasión de su territorio constituyen, a mi juicio, una "guerra de agresión", crimen perseguido por la Corte Penal Internacional. Para que nos hagamos una idea este delito es, sustancialmente, por el que fueron condenados y ajusticiados los jerarcas nazis en los Juicios de Nüremberg (1945-46).

Ante estos hechos, lo primero que uno se pregunta es si la ONU es una entidad operativa, viva, si sirve para algo. Deben provocar una reflexión profunda sobre el privilegio de veto que ostentan EEUU, Rusia, Francia, Reino Unido y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así mismo, sobre las consecuencias que debería tener que una nación (Israel) esté atrincherada en el incumplimiento sistemático de sus resoluciones; por ejemplo, si es permisible que siga perteneciendo a dicha organización.

Sean cuales sean las limitaciones legales y prácticas del concepto de genocidio, quiero partir del reconocimiento explícito de que supone un avance en la toma de conciencia de la humanidad. A ello contribuyó el propio esfuerzo de denominación, pues hasta entonces había sido el crimen sin nombre, en palabras de Winston Churchill. Logro alcanzado gracias al ímprobo esfuerzo del jurista juedopolaco Raphael Lemkin.

Aunque no fue hasta 1944 que la palabra genocidio tomó entidad, Raphael Lemkin llevaba años preocupado por la destrucción premeditada de colectivos nacionales, raciales, religiosos y sociales. Así lo planteó por escrito en la V Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal, celebrada en Madrid en Octubre de 1933 bajo los auspicios de la II República Española  El arduo trabajo de Lemkin se concretó cuando la ONU emitió, primeramente, la Resolución 96 de 11 de Diciembre de 1946 reconociendo el delito de genocidio, y el 9 de diciembre de 1948 la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Según los estudiosos Chalk y Jonassohn las motivaciones del perpetrador de un genocidio pueden ser: 1- para eliminar lo que consideran una amenaza; 2- para aterrorizar al resto del grupo que supone un riesgo; 3- con objeto de conseguir bienes y riquezas; o 4- para imponer una visión de tipo ideológico (religiosa, étnica, política...). Estos autores profundizan en el cuarto tipo, el genocidio ideológico, típico del siglo XX, estudiando su asociación a ciertas estructuras y procesos sociales. Con la vista puesta en detectar la posibilidad de genocidio de manera temprana y con ello prevenirlo, identifican una serie de características sociológicas que pueden alertar antes de que ese riesgo se materialice.

A nuestro parecer, varias de esas características son propias del Estado de Israel.

• Nuevo Estado: Israel fue fundado en 1948.
• Régimen basado en ideologías ligadas a antiguos sistemas de creencias. Plantean un futuro perfecto, de tipo milenarista, y los medios para conseguirlo: Israel se considera el pueblo elegido por "Dios", espera el "Mesías" y se rige por muchas normas teocráticas seculares.
• Una vez establecida esa ideología, no tolera no adherentes o críticos, para que no pongan en peligro sus objetivos: Se reprimen los movimientos pacifistas, se veta al Secretario General de la ONU, António Guterres...

Los gobiernos genocidas también procuran entorpecer  la recolección de datos sobre sus delitos controlando férreamente los medios de comunicación. Según Reporteros Sin Fronteras, en 150 días fueron asesinados 103 periodistas en Gaza. Israel ha expulsado a la cadena Al Jazeera, o dificultado la labor de televisiones occidentales como RTVE.

Vemos por tanto que ciertas estructuras y procesos socio-culturales del Estado de Israel podrían haber larvado condiciones objetivas para que los gobiernos de ese país sean proclives a comportamientos genocidas. Estructuras y procesos que coinciden con un llamativo hecho, por lo contradictorio. Israel es firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que en su Artículo VI establece:

Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.

Esta Convención no se hizo efectiva hasta la constitución de la Corte Penal Internacional, establecida mediante el Estatuto de Roma, en vigor desde 2002. Pues bien, Israel no reconoce a la Corte Penal Internacional. Esta ausencia y el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad cortocircuitan en la práctica cualquier sanción que pueda afectarle.

La actual situación en la franja de Gaza es una piedra de toque que pone todo lo legislado contra los genocidios en una acuciante evidencia. La comunidad internacional está fallando, como falló hace noventa años. Me sumo a las voces que exigen una regeneración radical de la Organización de las Naciones Unidas, que en palabras de Martín Castro se ha convertido en "una entidad representativa que sin fuerza moral, judicial, ideológica y militar adecuadas, hace de representante comercial sobre todo a EEUU, lo que le permite el veto que imponen cinco naciones, a saber, EEUU, Rusia, China, Inglaterra y Francia y sirve de correo informativo de las demás". Eliminar dicho privilegio de veto es un imperativo democrático para posibilitar que la ONU cumpla los altos cometidos para los que fue creada.