Opinión · Versión Libre
Un caso para la historia universal de la infamia
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En unos hechos que pasarán a la historia universal de la infamia, un magistrado del Supremo, Luciano Varela, pide sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón por haber intentado abrir una causa contra los crímenes del franquismo. El magistrado considera que Garzón cometió prevaricación y, para que no queden dudas sobre la gravedad de la 'ofensa', tipifica el delito en su vertiente más severa (artículo 446.3 del Código Penal), que supondría la inhabilitación del juez por 12 a 20 años, en lugar de aplicar el artículo 447, de “imprudencia grave”, que reduce el castigo a entre dos y seis años.
El verdadero delito de Garzón fue intentar desanudar el legado franquista del “atado y bien atado”, para lo cual utilizó todos los recursos y plazos jurídicos a su alcance hasta que, atendiendo las órdenes de la Audiencia, se inhibió de la causa y remitió el expediente a los juzgados ordinarios concernidos. Con posterioridad, dos organizaciones de ultraderecha promovieron contra el juez la querella que ahora amenaza con hundir su carrera. Y esto sucede mientras la Falange, uno de los acusadores, continúa montando con total impunidad actos de enaltecimiento de la dictadura.
El auto del magistrado Varela constituye una advertencia tajante a todo juez que pretenda husmear en los crímenes del franquismo: en la España del siglo XXI existen aún líneas rojas que no se pueden cruzar. Alemania pudo juzgar el nazismo porque Hitler perdió la guerra. En España, Franco ganó, mandó durante casi cuatro décadas y, por lo visto, continúa victorioso 35 años después de su muerte. Una ley preconstitucional de aministía aún funciona como muro contra la verdad y la justicia. Algo falla en una democracia donde cabe semejante afrenta y humillación.
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