MURCIA.- En plena sequía en las cuencas del sur y el este de España, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS, Ministerio de Agricultura), con sede en Murcia, ha prohibido a tres empleados declarar en las Cortes Valencianas sobre la gestión actual del agua y alternativas posibles ante el cambio climático, basándose en la “obediencia debida”, una figura que no está vigente en el ordenamiento legal español, y compeliendo así a los convocados a incurrir en una falta disciplinaria “muy grave” de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público.

El secretario general de la CHS, José María Bernabé, ha dirigido una orden al Comisario de Aguas de ese organismo, José Carlos González Martínez, al jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García Martínez, y al técnico hidrogeólogo Luis Francisco Turrión Peláez, comunicándoles que “no está autorizada su asistencia en representación de este organismo” a las comparecencias previstas en el plan de trabajo de la Subcomisión de las Cortes Valencianas para el estudio de la gestión del agua en la Comunitat Valenciana y posibles alternativas de actuación ante los efectos del cambio climático.

La parte final de la cuenca del Segura, antes de desembocar al Mediterráneo en Guardamar discurre a través del sur de la provincia de Alicante, por la importante comarca agrícola de regadío denominada Vega Baja, cuya capital es Orihuela, y usa recursos hídricos procedentes del Trasvase Tajo-Segura. En términos proporcionales, una cuarta parte del territorio de esta cuenca pertenece a la provincia de Alicante.

Bernabé indica en la carta a cada uno de sus subordinados que “debe considerar esta comunicación como una orden directa de servicio cuyo incumplimiento podría ser constitutivo de falta de obediencia debida”, según un real decreto de 1986 sobre el régimen disciplinario de los funcionarios estatales y la ley de 2007 del estatuto del empleado público.

Uno de los técnicos objeto de la prohibición, Luis Francisco Turrión, mantiene que el déficit hídrico en la Cuenca del Segura se debe a una mala gestión

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opuso en octubre de 2013 al intento del Ministerio de Defensa de “resucitar” la obediencia debida y recordó en su dictamen recuerda que ese concepto desapareció del derecho común con el Código Penal de 1995, tal como publicó en su momento este diario. Fuentes jurídicas consultadas opinan que invocar la obediencia debida para impedir la asistencia a un acto puede ser constitutivo de violación de derechos fundamentales.

Lo que sí figura en el vigente Estatuto Básico del Empleado Público, que afecta a los dos funcionarios y al contratado laboral objeto de la prohibición, en el artículo 95 relativo a faltas disciplinarias, es la tipificación de falta muy grave para “la incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”. Uno de los técnicos cuya comparecencia ha sido prohibida por Bernabé, Luis Francisco Turrión, estima que incurriría en ese tipo de falta si no acudiera a la citación de las Corts Valencianas cuando se produzca.

Según el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana (BOCV), esa comisión sobre el agua en las Corts ha propuesto la comparecencia de un total de 59 personas entre los que hay técnicos en agua, catedráticos, profesores e investigadores de varias universidades, así como técnicos cualificados de las confederaciónes hidrográficas del Segura y del Turia, cualificados ecologistas de la zona levantina, etcétera.

El plan de trabajo de la comisión valenciana que incluye las 59 comparecencias es “la síntesis de las tres propuestas presentadas” por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Compromís, Podemos-Podem y Ciudadanos.

Uno de los técnicos objeto de la prohibición, Luis Francisco Turrión, mantiene que el déficit hídrico en la Cuenca del Segura se debe a una mala gestión y a la no utilización de los recursos potenciales. Asegura, como hidrogeólogo, que esa falta de agua podría equilibrarse fácilmente mediante el uso limitado y sostenible de las aguas procedentes de acuíferos subterráneos y una red eficiente de desalinizadoras.