La protesta de varios argelinos internados en el CIE de Aluche, en Madrid, ha vuelto a poner el foco en estos centros que, para gran parte de la sociedad, son cárceles para extranjeros. La campaña 'CIEs no' exige el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y está respaldada por decenas de colectivos sociales. Entre ellos se encuentra Betty Roca Hubbauer, psicóloga de Psicólogos Sin Fronteras y portavoz de la campaña. Roca trata de cerca con varios de los migrantes retenidos y conoce mejor que nadie su estado físico, anímico y psicológico. Precisamente por ello denuncia el trato inhumano que suponen estas instalaciones.

¿Le sorprenden protestas como la de este miércoles en el CIE de Madrid?

No. Venimos acompañando a las personas presas en los CIE durante cinco años y hemos visto una mayor visibilización de su problemática gracias a los propios internos y a las organizaciones que les apoyamos. Pero las condiciones por las que se protesta siguen siendo las mismas: ineficiencia judicial y condiciones de vulnerabilidad dentro de los centros y problemas de infraestructura.

¿Qué es exactamente un CIE?

Es una cárcel racista. No se puede llamar de otra manera a centros de internamiento de extranjeros donde se mete a personas sólo por no tener documentos en regla. Una simple falta administrativa se convierte en una situación excepcional, desarrollada de forma ilegal. Se priva de libertad a personas de uno a 60 días y, luego, se procede a su expulsión.

¿Cuándo comenzaron a funcionar los CIE en España?

La ley que los rige se crea en 1995, pero ya venían funcionando muchos años atrás. Sólo se les dio cierto marco legal que se ha ido modificando. Lo que denunciamos es que no se puede legalizar o reglamentar un espacio de vulneración de derechos. Estos espacios deben ser cerrados.

Tantas denuncias por malos tratos y vulneración de derechos parecen indicar que es algo más que simples casos aislados. ¿Es así?

Son una constante y, sin plataformas de la sociedad civil organizada que entren y acompañen a las personas presas, no se podría saber. Además, cuando denunciamos casos de vulneraciones de derechos, más de un 40% de los internos que denuncian son expulsados. Las denuncias no suelen llegar muy lejos por esta razón. Son vulneraciones exacerbadas, se les niega que sean asistidos por la ley.

¿Ha habido investigaciones y/o condenas por alguna de las denuncias?

Hay varios casos paradigmáticos, como el de Málaga, donde las internas denunciaron violaciones por partes de los policías. O el de Samba Martine, por la inatención sanitaria y su posterior muerte. La gente que protestaba ayer en el CIE de Madrid lo hacía por esto, porque sufren, porque nadie les atiende, porque hay gente enferma tirada en los patios, porque se deporta a gente con 40 grados de fiebre. A través de la movilización intentamos reabrir el debate permanentemente. Es una lucha encarnizada contra el Gobierno para que estos casos cesen, para que se depuren responsabilidades y para que se reconozca que es la propia existencia del CIE la que genera estas situaciones

¿Cuál es el proceso por el que un extranjero acaba en estos centros?

Hay varias formas. El motivo fundamental es no tener la documentación en regla. Para llegar a eso, hay días en los que se organizan redadas racistas. Son detenciones de carácter étnico. Si no tienes la documentación terminas en un CIE. Estas redadas están prohibidas en España y ha habido varios llamamientos incluso de Naciones Unidas, para que se eviten estas prácticas.

Al mismo tiempo, hemos detectado que a algunas personas se las llama para que acudan a comisaría con la excusa de que tienen que firmar su documentación. Una vez que la persona llega, se la detiene, se la interna y acaba en uno de los que llamamos vuelos de la vergüenza, en los que son deportados a sus países.

Es curioso que hable constantemente de presos y de cárcel, cuando la ley establece que estas retenciones deben hacerse en centros de carácter no penitenciario.

Es una situación de vulneración más. Al no ser cárceles como tal hay una gran opacidad sobre su funcionamiento, pero todo queda en manos de los policías de turno. Si yo voy a visitar a una persona internada es el policía el que decide si lo veo o no y cuánto tiempo puedo estar con mi familiar. Hay testimonios de mujeres que acaban de dar a luz a las que no les permiten ver a sus hijos recién nacidos. Ni para darles de mamar.

Cuando prestáis atención psicológica a los internos y a los que han salido de un CIE, ¿qué os encontráis?

Nos topamos con el llamado síndrome de Ulises. Consiste en estrés crónico y múltiple desarrollado por personas que están sometidas a muchísimos estrés. Hay que tener en cuentan que muchos de los afectados son personas a los que la crisis económica no les ha permitido renovar sus contratos laborales y han vuelto a perder el permiso de residencia, que es lo que llamamos “irregularidad sobrevenida”.

Aparte de estas vulnerabilidades previas, a las que son sometidas por la Ley de Extranjería, encontramos testimonios de vulneraciones estructurales, muy fuertes. Gente con síndrome de estrés postraumático porque no saben qué va a pasar con ellos, no tienen información, están en condiciones de hacinamiento, etc. Es desproporcionado que, por no tener la documentación, termines con un cuadro clínico propio de una guerra o de un campo de internamiento. Hacemos el paralelismo sin miedo a exagerar con los campo de exterminio nazi. En ambos casos se acaba con la dignidad de a personas.

¿Cuál ha sido el caso más extremo con el que habéis trabajado?

Algunos migrantes llegan a España huyendo de sus países porque temen por su vida. Es el caso de las personas homosexuales. Si las detienen, saben que si son deportados van a morir. Están rumiando permanentemente la idea de la muerte porque no tendrán oportunidad de escapar cuando los envíen a su país. Otras personas hablan de la imposibilidad de tener el control de nada. Dentro del CIE no tienen referencia temporal. No saben cuánto tiempo ha pasado desde que se levantan hasta que anochece, no pueden ver a sus familiares, pierden el contacto con todo. Además de la dignidad pierden el control de la propia vida. Y, si se escarba en escenarios más lúgubres, encontramos a mujeres víctimas de trata a las que se ponen en riesgo tanto a ellas como a sus familias. Las redes de tráfico de personas no van a respetar que sea deportada o retenida. También se rompen familias. Para cualquier padre o madre no será difícil ponerse en la piel de un padre deportado que deja a su hijo sólo en otro país.

Una de las frases repetidas por los argelinos que han protestado en el CIE de Madrid era: “Nos tratan como a perros” ¿En qué condiciones se vive en uno de estos centros?

Ayer, algún medio de comunicación hablaba de “centros de acogida”, e incluso algún tertuliano, de “hoteles de cinco estrellas”. Es inaceptable. Los CIE son celdas compartidas por personas. En el de Valencia, por ejemplo, las mantienen encerradas durante la noche. Ante cualquier emergencia, los internos están encerrados. No se les deja salir y tienen que orinar en botellas de agua. Si tienen que defecar, lo tendrán que hacer delante de sus compañeros. Las mujeres son obligadas a limpiar su propio espacio. No hay lugares de ocio. Hombres y mujeres están en un recinto del tamaño de una pista de baloncesto pequeña. No se les da ropa. Van con lo que tenían puesto cuando les detuvieron. A muchas mujeres se las interna cuando son detenidas ejerciendo la prostitución. En las visitas nos piden unas bragas para poder cambiarse porque llevan más de una semana con las mismas. La comida es escasa. En invierno, de las duchas sólo sale agua fría y, en verano, caliente. Lo hemos denunciado y no ha cambiado nada. Cualquier persona que viera eso no se plantearía que viven en un hotel o un centro de acogida. Es un centro de tortura.

¿De qué depende que una persona sea deportada o liberada a los 60 días? ¿Se cumplen los plazos?

En los últimos años, el porcentaje de expulsión está entre el 40% y el 45%. El resto son puestos en libertad, por lo que están utilizando un recurso público para algo que no cumple su función. Para que se dé la expulsión tiene que cerrarse el expediente por dictado de un juez. Para ello hay que demostrar que esta persona no está arraigada en España. Nos encontramos con gente que viene cruzando fronteras y lleva pocos tiempo en España y se las expulsa a los pocos días de su internamiento. En estos casos, se les niega la posibilidad de pedir asilo en caso de que pudieran. Para quienes continúa el proceso, se intenta demostrar que no tienen arraigo. Es escandaloso a veces porque hay gente que lleva 20 ó 25 años aquí y se les devuelve a un lugar donde no tienen nada. Si pasan 60 días sin que el juez se pronuncie, hay que poner a esa persona en libertad.

¿Qué les impide pedir asilo?

Es tan difícil como que tienes que saber que tienes ese derecho. La Policía no les informa de las circunstancias por las que podrían solicitarlo. A diario nos encontramos con el discurso de la Policía de que todos piden asilo y por eso no lo dan a nadie. Para iniciar ese proceso administrativo, los primero es ver a un abogado, pero la mayoría de los internos lo desconoce.

¿No se les pone un abogado de oficio?

Sí. Pero muchos no pueden hablar con ellos porque no conocen el idioma. El interno, generalmente, no sabe lo que pasa, sólo ve personas pasando delante de él. No saben que es su abogado, no saben siquiera que tienen un abogado.

La labor periodística apenas puede realizarse en los CIE ¿Hasta qué punto pueden acceder organizaciones como la vuestra?

En 2011, por un auto de un juez, nosotros empezamos a disponer de un acceso similar al de los abogados. Nunca hemos entrado en un CIE. Nos quedamos en unas salas previas donde normalmente se reúnen los internos con sus abogados. Nos permite tener visitas y conversar con ellos mejor que antes, cuando teníamos que entrar por la cola que hacen los familiares. Es su caso, van a una especie de locutorio donde pueden hablar, junto a otras decenas de personas y delante de los Policías siempre. Las autoridades municipales tampoco pueden entrar en los centros.

¿Qué apoyos políticos tiene vuestra iniciativa?

El aliado estratégico habitual ha sido Izquierda Unida, que ha presentado iniciativas y preguntas en el Congreso para exigir información, sobre todo, y también el cierre. En los últimos años, partidos como Compromís y Podemos se están mostrando firmes con el cierre. En cuanto al PSOE, creó estos centros y el PP los mantiene. La postura más sangrante y falta de sensibilidad es el de Ciudadanos, que plantea hacer negocio del dolor de las personas migrantes al pedir que estos centros se privaticen y se hagan con subcontratas.