MADRID.— La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha calificado de "ataque indiscutible y muy grave a la libertad de expresión" la petición de la Fiscalía de dos años y seis meses de prisión a la joven tuitera que bromeó en la red social sobre Carrero Blanco entre noviembre de 2013 y enero de 2016.

A la pena de prisión, el fiscal del Juzgado de Instrucción nº5 de Murcia le añade tres años de libertad vigilada, la retirada de los tuits y pide la apertura del juicio oral en la Audiencia Nacional, aún sin fecha. El equipo jurídico de la PDLI, en boca del abogado Carlos Sánchez Almedia asegura que “de la lectura de los tuits denunciados se desprende que no hay delito”, y añade que "en este caso, se trata claramente de unos chistes, por lo que no existe intencionalidad". Otra cosa —argumenta— es que se discuta si estas bromas son apropiadas o no, pero para el jurista no hay enaltecimiento ni menosprecio a las víctimas.

Sánchez Almeida también llama la atención sobre “la anormalidad democrática que supone que se aplique esta legislación a un momento político de dictadura. Es como si se diese condición de víctima del terrorismo al ejército de José Bonaparte”, resalta.
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A juicio de la PDLI se trata, una vez más, de poner límites al humor, como la organización ha venido denunciando en muchos otros episodios. Además, desde la Plataforma denuncian la "vaguedad" con la que se regula este tipo de delitos sobre el humor negro y las redes sociales. 

Así, lanzan una petición con carácter inmediato a la Fiscalía para que retire su petición de prisión y los tres años de libertad vigilada por considerarlas "desproporcionadas". En opinión de Virginia Pérez Alonso, presidenta de la PDLI, “es disparatado que en una sociedad democrática europea del siglo XXI se pretenda encarcelar a alguien por bromear sobre quien estaba llamado a ser el pilar del franquismo sin Franco, algo que en su día hicieron hasta Tip y Coll”.