La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, que dirige Jesús Vázquez Almuiña, ha suspendido con sólo tres meses de suspensión de empleo y sueldo a tres médicos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) acusados de derivar pacientes de la sanidad pública afectados de cáncer de pulmón para operarlos en clínicas de pago y cobrarles por la intervención.

Los médicos, que han sido acusados por la Fiscalía de A Coruña de tres delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secreto, de negociaciones prohibidas a funcionarios, y de abuso en el ejercicio de su función, fueron objeto de un expediente disciplinario del Servicio Galego de Saúde (Sergas) finalizado en marzo del 2015. La instructora del caso concluyó entonces que eran autores de dos faltas muy graves, entre ellas la de no contar con la preceptiva autorización de compatibilizar el ejercicio de la medicina pública con la privada.

“Estos tres facultativos utilizan la información clínica y las pruebas complementarias realizadas en el Servicio Público de Salud tanto para programar la cirugía como para valorar la evolución del paciente tras la intervención, dando la impresión de que la intervención privada es un paso más dentro del proceso asistencial del Sergas”, asegura el informe de la instructora, quien reclamó para ellos un castigo de dos años de suspensión. El Sergas, sin embargo, les impuso sólo seis meses, que ahora han sido rebajados a tres después de que los galenos recurrieran la decisión administrativa.

“No podemos facilitar esa información”, responde la Consellería cuando se le piden noticias al respecto. Lo cierto es que fuentes médicas sí han confirmado a Público que la sanción ha sido impuesta, aunque está siendo aplicada de manera sui generis.

Al parecer, uno de los médicos implicados se encuentra desde hace meses en situación de excedencia, a pesar de que la ley de Funcionarios Civiles del Estado prohíbe que ésta se conceda “cuando al funcionario se le esté instruyendo expediente disciplinario”. Otro de ellos, a quien se le retiró de la jefatura del servicio del citado departamento, sigue ejerciendo su cargo en funciones también desde hace meses, sin que su plaza haya salido a concurso. En cuanto al tercero, se rota con el anterior para cumplir la sanción a plazos. Los tres han dejado de realizar guardias.

Según aseguran las citadas fuentes, además, el departamento de Cirugía Torácica del CHUAC se encuentra “bajo mínimos”: “Tenía un 'staff' de seis miembros que se ha visto reducido a cuatro. Con esa escasez, el personal se ve obligado a utilizar a los médicos residentes como mano de obra, obligándolos a que realicen extracciones de órganos o servicios de urgencias sin la imprescindible tutela, a hacer implantes pulmonares en precario con una sola persona del staff, cuando se cobra como si participasen tres o cuatro. Algunos de los que se ven obligados a hacer trasplantes y peonadas [cirugia de tarde] son los mismos que, al tiempo, cubren las guardias. Además, el personal no puede tomarse las correspondientes libranzas de guardia o trasplante que les corresponderían, especialmente a los residentes, ni realizar las rotaciones necesarias para su formación”.

Con esa situación, las listas de espera en Cirugía Torácica se han disparado, incumpliendo la norma que obliga a la Administración sanitaria a operar en menos de treinta días a los pacientes afectados de cáncer que precisen una intervención.

En diciembre del 2015 la media de espera en el servicio de Cirugía Torácica del CHUAC era de 37,3 días. En diciembre del 2016, alcanzaba los 47. Como ejemplo, en el área sanitaria de Vigo la espera para operaciones por esas mismas patologías no supera los 23 días.

El caso investigado comenzó a principios del año 2010, cuando los tres médicos acusados crearon una sociedad mercantil para realizar intervenciones en hospitales privados, a donde enviaban pacientes con patologías tan graves como el cáncer de pulmón que previamente habían tratado en el CHUAC. A algunos de ellos ni siquiera los incluían en las listas de espera del Sergas, y a otros les insinuaban que tendrían que esperar demasiado si no acudían a un centro externo.

Según las diligencias de instrucción penal de la Fiscalía hay al menos once casos confirmados de pacientes que padecieron esa manera de actuar. Por si fuera poco, un informe confirmó que la técnica quirúrgica que empleaban los citados médicos en sus intervenciones en clínicas privadas tenía un índice de supervivencia menor que la habitualmente utilizada en el CHUAC.

Consultada por este diario, la asociación Batas Blancas de Galicia ha asegurado que tanto la Inspección del Sergas como la Consellería de Vázquez Almuíña tienen por costumbre no contestar “prácticamente nunca” a sus demandas y que, por ello, tampoco disponen de información.