José Luis Sariego, que ostentaba hasta este jueves la representación en España de Francesco Arcuri, la expareja de Juana Rivas, ha desvelado a Público que los abogados italianos que llevan el caso han presentado una demanda por 1,2 millones de euros contra varias personas españolas, "de las que no puedo desvelar su identidad, pero entre las que hay gente famosa", afirmó. No confirmó si Susana Díaz está en la lista, pero sí que se estaba considerando demandar a la presidenta de una comunidad autónoma de nuestro país.

El bufete Sariego Abogados anunció en un comunicado el pasado jueves que deja de representar los intereses en España de Francesco Arcuri, por estar en "total desacuerdo con las declaraciones y las formas de actuar de los asesores de Arcuri en Italia".

Sariego, quién asumió la defensa de Arcuri en España en sustitución de su anterior abogado, Alfonso Alonso, manifiesta haber recibido presiones por parte de Bruno Poli, coordinador del despacho Italiano, aunque afirma que no es jurista.

"Ante las decisiones y desafortunados comentarios" del mismo, "y con el que mostramos nuestro mas enérgico rechazo", este despacho ha decidido abandonar la defensa de los intereses legales en España de Arcuri, según ha señalado en un comunicado el bufete. Y es que, sostienen, "no se nos ha dejado gestionar de forma adecuada las declaraciones públicas del señor Arcuri por parte de dicho coordinador".

El comunicado, mediante el que anuncian esta decisión, sin embargo, no está accesible ya en la página web en la que José Luis Sariego, abogado de la firma y que llevaba el caso desde que Arcuri recuperó a sus hijos y se fue con ellos a Italia. Ni el comunicado en el que hace pública su renuncia, ni otros dos publicados en la misma página, son ya accesibles. Según Sariego "no quiero que mi blog se mezcle con este tema. Es un blog de temas jurídicos y como ya lo había emitido Europa press, lo borré".

Sariego afirma que el motivo de la disputa tiene que ver con la publicación del comunicado en el que Arcuri afirmó que emprendía acciones legales contra periodistas y políticas españolas "por difamación" y en el que desvelaba, entre otras cosas, que denunciaría ante los tribunales italianos la ley de violencia de género de nuestro país por entender que "vulnera derechos", entre otras acciones. 

"Hemos dejado el caso porque es terrible lo que está pasando con los abogados de Italia", afirmó el abogado de Sevilla a Público este viernes. "Me está poniendo condiciones un señor que se llama Bruno Poli, que no es abogado, sino el coordinador de los abogados, como un jefe de prensa que tienen firmado un contrato en exclusiva [con Francesco Arcuri]", añadió.

Contrato en exclusiva

El letrado español afirma que su despacho distribuyó ese comunicado por un error y explica que los despachos de abogados italianos funcionan de forma muy parecida a como lo hacen los de Estados Unidos. "Tienes una empresa, un negocio que le puedes llamar de defensa de derechos para el que contratas a tes o cuatro abogados que estudian el tema y las posibilidades de sacar dinero. Al cliente le dices que le pones a tus abogados a su servicio, que no tiene que pagar nada, firma un contrato en exclusiva y de todo lo que se vaya a ganar y de todos los pleitos posteriores por difamación se llevan un buen porcentaje, que puede ser del 50 o 60%".

"Nuestro cliente es Arcuri, no él [por Poli], pero al parecer tiene plenos poderes. No necesitamos pasar por estas cosas: después de una reunión de urgencia, hemos decidido dejar el caso ante la falta de entendimiento con esta parte", ha añadido Sariego, que como novedad procesal también ha aludido a la personación como acusación popular en la causa contra Rivas de una asociación en defensa de los derechos de los niños.

Según algunos de los comunicados hechos públicos desde Italia y que han sido recogidos por Europa Press antes de que sean eliminados, los abogados italianos de Arcuri --Alessandro Righetti (civil), Marco Capucci (penal), Serlapo Bardi (civil) y el mencionado Bruno Poli, como coordinador y experto en Derecho Internacional Privado, apuntan haber encontrado que en muchos artículos de prensa y opinión "Arcuri ha sufrido graves daños a su honor, dignidad y reputación, lo que le ha causado un considerable daño moral y psicológico".

Asimismo, lamentan que "Juana Rivas y otros sigan con su sistemática labor de denigrar y destruir la honorabilidad del señor Francesco Arcuri", añadiendo, sobre la situación legal y judicial de Rivas en Italia a nivel penal, que "está siendo investigada por el juez de lo Penal, por la posible comisión del delito a que se refiere el art. 574bis del Código Penal Italiano, secuestro y detención en el extranjero de menores, cuya pena privativa de libertad está prevista hasta un máximo de cuatro años y, como pena accesoria, se prevé la suspensión de la patria potestad.

Según los abogados italianos, en el ámbito del Derecho civil, "los menores son confiados exclusivamente al padre (custodia paterna exclusiva) y la madre goza actualmente y de forma provisional, del derecho de visitas. Aún no existe pensión de alimentos fijada para los niños a cargo de la señora Rivas".

Según recoge Europa Press, tras el regreso de los niños a Italia, la madre "no ha ejercido su derecho de visitas, aunque ha pedido contactar con sus hijos vía Internet, en vía de apelación". Los letrados italianos informan de que se está redactando la oposición a dicha petición, así como de que se han facilitado al Juez de Familia todos los hechos recientes protagonizados en España por Rivas, con el objeto de suspender la patria potestad de la misma sobre los niños".