El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respondido este martes en el Senado y este miércoles en el Congreso sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado martes que condenaba a España por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Corte de Estrasburgo obliga a España a indemnizar con 5.000 euros a dos personas de origen subsahariano a las que devolvió automáticamente a Marruecos desde suelo español a través de la valla fronteriza de Melilla, sin seguir los trámites de expulsión ni darles posibilidad de ejercer su derecho a un recurso efectivo.

Sin embargo, Zoido no ha hecho la más mínima autocrítica por la condena, no ha desvelado si el Gobierno recurrirá la sentencia, aunque ha dicho la están estudiando, ni ha avanzado si dará nuevas órdenes a la Guardia Civil para que deje de realizar las llamadas "devoluciones en caliente", que desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015, el Ejecutivo denomina "rechazos en frontera" para intentar darles encaje legal. De hecho, lejos de rectificar, Zoido ha insistido en que, en la Unión Europea el rechazo en frontera no es incompatible con defender los Derechos Humanos.

Lo que sí ha hecho el ministro es mentir. Preguntado por la senadora socialista Olivia María Delgado sobre este asunto, Zoido ha repetido el argumentario de su antecesor en el cargo, Jorge Fernández Díaz, ha justificado las prácticas declaradas ilegales por la importancia de "defender la frontera española y el espacio Schenguen" de la entrada ilegal de inmigrantes y ha incidido en que el Gobierno es respetuoso siempre con los Derechos Humanos y los convenios internacionales que España tiene suscritos, aunque Estrasburgo no opina lo mismo.

Pero además Zoido ha vuelto utilizar la diferencia entre inmigrantes por causas económicas y refugiados o solicitantes de protección internacional. "Hay que diferenciar a quienes quieren entrar de manera irregular, con violencia muchas veces, en España de quienes quieren entrar de manera regular y piden protección internacional", ha argumentado el ministro. "Si la intención de los asaltantes [de las vallas] fuera pedir asilo no hace falta que salten la valla, sólo tienen que ir al puesto fronterizo y solicitar protección internacional. Se puede hacer en todos los puestos fronterizos, también en Ceuta y Melilla.  El Gobierno y sus autoridades se lo conceden si reúnen todos los requisitos", ha añadido.

Oficinas de asilo, sin estrenar

Sin embargo, los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla se inauguraron en marzo de 2015 a raíz de la llegada masiva de refugiados sirios que colapsaron el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Las devoluciones en caliente por las que España ha sido condenada se produjeron en 2014, por lo que los inmigrantes que demandaron a España por su devolución ilegal no tenían la posibilidad de solicitar asilo hasta que lograran cruzar la valla y llegaran al CETI de la ciudad.

Además, desde que esas dos oficinas comenzaron a funcionar, ningún subsahariano ha podido solicitar asilo en ellas. Así lo ha reconocido el propio Gobierno en sus respuestas a varias preguntas parlamentarias registradas por la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora. Diferentes visitas de diputados, senadores y eurodiputados a la frontera de España con Marruecos han constatado la imposibilidad de acceder hasta ellas para quienes están en Marruecos. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también señaló recientemente que la oficina de Ceuta, está "sin estrenar“, y que la tramitación de solicitudes sufre una “lentitud muy grande en su respuesta ante la demanda tan elevada”.

Interior también ha reconocido al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, que ningún subsahariano ha podido solicitar asilo en las oficinas de Ceuta y Melilla. 

"Lo que dice Zoido es falso. Sabe de sobra que no hay ningún subsahariano que pueda acceder a las oficinas de asilo", asegura Mora a Público. La senadora critica además el "escaso conocimiento" del ministro de la normativa nacional e internacional. "Afirma que Europa permite las devoluciones desde la frontera. Es verdad, pero si se respetan los derechos humanos y los procedimientos. El problema es que en la práctica, cuando España realiza devoluciones en caliente, no respeta los derechos humanos. Incumple el principio de no devolución. Esto que dice la sentencia de Estrasburgo los llevamos diciendo nosotros y varios organismos durante años", asegura la sendaora. 

"Hay muchos subsaharianos cuya historia es de manual para que se les conceda la residencia y se les está obligando a saltar la valla”, explicaba a Público Teresa Vázquez, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la ciudad autónoma en un reportaje realizado en 2015 en Melilla. Según explicaba, las autoridades marroquíes no les dejan cruzar para solicitar asilo. De hecho, los sirios que en 2015 lograron llegar hasta la oficina lo hicieron con pasaportes marroquíes falsos.

Y la situación no ha cambiado mucho desde entonces. "Hace dos semanas visitamos Ceuta y nos explicaron que si bien se creó una oficina de asilo, no está en funcionamiento. Y si no lo está es porque se creó para cubrir el expediente. En ningún caso hay voluntad de que se pueda pedir asilo con normalidad tal y como lo demuestran el resto de situaciones de excepcionalidad que se dan tanto en Ceuta como en Melilla a la hora de demandar asilo, como es por ejemplo el desaplazamiento a la Península", explica a Público la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo Marina Albiol. La eurodiputada añade que "cuando hablamos de las personas provenientes del África subsahariana su derecho a demandar asilo en Melilla se reduce a cero, puesto que son devueltos antes de que puedan hacerlo.  Además, hay que remarcar que al Gobierno le interesa mantener estos dos puntos de la frontera sur de Europa como territorios con un estatus completamente diferenciado. En muchos casos, lo que aplica para Melilla, no lo hace para Ceuta y al revés".

"El Gobierno está negando a muchas personas  la posibilidad de pedir asilo, le da igual su situación. Según ACNUR, entre el 85% y el 90% de los subsaharianos que intentan cruzar las vallas de Ceuta y Melilla son potenciales solicitantes de asilo. Es una salvajada lo que hace y lo que dice el Gobierno, y es normal que nos condenen por ello. Si seguimos así nos condenarán otra vez", sentencia Maribel Mora.