Un informe del Consejo de Europa cita a España como uno de los países del continente, junto a Hungría, en el que el retroceso y la oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y sus derechos reproductivos se está volviendo más fuerte y explícito. El documento, titulado Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa, alerta, además, de que la crisis económica y los recorte asociados a los presupuestos públicos, así como el surgimiento de posiciones conservadoras, están poniendo en peligro estos derechos en el continente. 

El documento afirma que "en vista de estos ataques, es más importante que nunca que el Parlamento Europeo defienda los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y ofrezca un resumen útil de la situación actual de la salud sexual y reproductiva y derechos afines a escala europea".

En su presentación, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, criticó las "violaciones y restricciones" de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y pidió a los 47 Estados miembros "que trabajen en el desarrollo de la igualdad de género".

Muiznieks señala algunas "amenazas surgidas en los últimos años en Europa", especialmente en Rusia, Eslovaquia, Armenia o Georgia, que "tratan de erosionar el compromiso alcanzado con la igualdad de género y la universalidad de los derechos de las mujeres".

Además de las motivaciones ideológicas, el documento alerta sobre el impacto que está teniendo la crisis financiera, las dificultades económicas y los recortes asociados en los presupuestos públicos, que están llevando a los Estados a "acelerar la privatización de los servicios sanitarios, reducir el acceso a los mismos, así como su calidad".

El estudio resalta que muchos Estados miembros no recopilan los datos necesarios para medir plenamente la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, más de dos tercios de los Estados miembros no dispone de información sobre el porcentaje de mujeres embarazadas que han recibido, al menos, una visita prenatal y más de una cuarta parte de los países no dispone de datos sobre el porcentaje de nacimientos atendidos por un profesional sanitario cualificado. "Aunque la recopilación de este tipo de datos puede ser considerada innecesaria por algunos países altamente desarrollados, contiene indicadores importantes que permiten un seguimiento consecuente de las normas de salud reproductiva", advierte el informe.

Educación sexual y derecho al aborto

Si bien el documento reconoce que en la mayoría de Estados miembros, la educación sexual es obligatoria y regulada por leyes nacional, el contenido y la calidad varían enormemente entre países. "Según un reciente estudio, las mejores prácticas de educación sexual pueden encontrarse en el Benelux y los países nórdicos, Francia y Alemania. Los Estados miembros del este y del sur de Europa tienden a tener programas de educación sexual deficientes o inexistentes".

Las dificultades al acceso al aborto es otro de los puntos clave de documento, que resalta la imposición de un número creciente de barreras para el acceso de estos servicios reproductivos incluso los que tienen legislaciones permisivas en materia de aborto. "Principalmente, las mujeres deben enfrentarse al uso no regulado de la objeción de conciencia de profesionales de la salud reproductiva, periodos de espera obligatorios o asesoramiento interesado".

Resalta que la práctica de la objeción de conciencia ha denegado a muchas mujeres el acceso a los servicios de salud reproductiva, como información, acceso y compra de anticonceptivos, análisis prenatales e interrupción legal del embarazo. Se han mencionado casos de Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Polonia, Irlanda e Italia donde cerca del 70% de todos los ginecólogos y el 40% de todos los anestesistas se oponen a prestar servicios de aborto por motivos de conciencia. "Estas barreras contravienen claramente las normas de derechos humanos y las normas médicas internacionales".

El informe formula 54 recomendaciones, entre ellas, garantizar a todas las mujeres un aborto legal y seguro, y que los anticonceptivos sean "asequibles, disponibles y accesibles".

Pide "prevenir las medidas retrógradas" que comprometan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y poner en marcha sistemas de salud que preserven y avancen en ese sentido, así como garantizar una educación sexual completa.