La muerte este viernes de un hombre de 36 años de nacionalidad argelina que estaba interno en la cárcel de Archidona (Málaga) desde que llegó en patera el pasado noviembre, junto a otros cientos de compatriotas, a las costas españolas, ha indignado tanto a partidos políticos como a organizaciones sociales, ONG de apoyo a migrantes y refugiados y otros colectivos sociales. Si desde que se dio a conocer que casi 600 migrantes serían internados en esta prisión sin estrenar que ahora funciona como Centro de Internamiento de Extranjeros ya ha levantado duras críticas al Gobierno y, en concreto, al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, este trágico suceso que, según la versión oficial, se trata de un suicidio, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido la dimisión de Zoido y ha demandado la apertura de una "investigación inmediata" para aclarar lo sucedido. En un comunicado el presidente de la Red, Daniel Méndez, ha afirmado que esta situación es "consecuencia directa de la opacidad, desesperación y plena inoperatividad de un centro y un personal que no está preparado para lo que está sucediendo". Por ello, ha opinado que "el ministro, su secretario de Estado y la cadena de mando responsable debe asumir su responsabilidad y dimitir inmediatamente".

La plataforma ciudadana contra el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Archidona ha convocado este sábado una concentración en las puertas de la cárcel para exigir responsabilidades y la "dimisión inmediata" de Zoido. Daniel Machuca, portavoz de la plataforma, ha considerado que esta muerte "es consecuencia de las políticas racistas del Estado español y de la Comunidad Europea".

Otras organizaciones, como Médicos del Mundo, IRIDIA, Sos Racismo o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ha criticado el internamiento de migrantes en esta cárcel y han recordado la "ilegalidad" que se estaba llevando a cabo desde el principio. "Hay veces que, ante unas circunstancias mal gestionadas de principio a fin, y somos ampliamente generosos con esta denominación, hay consecuencias sobre los derechos fundamentales más básicos de las personas", ha asegurado la APDHA en un comunicado en el que también lamenta que "si este resultado trágico" no sirva "de aldabonazo o punto de inflexión... pero estamos tristemente acostumbrados a que estas situaciones extremas no acaben cambiando nada". La asociación recuerda recuerda otros casos que no supusieron cambio alguno en la gestión o enfoque político de los CIE. "Esperemos que éste lo sea", ha apostillado.

Reacciones en la política

También ha habido duras reacciones de partidos políticos de la oposición, como las de Izquierda Unida, Podemos, PSOE o Compromís. El líder de IU, Alberto Garzón, ha subrayado que este suceso "debería caer sobre la conciencia de quienes dirigen esta política de vulneración de derechos humanos". Garzón, que precisamente estuvo en este centro penitenciario, asegura en Twitter que "unas condiciones de detención injustas e inhumanas han podido con la vida de esta persona". "Ayer mismo estuve en las puertas de la cárcel para seguir denunciando esa situación ilegal e inhumana. Y volvimos a anunciar medidas contra el Gobierno del PP por vulnerar los derechos humanos", dice en la red social. Su partido ha pedido la dimisión de Zoido.

También ha reaccionado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien también ha exigido el cese del ministro del Interior.

Podemos también ha condenado este suceso y ha pedido la dimisión del ministro. La senadora de la formación morada Isabel Mora ha asegurado que este aparente suicidio "no es más que una desgracia anunciada teniendo en cuenta la situación límite a la que se les ha sometido, metidos en una cárcel y tratados de una manera absolutamente inhumana", ha denunciado. Según Mora, quien visitó recientemente el centro, los inmigrantes allí internados se quejan de falta de comida y, doce días después de su llegada, seguían con la misma ropa -algunos llevaban sandalias- y no habían podido hablar todavía con sus familiares porque no tenían acceso a teléfonos. "Nuestra legislación no obliga a que haya centros de internamiento, no existe la eficacia, y más de la mitad de los que están internados no pueden ser expulsados, por lo que se les priva de libertad sin sentido ninguno", ha agregado.

Por su parte, el portavoz del área de Interior del Grupo Socialista en el Congreso, David Serrada, ha avanzado este jueves que pedirá la comparecencia en la Cámara Baja del ministro del Interior para pedirle explicaciones sobre esta muerte. "Esto ya es la gota que colma el vaso de la situación que se está viviendo en Archidona. Es el punto final que debe hacer recapacitar al Ministerio del Interior sobre que fue un error habilitar ese centro, ha sido un error la gestión y el desenlace se podía haber evitado", ha señalado. Serrada afirma que "estas son circunstancias que uno nunca puede prever" pero incide en que "las circunstancias en que se generó ese centro, como empezó el funcionamiento con graves carencias y como se está gestionando" dejan ver que "no está dando buen resultado". "Es un hecho que nadie quiere que ocurra pero el ministerio debe dar explicaciones", ha apostillado.

Compromís también ha pedido explicaciones al ministro del Interior y, en un comunicado, el diputado Enric Bataller destaca que ya exigió respuestas al Ministerio del Interior por la "habilitación irregular" de la cárcel malagueña como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Enric Bataller señala que colectivos por los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos de funcionarios de prisiones y partidos políticos llevan desde noviembre alertando de las "irregularidades de internar en esta prisión a más de 450 personas que llegaron el mes pasado a las costas de Murcia".

Añade que "el interno se ha ahorcado esta mañana después de pasar encerrado 39 días en Archidona" y recuerda que "ante las constantes denuncias Interior salió al paso destacando que la cárcel estaba equipada con campos deportivos, aulas y peluquería". El diputado de Compromís lamenta el "terrible suceso" e insta al Gobierno a paralizar todas las devoluciones y a abrir una investigación para aclarar las causas de lo ocurrido.

"Lo que ha pasado hoy pone de relieve la necesidad de cerrar todos los CIE y debería servir para que Zoido reflexione sobre su intención de abrir tres nuevos centros, como anunció el pasado mes de abril", asegura el parlamentario.