El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) ha hecho públicas sus recomendaciones a España en cuanto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un instrumento internacional ratificado por España hace 41 años.

En su informe, el Comité valora positivamente que la recesión económica haya sido superada y que el Gobierno haya adoptado medidas y políticas que "muestran su compromiso con los derechos económicos, sociales y culturales". Sin embargo, también muestra su preocupación ante el impacto que han tenido las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno durante los años de la crisis económica en derechos básicos como el de la vivienda o la salud, entre otros muchos.

En concreto, el comité afea que esas medidas hayan "perjudicado el disfrute del derecho a una vivienda adecuada", particularmente de personas y grupos más desfavorecidos y marginados. Critica "el número insuficiente de vivienda social", y el elevado precio de la vivienda, además del "número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar".

Por ello, recomienda al Gobierno que destine recursos suficientes para ampliar el parque público de vivienda, que regule el mercado privado para evitar los precios desorbitados y que revise su legislación sobre alquileres para proteger a los inquilinos, entre otras medidas.

En cuanto a los desahucios, el Comité critica la "ausencia de un marco legislativo adecuado" que determine las garantías legales y procesales de las personas afectadas. Se trata de una carencia que ya señaló en su última batería de recomendaciones y que, al parecer, España no ha desarrollado. Por ello pide al Gobierno que establezca por ley los requisitos y procedimientos adecuados para ejecutar desahucios o desalojos forzados, siempre basado en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Exige que las personas afectadas "tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada" y que adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una "coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales".

"Desde Amnistía Internacional hemos señalado en numerosas ocasiones la ausencia de ese marco legislativo adecuado, en un contexto en el que entre 2013 y 2017 se han producido en España 312.361 desalojos. Seguir como hasta ahora, sin legislación ni cauces procesales que protejan el derecho a la vivienda, es una clara vulneración de derechos humanos”, lamenta Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre estos derechos en Amnistía Internacional, que estuvo recientemente en Ginebra durante el período de examen sobre España de este comité de la Naciones Unidas.

Críticas a la exclusión sanitaria de personas migrantes

En cuanto al derecho a la salud, el Comité señala el "efecto regresivo" e que ha tenido el Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril de 2012, que "limita el acceso a servicios de salud a los migrantes en situación irregular". Según las conclusiones del comité, se ha producido "una degradación en la calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre las Comunidades Autónomas", al tiempo que lamenta que no se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva sobre el impacto de la medida.

"Naciones Unidas exige la universalidad del derecho a la salud, que se ha visto menoscabado en España en los últimos seis años de vigencia de este Real Decreto", afirma Mendiola