“El modelo es ineficaz, no cumple sus propias normativas y objetivos y no termina de ser respetuoso con los derechos de las personas migrantes”. Existe un consenso entre las asociaciones y ONG que se ocupan de los asuntos de las personas migrantes de que los Centros de Internamiento de Extranjeros tienen que cerrarse, por esas razones y otras. Hace un mes, la Consejería andaluza de Justicia asumió este planteamiento en una reunión del Foro por la Inmigración, un órgano oficial de participación, presidido por la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, en el que además de representantes de la administración autonómica, están también varias ONG y asociaciones y un representante del Gobierno central, quien no asistió.

El Ejecutivo andaluz hizo propio en ese encuentro un contundente informe elaborado por Andalucía Acoge y la Asociación Claver en el que se dice que la situación del CIE de Algeciras, el único que hay ahora en funcionamiento en la Comunidad, es “jurídica, social y moralmente insostenible”, se insta a su cierre y se rechaza la construcción de ningún nuevo centro. Las políticas de Extranjería son del Gobierno de España. La Junta de Andalucía no tiene competencias, pero el posicionamiento del Ejecutivo autonómico sí tiene valor político. Los planes del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, pasaban, según anunció en 2017, por edificar dos nuevos CIE en Andalucía, uno en Algeciras, que sustituya al que aún está en uso, y otro en Málaga. El de Málaga no lo quiere ningún partido de la ciudad, incluido el PP, que gobierna. Mientras que el de Algeciras, cuyo Ayuntamiento –también en manos del PP– sí colabora con el ministerio, está en tramitación.

“Durante los algo más de 30 años transcurridos desde su creación, los CIE se han venido distinguiendo por una clara falta de garantías de los derechos de los internos, careciendo de una normativa de régimen interno homogénea para todos, lo que ha abierto un amplio campo a la actuación discrecional en cada uno de ellos (cuando no a la arbitrariedad) tal como se ha venido reflejando en los autos judiciales relativos a diferentes CIE de España”, se afirma en el informe. El Ministerio del Interior sigue sin elaborar una normativa de régimen interno homogénea y garantista en todos y para todos los CIE, lamenta el Gobierno andaluz. “Ante este incumplimiento y el vacío que genera, son los jueces de control los que están dictando autos para resolver las deficiencias y vulneraciones constatadas en los CIE”, añade el Foro por la Inmigración.

En el último auto de la magistrada de control del CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa, el ministro Zoido fue advertido de posibles consecuencias penales si no ejecutaba una serie de mejoras en el centro, entre ellas, cosas tan básicas como luz natural en las habitaciones, eliminación de rejas, disponibilidad de teléfonos, mejoría en los tratamientos médicos y accesibilidad de las ONG. Era la tercera vez en dos años que la jueza reclamaba esas intervenciones.

El CIE de Algeciras se encuentra ubicado en el antiguo Centro Penitenciario de la Piñera, que fue clausurado en el año 2000 debido a las deficientes condiciones del edificio, aquejado de problemas de humedad. “Sobre esta precariedad ya se han pronunciado el Defensor del Pueblo, la Fiscalía del Estado y la jueza del control del CIE. Además de este centro, se están utilizando las instalaciones del de Tarifa como un anexo al de Algeciras, constituido como tal inicialmente para un uso provisional, funcionando como un CIE independiente, con una Dirección policial paralela a la del centro de Algeciras”, dice el informe. El propio alcalde de Algeciras, en un pleno municipal de julio de 2016, declaró “que el actual CIE es una auténtica vergüenza”.

La Junta también critica “la falta de transparencia de las actividades en estos centros por parte de la dirección de los mismos, con limitación de la presencia de ONG, de sus actuaciones con los internos y con deficiencias en la información sobre sus derechos, su adecuado asesoramiento jurídico o la presencia de traductores”.

Condiciones deplorables

“Los CIE, al ser centros de detención cerrados, se configuran como un sistema excesivamente estricto de detención, más próximo a un sistema penitenciario, contrario al espíritu de la propia Ley Orgánica de Extranjería, con unas condiciones de higiene y salubridad deplorables, como ya está sobradamente constatado en informes oficiales y autos judiciales y unos servicios médicos deficientes”, dice el documento del Foro Andaluz de la Inmigración.

El internamiento de personas inmigrantes en los CIE es una de las piezas clave de la política de inmigración en la Unión Europea y en España. En los últimos años, las ONG y distintas organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas, han incidido en poner sobra la mesa la necesidad de medidas alternativas al internamiento. Sin embargo, lo que le interesa a la UE es lograr que los retornos sean más eficaces. Las recomendaciones a los Estados miembros “suponen un retroceso en materia de protección de derechos fundamentales, endureciendo las condiciones y recomendando la agilización de las decisiones de retorno”, lamenta la Junta de Andalucía.

La consejería de Justicia es consciente de que en este momento no se va a producir el cierre de los CIE y propone, “mientras se alcanza ese objetivo final”, una serie de medidas que sirvan para paliar las carencias actuales y reduzcan el número de personas encerradas. Así, persigue abordar las siguientes situaciones:

-“Priorizar el retorno voluntario, es decir, un periodo de tiempo para que la persona pueda volver a su país”.

-“No internar a personas por mera estancia irregular”.

-“No internar a personas en situaciones de vulnerabilidad, ni a aquellas cuyo internamiento vulnerabiliza a sus familias”.

-“No internar personas con perspectivas razonables de obtener la regularización de su situación y/o con perspectivas razonables de estimación de los recursos contrarios a su reclusión”.

-“No internar a personas con bajas o nulas perspectivas de ser expulsadas”.

-“Aplicación más frecuente de medidas recogidas en la ley pero que no son tenidas en cuenta por la policía ni solicitadas a los Juzgados de Instrucción, que autorizan los internamientos: como la retirada del pasaporte o la comparecencia periódica en comisaría, la residencia obligatoria en determinado lugar o cualquier otra medida que el juez estime adecuada y suficiente”.

-“Medidas puestas en práctica en países como Bélgica o Alemania como los pisos tutelados por ONG e instituciones: serían recursos conocidos por la Policía y donde el juez debería otorgar el permiso de entrada. Mientras durase la situación irregular de la persona, el pasaporte estaría en Extranjería, pero sus condiciones serían muy distintas a las de la reclusión en un CIE. Estas personas no estarían privadas de libertad ambulatoria y mantendrían los derechos que muchas veces no se hacen efectivos en los CIE: acceso fácil a abogado, familiares y amigos, asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, vida más normalizada, que incluye, por ejemplo, no interrumpir los estudios”.

-“Diferentes sistemas de garantía, bien mediante la entrega de una suma de dinero (fianza), como coste económico en casos de incumplimiento o bien mediante la figura garante, es decir, la posibilidad de que una persona contraiga responsabilidades económicas en el caso de incumplimiento de la persona en situación irregular”.