“El padre tenía gestos con los jóvenes que íbamos a la parroquia como, por ejemplo, tocar los genitales. Y a veces, al acercarse para dar un beso, como se haría con un padre, él sacaba la lengua y la pasaba por la mejilla. También había un vocabulario ambiguo, como de contenido sexual latente o implícito”. Es una pequeña parte del relato que Eugenio de la Fuente, párroco del barrio Quinta Normal de Santiago, declaró ante el primer fiscal que instruyó el caso de Fernando Karadima, el influyente párroco condenado y recluido –no en una cárcel– por los abusos sexuales y de poder perpetrados mientras era párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del barrio de Providencia, más conocida como El Bosque.

De la Fuente, quien fue vicario de esta parroquia entre 2001 y 2009, es uno de los cinco sacerdotes que serán recibidos por el Papa Francisco en Roma del 1 al 3 de junio. Se trata de la segunda reunión que el Pontífice establece con las víctimas del ex sacerdote.

Han tenido que pasar 8 años y una polémica visita a Chile, donde no aterrizaba una autoridad papal desde 1987, para que la Iglesia Católica se hiciera cargo de aleccionar y sancionar a los cómplices de Karadima, condenado en 2010 tanto por la justicia ordinaria como por la eclesiástica y suspendido de por vida de sus funciones.

Contra los encubridores 

La caja de Pandora se abrió el pasado mes de enero, tras la visita del Papa al país suramericano, marcada por las protestas en contra de la presencia de los obispos encubridores en las ceremonias papales. Pero el episodio más controvertido de la estancia de Jorge Bergoglio fue cuando, preguntado por la situación del obispo de la diócesis de Osorno Juan Barros, quien ha sido señalado como testigo y conocedor de los abusos sexuales, el Papa respondió: “No hay una sola prueba en su contra, todo son calumnias”. Unas palabras que provocaron la indignación de las víctimas y duras críticas a la máxima autoridad religiosa que, aunque luego pidió perdón por sus dichos, reafirmó su apoyo a Barros.

Una semana después, Francisco anunciaba la apertura de una investigación sobre el caso que terminó con el reconocimiento público de su error: "He incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada", manifestó el Papa en una carta enviada a la Conferencia Episcopal chilena. "Ya desde ahora, pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente, en las próximas semanas", añadió. Y así fue: pocas semanas después el Pontífice recibió por primera vez a las víctimas de Karadima en Roma.

Para la segunda reunión sobre el asunto fueron los obispos chilenos quienes llegaron al Vaticano. Bergoglio quería esclarecer las acusaciones de encubrimiento del obispo Barros. Fue después de este encuentro que, hace una semana, se produjo la histórica renuncia en bloque de todos los obispos del país.

Desprestigio social 

Mientras, en Chile, van saliendo a la luz nuevas denuncias de abusos sexuales –14 sacerdotes más fueron suspendidos esta semana– y la institución religiosa se hunde en una de sus peores crisis, el Papa tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de los obispos.

“Lo ocurrido sienta un precedente inusual: nunca se había visto un castigo a una Conferencia Episcopal en pleno, incluyendo los obispos eméritos, y que haya sido citada al Vaticano para recibir una reprimenda, un llamado al orden que se respondió con la puesta a disposición de los cargos”, explica el teólogo y académico chileno Álvaro Ramis. Según él, “el Vaticano está interviniendo la Iglesia chilena directamente desde Roma, bypaseando a los obispos”.

Para el sacerdote jesuita y activista Felipe Berríos, la caída de la Iglesia Católica en Chile “es más fuerte en la medida que teníamos unos obispos de peso en la sociedad, más allá de la institución religiosa”.

En el último tiempo, la desconfianza social y el desprestigio de la jerarquía eclesiástica se ha puesto de manifiesto no sólo en el debate público, sino también en la política. Esta semana un grupo de diputados ha impulsado un proyecto de ley para terminar con los beneficios judiciales de los que gozan los obispos, entre los que se encuentra el fuero judicial que los exime de comparecer ante los tribunales civiles, sea como testigo o para confesar.

Otra iniciativa ha sido promovida por la coalición de izquierdas del Frente Amplio y busca derogar una ley que, en 2006, entregó la nacionalidad chilena “por gracia y autoridad eclesiástica” al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, de origen italiano. Los parlamentarios lo acusan de hacer lobby para detener la nominación de Felipe Berríos como capellán de La Moneda, insultar a las personas trans y desconocer los encubrimientos de abusos.

El desafío de la Iglesia 

Tras el escándalo chileno, el Papa se enfrenta a un desafío enorme que probablemente hace que hoy sea blanco de fuertes presiones de las figuras más poderosas de su entorno. “Seguramente un tercio de la Conferencia Episcopal será renovado”, pronostica Ramis. En su opinión, el viaje a Roma que próximamente llevarán a cabo los sacerdotes víctimas de Karadima servirá para recoger información de la red del entorno del condenado. Sin embargo, el gran reto pasa por llevar a cabo una renovación eclesial que garantice que no se repetirán los mismos errores. “El Papa no tiene suficientes cuadros eclesiásticos que estén en su misma línea porque quienes la asumieron fueron removidos a espacios secundarios en los 80 y no han tenido experiencia de gobierno. El resto está formado en una tradición conservadora que se cuadra con las prácticas que se quieren suprimir”, sostiene el teólogo.

El remezón que Francisco ha provocado en Chile contrasta con la pasividad con la que el Vaticano ha tomado otros casos de abusos y pedofilia en otros lugares del mundo. Una reacción que, según Felipe Berríos, en parte podría ser porque sus personas de confianza en Chile “le tergiversaron la realidad y no tuvo donde apoyarse, por lo tanto, se fue con las víctimas”. Pero también, según Ramis, porque el Papa instaló en el país suramericano una especie de “laboratorio” motivado por una opinión pública que apoya a los cambios, que el tamaño de la institución eclesiástica los permite y que existe un colectivo formado con una tradición distinta, más social, “que hoy es muy valorada y con la que se podría intervenir”.

Sea como sea, la sacudida que ha sufrido el clero chileno probablemente ha despertado las alertas en muchas diócesis a nivel global. “El Vaticano se legitima a costo de descabezar la Iglesia chilena en beneficio de la Iglesia mundial”, concluye Ramis. Berríos lo redondea: “Chile muestra afuera el desafío de la Iglesia: cambiar un estilo verticalista que se presta para el abuso sexual y de poder, por otro más sencillo, cercano a la gente y que incorpore a las mujeres en las jerarquías”.