A falta de una versión oficial, la filtración de varias pruebas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU) detectada por la Universidad de Extremadura ha provocado que unos 4.500 estudiantes extremeños tengan que repetir los exámenes. Tras el encierro de un grupo de alumnos en el rectorado de la UEx en Badajoz, el vicerrector de Estudiantes, Ciro Pérez, y el presidente del Tribunal de Selectividad, Javier Benítez, presentaron este lunes su dimisión "al asumir sus responsabilidades políticas".

El daño ya está hecho, y ¿ahora qué? La UEx, como órgano público, debe asumir los perjuicios económicos causados tanto por las autoridades y personal como por la actividad que resulte de esta institución. "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley", recoge el artículo 32 de la ley del régimen jurídico del sector público. 

En este sentido, los estudiantes pueden presentar una queja o reclamación en la Universidad de Extremadura. De acuerdo al Reglamento del Defensor Universitario, se pueden hacer de dos formas: en papel común firmadas por el interesado o mediante una solicitud online. En ambos casos, el plazo máximo, contado a partir del momento que el alumno tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma, es de un año.

Asimismo, la UEx ya ha confirmado que se hará cargo de los gastos originados a los estudiantes que residan fuera de las ciudades donde se realicen las pruebas, tales como desplazamiento, alojamiento, manutención y otros gastos legalmente procedentes, para lo que ha habilitado un procedimiento de responsabilidad patrimonial visible en su página web.

No obstante, la universidad asegura que, de manera legal, no puede devolver las tasas de la EBAU, pero habilita un apartado en su página web para que cualquier perjudicado pueda exigir que pague los gastos directamente relacionados con la repetición del examen.