En un lento goteo que se prolonga desde mediados de abril, la empresa iDental ha cerrado sin previo aviso las 24 clínicas odontológicas que tenía abiertas en toda España. En Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Albacete, Gijón y otras ciudades españolas miles de pacientes se han quedado sin tratamiento bucodental —o les han dejado a medias—, lo que según diferentes Colegios de Odontólogos puede causar un problema de salud pública. 

Facua, asociación de consumidores, ha creado una plataforma de afectados ante la avalancha de denuncias que están realizando los clientes afectados por el cierre de esta cadena de clínicas dentales. A finales del año 2017 las clínicas iDental, "de bajo coste", y presentes en 22 provincias de España, habían recibido, según información del Gobierno, casi 1.500 reclamaciones en seis comunidades autónomas, de las diez en la que estaba presente. 

Al cierre definitivo de esta cadena de clínicas dentales, hay que añadir diversas irregularidades: mala praxis, una defectuosa prestación de los servicios, la falta de atención adecuada y, en algunos casos, los aplazamientos y las anulaciones de citas. Muchos de los damnificados indican que se han quedado con sus tratamientos interrumpidos o sin empezar, después de haber dado una cantidad de dinero directamente o previamente a través de una financiera.

Los afectados se cuentan por miles. Sólo en Valencia llegan a los 20.000, según el diario El Mundo. En Catalunya, la Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha recibido más de 600 reclamaciones, al tiempo que los Mossos d'Esquadra tramitan más de 350 denuncias por estafa. 

Aprovechando este caso, Facua ha pedido a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, cambios legales que regulen los centros sanitarios privados para proteger a los usuarios con un seguro de responsabilidad civil frente a los cierres de las clínicas dentales.

FACUA ha advertido de que las leyes que regulan las clínicas dentales, el Real Decreto 1594/1994 y los desarrollos autonómicos, resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios y reclama a Montón y las autoridades autonómicas una actualización de las mismas.

Ponen de manifiesto que debe exigirse a las clínicas como requisito de apertura un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de cierre, además de la necesidad de una normativa que regule estos centros sanitarios privados.