La conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana ha inmovilizado 490,6 toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, chorizo, salami y salchichón de varios establecimientos y ha procedido a la suspensión de la actividad de cinco empresas dedicadas a la manipulación de productos cárnicos. Asimismo, la trama de venta de jamones caducados ha llevado también al decomiso y a la destrucción de más de 275.000 kilos de productos cárnicos en mal estado hallados en Extremadura.

Estas actuaciones se derivan de las inspecciones realizadas tras el descubrimiento de una empresa clandestina de jamones y productos cárnicos en Alzira en la que se inmovilizaron este lunes cerca de cien toneladas de productos y que también supuso la inmovilización de 15.000 jamones y 160 boxes de cartón que a su vez contenían de 140 a 180 piezas de jamón y paleta curada de esta mercantil en Boicarent y que supuso la suspensión de actividad de ambas.

Asimismo se han retirado más de 4.302,76 Kg de productos cárnicos loncheados y 363 piezas de jamón y paleta en establecimientos de la cadena Family Cash y alrededor de 20.000 unidades de distintos productos cárnicos loncheados (7.358,25 Kg) de la cadena KUUPS, que ha colaborado activamente en la retirada de los productos de sus establecimientos de venta, según la Generalitat.

Las marcas comercializadas cuyos productos se están retirando del mercado corresponden a Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita.

La conselleria de Sanidad ha recomendado a los consumidores que pudieran tener productos cárnicos curados de estas marcas en sus hogares, que se abstengan de consumirlos.

Además ha indicado que se sigue trabajando coordinadamente con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo en el marco de la alerta alimentaria notificada el día 18 de junio de 2018.

La trama arrancó en Extremadura

La trama de venta de jamones caducados que ha afectado a varias comunidades autónomas arrancó en mayo de 2017 en una empresa cacereña de Malpartida de Plasencia y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales lo puso en conocimiento de la Fiscalía en septiembre.

Según ha informado la Fiscalía de Badajoz, en mayo de 2017 el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y veterinarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) acudieron a la empresa junto a un letrado de la Administración de Justicia, en una actuación autorizada por el Juzgado.

Tras el examen se acordó el decomiso y destrucción de 49.471 kilogramos de productos cárnicos, 31 jamones y dos paletas de cerdo al presentar "putrefacción" y pérdida de las características organolépticas exigidas para su comercialización.

Además, se acordó el decomiso y destrucción de otros 48.519 kilogramos de productos cárnicos por presentar caducidad y pérdida de las características organolépticas y falta de trazabilidad exigidas para su comercialización.

Por otra parte, se inmovilizaron 21.927 kilogramos de productos cárnicos hasta que la empresa acreditase la trazabilidad comercial de los alimentos, en los que, en muchos casos, faltaba el correspondiente etiquetado.

Junto a ello, se acreditó la trazabilidad de 12.887 kilos por lo que se acordó su posterior liberación al mercado,

Se comprobó que los productos provenían de diversas empresas relacionadas con esta compañía, con sedes en Oliva de la Frontera e Higuera la Real, localidades de la provincia de Badajoz.

Ello motivó la intervención del Seprona y los veterinarios del SES en estas dos empresas, en agosto de 2017.

En ellas se inmovilizaron 177.000 kilogramos de productos para su destrucción y se permitió la salida de otros 75.000, aptos para el consumo.

Las investigaciones las lleva el juzgado de Instrucción de Fregenal de la Sierra (Badajoz). "Es preciso e importante significar que las actuaciones se centran en estas específicas y concretas partidas, sin que conste en este momento ninguna intervención más, ni la existencia de ningún género cárnico en mal estado que proceda o esté ubicado en las referidas zonas de Malpartida de Plasencia, Oliva de la Frontera o Higuera la Real", ha aclarado la Fiscalía.

Las actuaciones continúan en fase de instrucción hasta su completa finalización, que por el momento "no es cercana ante la práctica de diversas diligencias", han precisado las mismas fuentes.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha informado este viernes de que el 29 de septiembre puso el asunto en manos de la Fiscalía ante la posible existencia de al menos un delito contra la salud pública.