El gasto social de las Comunidades Autónomas en Sanidad, Educación y Servicios Sociales alcanzó los 108.596 millones de euros en 2017, 8.255 millones menos que antes de los recortes aplicados como consecuencia de la crisis económica, según advierte la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Según precisan, en 2013 se registró el nivel más bajo en cuanto a gasto en estos servicios en el conjunto de las Comunidades Autónomas, con algo menos de 100.000 millones de euros y, desde esa fecha hasta 2017, se ha recuperado "paulatinamente", registrando un incremento del 8,6% hasta alcanzar los 108.596 millones de euros.

Si bien, advierten de que dicho "esfuerzo" es "todavía insuficiente para alcanzar los niveles en el inicio de la crisis". En concreto, señalan que el gasto social por habitante en 2017 fue de 2.343 euros, un 7,6% menos que en 2009, con 2.535 euros. Además, el porcentaje del presupuesto destinado a protección social, que en 2009 era del 69,9%, en 2017 ha sido 8,5 puntos menos (61,4%).

Los directores y gerentes de servicios sociales señalan que "se perfila un gasto en deuda creciente hasta 2014, una drástica reducción del resto de políticas de gasto y una severa contención del gasto social". Este dibujo, añaden, es "el que se repite en la totalidad de los territorios, si bien hay algunos en los que el recorte del gasto social fue más drástico que en otras al igual que la recuperación del mismo no está teniendo el mismo ritmo".

En cualquier caso, destacan que el gasto en servicios sociales es el único que ha recuperado el nivel previo a los recortes, con un incremento del 4,6% en el gasto por habitante en 2017 con respecto a 2009.

Este aumento lo atribuyen a "la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009, y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis, lo que supuso un incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción". Si bien, señalan que este ha sido, "a todas luces, insuficiente si se atiende a los datos de incremento de la pobreza".

En cuanto a los frenos que impiden recuperar el gasto en políticas sociales, desde la asociación apuntan a "la deuda contraída y sus costes como una de las más indeseables herencias de la crisis". En concreto, precisan que la deuda viva total de las administraciones autonómicas se incrementó entre 2008 y 2017 un 287% pasando de 74.500 millones de euros a 290.000 millones de euros.

"Los recortes —apuntan— fueron más allá de lo necesario y han sido fruto de la imposición especulativa de los acreedores y no de la racionalidad de la gestión pública".

Por comunidades autónomas, los directores y gerentes destacan que siete han conseguido superar en 2017 el gasto social por habitante que tenían en 2009: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Valencia. Por el contrario, dos comunidades acumulan una disminución "cercana al 20%" en su gasto social respecto a 2009: Castilla-La Mancha y Catalunya.

Así, precisan que la gestión de la crisis no ha sido igual en todas ellas. En concreto, señalan a Castilla-La Mancha como "paradigma de los recortes más brutales entre 2011 y 2016" o a Catalunya como "ejemplo de mantenimiento de un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios esenciales".

Atendiendo al gasto por habitante, también observan diferencias interterritoriales "importantes" en el gasto social pues en el País Vasco y Navarra superan los 3.000 euros anuales, mientras que en las comunidades de Régimen Común, esta cifra oscila entre los 2.000 y los 2.500 euros. Comunidades como Asturias, Castilla y León o Murcia, según precisan, dedican "más de las dos terceras partes de su presupuesto a gasto social, mientras que otras no llegan al 60%".