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Fuentes de la CIG aseguran que el suceso “muestra la realidad más dura de los recortes” aplicados por la Xunta de Feijóo a la sanidad gallega. EFE/Archivo

Sucesos La Xunta incumplió un acuerdo para dotar de más personal al centro de Pontevedra en el que murió un hombre sin asistencia médica

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Los colegios médicos acusan al Gobierno de Feijóo de no responder a sus propuestas para evitar que los centros de atención primaria queden desasistidos durante los meses de verano.

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El centro sanitario de la localidad pontevedresa de A Estrada donde murió un hombre el pasado sábado sin ser atendido porque el único médico del centro había salido a cubrir una urgencia, debía haber contado ese día con un refuerzo de la plantilla de sanitarios que impidiera que el ambulatorio quedara desasistido.

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Así lo asegura la Confederación Intersindical Galega (CIG), que asegura que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) habría incumplido un acuerdo para dotar de otra médico y de otra enfermera al ambulatorio durante los fines de semana del verano. La Xunta alega que no pudo contratar a ningún facultativo porque no había ninguno disponible.

José Manuel Brey Brea, de 65 años, acudió al punto de atención continuada (PAC) de A Estrada con fiebre alta y acompañado de su mujer y de una familiar. Les dijeron que no podría ser atendido hasta que regresaran la médico y la enfermera adscritos al centro, que habían salido a atender otro caso a domicilio.

José Manuel, invidente y quien además padecía párkinson, empezó a sentirse indispuesto e intentó vomitar, pero no pudo hacerlo y comenzó a ahogarse. El administrativo del PAC y otra enfermera, que por casualidad se encontraba entre los pacientes y acompañantes que aguardaban en la sala de espera, intentaron ayudarle, pero no pudieron hacer nada. Cuando los sanitarios del centro regresaron, ya había muerto.

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“Existía un acuerdo para reforzar el centro los fines de semana”, aseguran fuentes de la CIG, que añaden que el suceso “muestra la realidad más dura de los recortes” aplicados por la Xunta de Feijóo a la sanidad gallega y, especialmente, a los servicios de atención primaria. “Se pueden aplicar medidas de contención del gasto que no estén centradas solamente en reducir los costes de personal”, añade el sindicato.

La familia de José Manuel ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil como primer paso para iniciar una reclamación judicial contra el Sergas y tras recibir un informe preliminar de la autopsia del fallecido. En él se declara que su muerte lo fue “por asfixia por obstrucción de las vías respiratorias”. Según informaba ayer Galici@Press, ningún responsable del Gobierno de Feijóo se ha puesto en contacto con los familiares.

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La Consellería de Sanidade, de la que depende el Sergas y que dirige Jesús Vázquez Almuiña, admite que en el PAC de A Estrada sólo había el sábado una médico atendiéndolo, lo que atribuye a la falta de personal para cubrir las bajas por las vacaciones de agosto. Pero reconoce que el domingo sí había dos médicos en el centro. Esa medida, según indicaron a Público fuentes del Sergas “ya estaba prevista” y no se tomó a causa del suceso del sábado.

Ningún responsable del Gobierno de Feijóo se ha puesto en contacto con los familiares.

Lo cierto es que el Sergas también admite que muchos PAC de la comunidad sólo cuentan con un médico los fines de semana, por lo que también se quedan sin personal cuando hay que atender urgencias a domicilio o salidas por accidentes o emergencias. En el caso de A Estrada, un municipio del interior de Pontevedra ubicado a treinta kilómetros al sur de Santiago y adscrito al área sanitaria de Compostela, el PAC atiende a una población de más de 20.000 personas dispersas por varias parroquias en un territorio típico de la Galicia rural.

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El Consello de Colexios Médicos de Galicia hizo público hoy un comunicado en el que responsabiliza a la Xunta de la escasez de personal en los centros de atención primaria en los meses de verano y en el que acusa al Gobierno de Feijóo de no haber dado respuesta a las propuestas que han hecho los galenos para resolver el problema. También alertan de que casos como el de José Manuel Brey pueden repetirse en el futuro si no hay “cambios rápidos y contundentes en la política de recursos humanos que trasciendan las barreras administrativas, que nunca pueden estar por encima de las necesidades” de los ciudadanos.

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