Los tribunales dan otro revés a la venta masiva de vivienda pública de Madrid que el PP facilitó a los fondos de inversión durante la crisis económica. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid ha estimado un recurso colectivo que la Plataforma de Afectados/as por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) interpuso en 2013 contra la venta por parte del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales al fondo de inversión Encasa Cibeles, propiedad del fondo buitre Azora Gestión, vinculado del fondo estadounidense Goldman Sachs. Una macro venta por la que la empresa pública de la Comunidad de Madrid, entonces gobernada por Ignacio González (PP), ingresó unos 200 millones de euros a cambio de 32 promociones de viviendas públicas.

El juez, mediante sentencia del 3 de septiembre, da la razón a la PAVPS, que recurrió el caso de siete inquilinos de un bloque de viviendas de protección oficial de Leganés, que vieron de repente cómo su casero dejaba de ser una empresa pública de vivienda para pasar a manos de un fondo de inversión. El fallo anula y deja sin efecto alguno la resolución de la Dirección-Gerencia del IVIMA que dio luz verde a la adjudicación y enajenación de estas viviendas al fondo buitre y devuelve el contrato de arrendamiento de estos siete afectados a la agencia de vivienda pública de la Comunidad de Madrid.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Público, el juez reproduce y consolida los argumentos de otro varapalo judicial a esta operación, emitido el pasado 21 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso número 29 de Madrid. En esa ocasión, el recurso contra la venta de las 32 promociones de viviendas lo interpuso un inquilino de las viviendas públicas afectadas por la venta en Navalcarnero. Tras la operación, las condiciones de arrendamiento del inquilino cambiaron drásticamente, por lo que llevó el caso a los tribunales gracias al turno de oficio y, tras un tortuoso proceso judicial, el Tribunal Supremo consideró que los inquilinos podían impugnar la venta como parte afectada.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid vuelve a poner sobre la mesa que aquella enajenación de casi 3.000 viviendas públicas, la mayoría de ellas destinadas a alquileres sociales, no fue justificada de ninguna manera, que el antiguo IVIMA (ahora Instituto Social de la Vivienda de Madrid), tampoco justificó la "innecesariedad" de esas casas, como había alegado para poder venderlas al fondo buitre, y reconoce que la venta ha conllevado una "vulneración de los principios de protección a la familia, de protección a los menores y del derecho a una vivienda digna".

El equipo jurídico de la PAVPS ha celebrado el fallo en un comunicado en el que también afirma que "por fin se condolida el camino para que después de cinco años los inquilinos afectados por la venta de sus viviendas públicas a fondos buitres empiecen a obtener sentencias favorables que dictaminan que aquella venta fue totalmente irregular, y que las viviendas vendidas a fondos buitre deben volver a ser públicas".

En declaraciones a Público, Alejandra Jacinto, una de las abogadas, ha explicado que este es sólo uno de los diferentes recursos colectivos que la PAVPS interpuso tras conocerse la venta de los pisos. Quedan pendientes de resolver otros dos recursos idénticos en Vallecas, otro en Parla y alguno más a nivel individual. "Después de mucho tiempo, el Tribunal Supremo permitió que los inquilinos se personasen como afectados, algo que los tribunales superiores de justicia estaban denegando. Ahora, los tribuales de lo contencioso pueden entrar al fondo de este asunto y están diciendo que aquella operación fue irregular y la están anulando en cada caso", detalla la letrada.

Contra este fallo cabe recurso tanto por parte de la Comunidad de Madrid como del fondo buitre Encasa Cibeles (Azora). En una entrevista reciente en El País, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, reconoció que aquella operación "estuvo mal", que fue "un error de su partido" y que "no se iba a volver a repetir", aunque no mencionó si iba a revertir la venta. "No sería muy consecuente que el presidente diga eso y después recurra esta decisión judicial", remarca la abogada del colectivo afectado; aunque la Comunidad de Madrid ya recurrió el primer fallo judicial, en el que se apoya este.

Estas sentencias, explica Jacinto, no garantizan la anulación de toda la operación, por lo que el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), junto a un grupo de 140 vecinos afectados, registraron el pasado julio una solicitud formal de revisión de oficio ante la Comunidad de Madrid. En ella piden al Gobierno de Garrido, el que fuera número de dos de Cristina Cifuentes, que estudie el caso, revierta la venta y devuelva las viviendas al patrimonio público, siguiendo los cauces que lo posibilitan. Si no lo hace, los afectados podrían llevar su inacción ante los tribunales.