La justicia de Bélgica dio este lunes un nuevo varapalo al sistema judicial español con su rechazo a extraditar a España al rapero Valtònyc para que cumpla la condena de tres años y medio por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas por el que está condenado en firme. El juez belga alegó tres argumentos, según fuentes jurídicas de la defensa del rapero. Por un lado, los hechos por los que está acusado no constituyen un delito de terrorismo; por otro, no son constitutivos de ningún delito en Bélgica; y, por último, el juez defiende su posición basándose en el derecho a la libertad de expresión. 

La decisión del tribunal belga vuelve a situar a España y su concepción de la libertad de expresión frente a los estándares europeos. Para Bélgica, Valtònyc no cometió ningún delito, pero en España está condenado a tres años y medio de prisión. No es el único caso. En 2017, las sentencias por enaltecimiento se habían multiplicado por cuatro desde que ETA dejó de matar en 2011. En otras ocasiones, ha sido el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha corregido al sistema judicial español para decir, hasta en dos ocasiones, que el delito de injurias a la Corona no es compatible con el espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué sucede con la justicia española? ¿Tenemos un problema con la libertad de expresión? 

Desde la Audiencia Nacional, fuentes jurídicas responden a Público que sí, que la sentencia de Bruselas evidencia que "parte de la Justicia española tiene un problema con la libertad de expresión". El problema, inciden estas fuentes, es doble. Por un lado, por la interpretación que los tribunales hacen de los delitos de opinión sin entrar a valorar correctamente el derecho fundamental a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, básico en una democracia. Por otro lado, por la redacción tan ambigua e inexacta de tipos penales como el de enaltecimiento, que permite castigar opiniones que no suponen un riesgo real para la población y por la sobreprotección que ofrece el Código Penal al monarca con el delito de injurias a la Corona. 

"El tipo penal de las injurias a la Corona ha sido siempre un problema en este país. En una democracia las autoridades tienen que estar más expuestas a la crítica y aquí, en cambio, están más sobreprotegidas. Es un problema que España tiene por su pasado autoritario y ahí está la jurisprudencia del TEDH, que debería haberlo solucionado, pero parece que ser que hay jueces que le dan poca importancia a sus sentencias", señalan desde la Audiencia Nacional. 

¿Derogar el enaltecimiento y las injurias a la Corona?

En este sentido,el jurista Joaquín Urias, exletrado del Tribunal Constitucional, señala que la solución pasa por derogar el delito de injurias a la Corona, ya que el TEDH ha señalado en varias ocasiones que es incompatible con el espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y el delito de enaltecimiento ya que, tal y como está siendo aplicado por los tribunales, supone "un delito que castiga una posición ideológica". 

"El mensaje que nos manda Bruselas es que no podemos tener delitos en nuestro Código Penal que persigan excesivamente la expresión de opiniones. España, en este punto, se sale del paradigma europeo. Tenemos tipos penales, como las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo, que castigan la mera expresión de una idea sin ninguna capacidad para incidir en la realidad", explica a Público el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias, quien ya pidió desde estas páginas la derogación de los delitos de enaltecimiento e injurias cuando el Supremo confirmó la sentencia contra Valtonyc. 

El jurista Urias, no obstante, no ha sido el único letrado que ha pedido la derogación de estos artículos. La propia Amnistía Internacional instó al Ejecutivo a "derogar el artículo 578 del Código Penal", que persigue el enaltecimiento terrorista, el pasado mes de marzo en su informe 'Tuitea... si te atreves'. "Las autoridades vienen utilizando el artículo 578 (enaltecimiento del terrorismo) para reprimir las expresiones de índole política, sobre todo en redes sociales, y a la comunidad artística del país", denunció entonces Amnistía.

Antes de Amnistía, en julio de 2017, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ya había alertado de los riesgos para la libertad de expresión que suponía la interpretación que la Justicia española estaba realizando de este artículo, sobre todo tras su reforma en julio de 2015, por lo que instaba al Gobierno y a los diferentes partidos políticos a su derogación.  

La solución: una reforma del Código Penal

La abogada Anaïs Franquesa, directora de litigio del Centro para la defensa de los derechos Humanos (Iridia), señala que es necesaria una "reforma urgente" del Código Penal. "La libertad de expresión es un pilar fundamental en cualquier  sociedad democrática y esa libertad protege no solo aquella critica u opinión cómoda y agradable sino, y sobre todo, la crítica que es desagradable e incluso ofensiva. Ese es el punto de partida. A partir de ahí solo en casos muy concretos y de forma muy determinada se puede restringir esa libertad", defiende Franquesa, que a partir de esta reflexión señala que "el delito de injurias a la Corona no debería existir".

"La persona del rey está protegida como cualquier otro ciudadano por el derecho al honor. Pero en España además hay un delito de injurias a la Corona que protege a la institución monárquica. En una sociedad democrática es sano que se critique a las instituciones y esta crítica, como nos ha dicho el TEDH, a veces es desagradable y ofensiva", señala Franquesa. 

Respecto al delito de enaltecimiento del terrorismo, Franquesa señala que hay que "cuestionarse su utilidad de una lógica político criminal" ya que en la actualidad "está sirviendo, sobre todo, para restringir la libertad de expresión" y "no para evitar ni prevenir el terrorismo". En este sentido, Franquesa señala que este delito debería acotarse, al menos, "a aquellos casos en los que hay riesgo real y directo del uso de la violencia". 

PP, PSOE y Cs votaron a favor de las injurias a la Corona

El debate sobre la derogación o permanencia en el Código Penal del delito de injurias a la Corona llegó al Congreso el pasado mes de marzo de la mano de ERC tras la sentencia del TEDH que establecía que "quemar imágenes del monarca" se encuadraba dentro de la libertad de expresión. Esa misma sentencia recordaba al Estado español que el delito de injurias a la Corona tenía un difícil encaje con el espíritu del Convenio de Derechos Humanos. 

Sin embargo, tanto Partido Popular, entonces en el Gobierno, como PSOE y Ciudadanos rechazaron la derogación de este artículo. La propuesta de ERC, que también incluía despenalizar las injurias a España, contó únicamente con el respaldo de Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu. 

La propuesta de Izquierda Unida

Apenas tres días después del mencionado debate, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, registró en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para reformar el Código Penal con el objetivo de mejorar "la protección de la libertad de expresión".

La propuesta de Izquierda Unida recoge derogar los delitos de injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo, ultraje a España y el escarnio de los sentimientos religiosos. Asimismo, también promueve una reforma de los delitos de odio que permita acotar la ambigua redacción actual y que incluye una modificación de las penas como la introducción de"trabajos en beneficio de la comunidad". 

La propuesta de Izquierda Unida, integrada dentro del grupo confederal de Unidos Podemos en el Congreso, será debatida, previsiblemente, el próximo mes de octubre en el Pleno de la cámara baja. Los partidos tendrán una nueva oportunidad de decidir el papel que quieren que juegue la libertad de expresión en la democracia española.